El pasado jueves, 15 de october 2009, a partir de las 5 de la tarde, se llevó a cabo una protesta frente a las oficinas de Puerto Rico Federal Affairs Administration (PRFAA) en el 135 Oeste de la Calle 50 entre las 6ta y 7ma avenida, en Nueva York. Líderes laborales convocaron esta manifestación en sintonía con el Paro Nacional en la isla en contra de los despidos masivos bajo la administración de Luis Fortuño.
Haciéndole frente a la lluvia, el viento y el frío, aproximadamente 200 personas se vinieron a este lugar para demostrar su apoyo con sus hermanos en Puerto Rico. Norma Pérez, del grupo Red de Apoyo a los Trabajadores en Puerto Rico (grupo compuesto por organizaciones políticas, comunitarias, estudiantiles, religiosas y cívicas), indicó que los despidos constituyen ". . . una barbaridad social y económica que sólo servirá para agudizar la crisis, incrementando los procesos de privatización de servicios básicos".
Pérez, maestra que vive y trabaja en Nueva York añadió que "en las pasadas décadas las administraciones de los gobiernos de Puerto Rico han contribuido a la crisis presente al no tener un plan concreto que atendiera los cambios mundiales y a la falta de poderes del sistema colonial".
En Puerto Rico, en desafío a las últimas acciones del gobierno que, bajo los dictados de Homeland Security, ha designado manifestantes como terroristas, 200.000 personas acudieron a la manifestación celebrada en San Juan; los trabajadores se organizaron en protesta contra los despidos de más de 25 mil empleados públicos que la administración del gobernador, Luis Fortuño ha realizado desde que tomó posesión en enero pasado. Adicionalmente, a finales de septiembre, Fortuño nunció que despediría a 10,000 trabajadores del sector público para el mes de noviembre. No obstante, según los sindicalistas, ese número podría llegar a 17,000 debido a la Ley Pública 7, que declara a la isla en estado de emergencia fiscal y establece un plan para estabilizar la economía y salvar el crédito de Puerto Rico.
Hiram Rivera, líder del Partido Nacionalista en Nueva York, argumentó que esto empeora cuando existe un "miedo a imponer impuestos a corporaciones foráneas". Los manifestantes han denunciado en boletines comunitarios entregados en barrios puertorriqueños de la ciudad que "en el 2008 las corporaciones extranjeras, que en muchos casos no pagan impuestos, se llevaron de Puerto Rico $33 mil millones de ganancias fuera del país, hacia los Estados Unidos, donde se les exime de más impuestos". Esto fue enfatizado, en Puerto Rico, por el ex-candidato a gobernador, doctor en economía, Edwin Irizarry Mora, en su respuesta a las alegaciones del gobernador Fortuño de que su administración había agotado todas las alternativas antes de recurrir a despedir empleados públicos. Dijo Irizarry, "Hay alternativas que hemos propuesto, como el cobro de contribuciones a compañías extranjeras."
Fue un detalle de la Ley de Incentivos Industrials de 1947 del programa Operación Manos a la Obra - fruto de la administración del gobernador Luis Muñoz Marín cuyo enfoque principal era atraer capital extranjero, para desarrollar fábricas en Puerto Rico - que estableció que las empresas extranjeras fueron exentadas de pagar impuestos por los primeros diez años de operación en la Isla, las corporaciones no tendrían que pagar impuestos por las ganancias obtenidas. Este período de gracia se extendió luego a 25 años. El gobierno construyó las fábricas para, después, alquilarlas a las corporaciones. La mano de obra económica era un incentivo adicional. Los salarios pagados en Puerto Rico eran mucho más bajo que los que recibían los obreros estadounidenses. Al cumplirse los 25 años, las empresas extranjeras, en vez de comenzar a pagar impuestos, levantaron sus campamentos y se llevaron sus fábricas a otros países donde, de nuevo, les pagaban a sus trabajadores sueldos aún más bajo que los que habían estado pagando en Puerto Rico. Hoy día, aquellas empresas que decidieron quedarse aún están exentas de contribuciones - contribuciones que permitirían que el pueblo puertorriqueño no tenga que pagar las extravagancias de esta administración con la pérdida de trabajos.
Foto: PRFAA
