El Parlamento Europeo lanzó un ataque sin precedencias contra las libertades civiles y derechos democráticos de los ciudadanos de los 25 países de la Unión Europea (UE), legalizando la intercepción de conversaciones telefónicas y correo electrónico bajo el pretexto de combatir el terrorismo.

La decisión del parlamento manda que todas las compañías telefónicas, proveedores de servicios del Internet, y otras empresas que proveen servicios de comunicación, mantengan archivos que incluya el número telefónico, nombre y apellido de la persona, origen y destino de la llamada de todas telefoneadas, mensajes de texto, mensajes multimedias, correos electrónicos y visitas a sitios en la red cibernética. Tambián requiere que se recopilen datos sobre “movimiento y posición” de los que hacen llamadas con teléfonos celulares – fecha, hora, tiempo que dura la llamada – aun en casos que nadie contesta.

Supuestamente no se va a grabar el contenido de las llamadas y mensajes. Sin embargo, la ley no dispone de ninguna evaluación independiente de los procederes y ninguna protección de seguridad para proteger a las libertades civiles. Además, los datos recopilados pueden ser entregados a las autoridades sin ordenes especiales de cateo.

En términos prácticos, esto significa que todas formas de comunicación en la UE de parte de individuos, organizaciones populares y partidos políticos, estarán bajo vigilancia constante.

Compañías de telecomunicaciones deben retener los datos por un plazo de entre 6 y 24 meses. Sin embargo, cada país puede extender estos plazos sin limitación alguna.

El colmo de todo es que el costo de esta retención masiva de datos será puesto sobre los hombros de los trabajadores de cada país, por medio de impuestos que pagan al gobierno.

La medida fue aprobada el 16 de diciembre tras un pacto entre el Consejo de Ministros de la Unión Europea y los dos mayores partidos en la UE, el conservador PPE-DE el Grupo Socialista. El voto fue de 378 en favor con 197 en contra. Treinta se abstuvieron.

El Reino Unido fue la fuerza principal en favor de la medida, tras los bombazos en la transportación pública de Londres en julio de 2005. Tomará apenas 18 meses para implementar la medida, un récord para implementar medidas que incluyen toda Europa.

El pretexto para la “urgencia y necesidad” de la medida — los ataques de 9-11 y de Londres — no es válida. Se había proyectado medidas semejantes desde 1995 en un acuerdo de Europol que estableció los fundamentos de una legilación que, en el nombre de combatir al terrorismo, iba a permitir que los autoridades pisotearan la las libertades civiles y derechos populares.

No obstante, la ley no estipula exactamente que constituye un “delito serio”. Una vez mas, la amenaza del terrorismo se está utilizando para justificar medidas drásticas que amenazan con abolir completemanete los derechos de los individuos, facilitando que el gobierno espie a cualquier persona u organización popular progresista, que actua o habla en contra del nuevo orden mundial del imperialismo.

El verdadero fin de la medida es de terrorizar e intimidar a la gente, para que tengan miedo de comunicar o visitar a un sitio “web” con contenido político para evitar de convertirse en “sospechosos”.

Crece rapidamente la indignación pública en Europa. Partidos progresistas y de izquierda, sindicatos, organizaciones de libertades civiles y gremios de abogados han salido a toda máquina declarando su oposición a la medida.

Hace falta es un movimiento poderoso de resistencia en contra de esta medida y otras parecidas. Queda claro que la situación que la clase gobernante de Europa con sus políticas anti-pueblo pretenden ereguir, no permite qe se protejan a las cosas sociales ganadas por las luchas de la clase trabajadora.

Laura Petricola (laurajopetricola@yahoo.com) es una escritora basada en Atenas, Grecia.