El primer de noviembre los abogados para los dos acusados restantes del famoso caso de los “Ocho de Los Ángeles” anunciaron un acuerdo con el departamento de Seguridad Patria por el cual todos proceso judiciales en contra de los dos palestinos terminarán, así poniendo fin a 20 años de persecución.

En 1987, el gobierno detuvo a los originales Ocho de Los Ángeles — 7 palestinos y un ciudadano de Kenia — incluyendo los últimos dos acusados, Michel Ibrahim Shehade y Khader Musa Hamide, e intentaron deportarlos por supuestas violaciones de la ley McCarran-Walter.

El FBI los estaba vigilando por varios años y no había podido encontrado nada que podía usar para formularles cargos criminales, por lo tanto el antiguo “Servicio de Inmigración y Naturalización” tomó papeles en el asunto y los intentaba deportar por sus opiniones y vinculaciones políticas. En aquel momento Shehade y Hamide eran residentes legales permanentes y los otros estaban aquí legalmente pero con visas temporales.

Según la ley McCarran-Walter, prestar apoyo al “comunismo” era causa suficiente para ser deportado si uno no era ciudadano, a pesar de que tal actividad era legal para ciudadanos estadounidenses. En el pasado, el gobierno había usado la ley para intentar deportar a inmigrantes que se creía tener vínculos izquierdistas, inclusive con el Partido Comunista de Estados Unidos.

La acusación específica en contra de los Ocho fue que habían repartido publicaciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), habían asistido a actividades en apoyo al FPLP, y habían ayudado a recaudar fondos para organizaciones de servicio social vinculados con dicho grupo. Ninguna de estas actividades violaba las leyes, cosa que el mismo gobierno reconoció.

Pero en 1989 los párrafos relevantes de la ley McCarran-Walter fueron declarados por las cortes federales de ser una violación de la Constitución, y en 1990, el Congreso los revocó, sustituyendo una prohibición de actividades terroristas. De modo que las leyes debajo de las cuales el gobierno pretendía deportar a los Ocho, ya no existían, aunque el gobierno tomó la posición que esto no afectaba casos que habían empezado antes.

El gobierno intentó deportarlos basado en apoyo material al terrorismo. Cada vez, el intento fracasaba en las cortes, y el gobierno empezaba de nuevo bajo otros estatutos, inclusive la ley AntiTerrorista de 1996 y la ley Patriota de 2001. Finalmente la campaña de persecución se enfocó en Shehade y Hamide, con el eventual abandono de la persecución de los otros seis, algunos de los cuales ya tienen su residencia permanente y otros en proceso de resolverlo.

El caso de los Ocho se convirtió en un enfoque central de las organizaciones defensores de libertades civiles y de la comunidad árabe en EEUU.

En enero de 2007 el juez de inmigración asignado al caso, Bruce Einhorn, terminó todo el proceso por la razón de que al gobierno le había tomado más de 9 meses para responder a una simple orden judicial de producir cualquier evidencia en su posición que podría servir como evidencia a favor de la inocencia de los acusados. Bajo las leyes estadounidenses, si el fiscal tiene evidencia de esta índole, tiene que compartirlo con el acusado y sus abogados. Pero el gobierno intentaba convencer al juez de que entregar tal evidencia representaba una amenaza para la seguridad nacional. Einhorn no se tragó eso, y falló que el intento de deportar a Shehade y Hamide debía terminarse, diciendo en su orden judicial, “El efecto del desafío de parte del gobierno a esta corte ha sido de perjudicar a los derechos de los acusados a una audiencia fundamentalmente justa”.

Luego los partidarios de los dos acusados se dirigieron al secretario de Seguridad Patria, Michael Chertoff, quien acordó dar de baja sus esfuerzos para deportar a Shehade y Hamide a cambio de que no iban a demandar al gobierno y que no solicitaría la ciudadanía norteamericana por tres años.

Esta resolución del caso fue alabado por los que luchan por los derechos civiles y por la comunidad árabe en EEUU. Pero hubo un tono de precaución también. El gobierno tenia la expectativa que el caso de los Ocho sirviera como un precedente para acciones de mano dura en contra de los no ciudadanos que apoyan a organizaciones en el extranjero que al gobierno no le guste.

El profesor de derecho David Cole de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., que fue uno de los principales abogados para los 8 bajo auspicio del Centro pro Derechos Constitucional, dijo a Nuestro Mundo que el gobierno no ha abandonado la idea de que los no ciudadanos (residentes legales permanentes u otros) no tienen los mismos derechos de libertad de expresión. Tampoco ha abandonado la idea de someter gente a juicio a base de evidencia secreta que el acusado y sus abogados no pueden ver. Cole nos dijo, “Nos encanta que el gobierno del presidente Bush haya tenido la inteligencia de dar de baja este caso, que jamás debe haber sido empezado para comenzar. Tomando en cuenta las amenazas de terrorismo que encaramos, no tiene sentido gastar los recursos del gobierno persiguiendo individuos que el gobierno siempre ha reconocido que no cometieron ningún acto criminal de cualquier índole. Ojalá que este caso le enseña al gobierno lo erróneo de proceder a base de “culpable por asociación” y definiciones demasiado amplias de ‘apoyo material’ a las organizaciones terroristas”.