PORTLAND, Oregon – Organizadores sindicales que creen que promover la sindicalización es difícil en EEUU deben escuchar a Juan Carlos Galvis. Galvis trabaja en una planta embotelladora de Coca-Cola en Barrancabermeja, Colombia, y vicepresidente de SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos), una unión laboral de unos 5.000 trabajadores. Como cientos de otros sindicalistas en Colombia, han tenido que resistir a amenazas a sus vidas y a los asaltantes armados.

Galvis se encontraba en Portland, Oregon, el 17 de octubre, como parte de una ronda publicitaria de un mes de duración en EEUU, patrocinada por los Obreros Siderúrgicos Unidos de Norteamérica (USWA - siglas en inglés) y el Fondo Internacional pro Derechos Laborales, con el propósito de levantar conciencias sobre las condiciones que viven los sindicalistas en Colombia.

Colombia, una nación de 41 millones de habitantes, casi dos veces el tamaño de Texas, ha sufrido cuatro décadas de guerra civil. Grupos guerrilleros izquierdistas controlan zonas del campo, mientras en muchas ciudades y una parte del campo, grupos paramilitares ultraderechistas aterrorizan a organizadores de uniones laborales, grupos pro derechos de la mujer, grupos estudiantiles, y otros con impunidad por parte de la policía y del ejercito.

Para los sindicalistas, es el país más peligroso del mundo. Entre las 213 personas asesinadas todo el mundo durante el año pasado por ser sindicalistas, 184 eran colombianos.

Información del departamento de Estado norteamericano responsabiliza a los paramilitares ultraderechistas por la gran mayoridad de los asesinatos, y casi ninguno de los asesinatos han resultado en cargos judiciales.

“Cuando los paramilitares hacen blanco a los sindicalistas, están de acuerdo con la política general del estado colombiano, que ve a los sindicalistas como subversivos”, dijo Dan Kovalik, abogado general asistente de los USWA, que lleva adelante un pleito judicial buscando declarar a Coca-Cola como responsable por la violencia contra sus trabajadores sindicalizados.

En 2001, Galvis comenzó a recibir llamadas por teléfono, amenazándole la vida si no renunciaría del sindicato de trabajadores. Luego, un motociclista paró en plena calle a la esposa de él, con el mensaje que a Galvis se le iba matar si seguiría hablando. Es una amenaza grave y sensible. Desde 1990, nueve dirigentes del sindicato de Galvis han sido asesinados, uno de ellos en la planta de Coca-Cola donde trabajaba en Carepa, en el noroeste de Colombia. En ese incidente, después del asesinato del dirigente, sus compañeros de trabajo fueron reunidos en la planta a punto de pistola, y ordenado a renunciar su membresía sindical o ser masacrados. Los paramilitares también quemaron a la sala del sindicato. Nadie ha sido arrestado en ninguno de estos crímenes.

Debido a la atención internacional y la presión proveniente de sindicatos Norteamericanos como el de los Siderúrgicos, el gobierno colombiano ha concedido a Galvis guardaespaldas temporales.

El 22 de agosto, estaba él en camino a su casa a mediodía cuando dos hombres en motos se acercaron a su auto, y abrieron fuego. Sus guardaespaldas respondieron con sus propias armas, y huyeron los atacantes. El día antes del discurso de Galvis en Pórtland, una miembro de un grupo de mujeres dirigido por su esposa fue asesinada.

Nada de eso, dice, le ha distraído de su misión. ¿Por qué sigue activo en el sindicato frente a tanto peligro? “Porque es una lucha justa,” responde el en español. “Porque queremos paz y justicia social; porque no podemos dejar a Colombia ser dominada por la violencia; porque amamos a la vida, y creemos que otra Colombia es posible, que otro mundo es posible.

Galvis dice que el subsidiario de Coca-Cola, Pan American Beverages, ha violado a la ley laboral Colombiana. Como trabajador de distribución, él gana 314 dólares al mes, y tiene 15 días de vacaciones por año. Hay contrato, pero dice Galvis que día por día en las plantas, los gerentes tratan de desanimar al sindicalismo. Y la compañía utiliza a trabajadores temporales para reducir los niveles salariales.

Galvis es el quejante principal en una queja civil judicial en el Tribunal Federal del Distrito, promovido por los Siderúrgicos y el Fondo Internacional pro Derechos Laborales. En el pleito, se busca responsabilizar a Coca-Cola y a dos de sus embotelladoras colombianas por el uso de paramilitares para fomentar la violencia antisindicalista. Un juez federal exculpó a Coca-Cola como responsable, pero está autorizando procedimientos judiciales en contra de sus subsidiarios colombianos.

El discurso en Portland fue presentado por el Comité Organizador Laboral Tras Fronteras, y Testigos por la Paz. Hay más información disponible sobre la campaña, en la www.killercoke.org.

La protección gubernamental para Galvis iba ser retirado el 30 de nov.

Reproducido con debido permiso, del número del 7 de nov. del Northwest Labor Press, www.nwlaborpress.org. Las palabras de Juan Carlos Galvis vienen retraducidos del inglés. Traducido por Owen Williamson.