LA HABANA (Prensa Latina) – La bancarrota del gigante United Airlines (UAL), ante la imposibilidad de saldar sus millonarias deudas y como única vía factible para protegerse de sus acreedores, confirma que las aerolíneas estadounidenses aún viven sumergidas en su peor trauma económico.

Voceros de UAL, la segunda mayor compañía aérea de Estados Unidos, reconocieron que el grupo no tuvo más alternativa que acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras (Concordato), por no contar con el dinero suficiente para pagar sus débitos, de casi mil millones de dólares, y próximos a caducar.

Esa legislación posibilita que las empresas en bancarrota puedan seguir operando sin la obligación de cumplir sus compromisos financieros, aunque para ello deben garantizar a sus acreedores pagos inmediatos una vez restablecida su situación.

Acogerse a ese capítulo requiere de tiempo y dinero, y obliga a la compañía que lo solicita a informar periódica y detalladamente al juez de quiebras designado acerca del desenvolvimiento de las transacciones con sus acreedores.

El simple hecho de solicitar salvaguardarse bajo el manto del capítulo 11, puede representar un gasto de 800 mil dólares para la empresa.

Anteriormente la compañía había buscado desesperadamente el respaldo financiero del gobierno con vistas a conseguir préstamos por miles de millones de dólares que le permitieran oxigenar su resquebrajada situación monetaria.

La Junta de Estabilización del Transporte Aéreo del Departamento del Tesoro (ATSB) – entidad encargada de facilitar esa ayudas financieras – negó el pedido de UAL de mil 800 millones de dólares en préstamos privados, de los dos mil millones que necesita para seguir operando.

La ATSB es una entidad federal creada a raíz del colapso que sufrieron las aerolíneas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra instalaciones de Nueva York y Washington, con el objetivo de disminuir en lo posible el impacto del terrible drama en sus cuentas.

Sin embargo, UAL podrá seguir con sus operaciones en lo inmediato producto de una financiación de emergencia de mil 500 millones de dólares obtenida recientemente, pero – según los directivos – esto no es más que el inicio de un proceso de reestructuración que se perfila como un martirio.

“Mientras estemos bajo el Capítulo 11 continuaremos nuestros esfuerzos para reducir costos,” indicó el presidente de la aerolínea, Glenn Tilton.

Los trabajadores de UAL, salvo los del personal de limpieza, habían aceptado una reducción de cinco mil 200 millones de dólares de sus salarios por un lapso de cinco años y medio.

Un estudio reciente asegura que los grandes transportistas estadounidenses tendrían que reducir sus gastos en 18 mil 600 millones de dólares para lograr el nivel de rentabilidad de compañías de vuelos baratos como Southwest Airlines o JetBlue.

Ante esta situación, las aerolíneas reclaman ayuda del Estado, como única vía factible para salvar sus activos de los ávidos acreedores, además de una mayor participación estatal en los gastos de seguridad y una reducción de los impuestos sobre los pasajes aéreos.

No obstante, la administración de George W. Bush manifestó en su momento que no tenía ninguna declaración para efectuar en relación con el pedido de UAL de acogerse a la legislación sobre quiebras.

Al respecto, Ari Fleischer, portavoz de la presidencia, expresó durante una conferencia de prensa que “La Casa Blanca jamás comenta una quiebra en particular.”

Lo acontecido con UAL ilustra la crisis sin precedentes que afecta al sector desde que la economía del país entrara a principios de 2001 en franco estancamiento, agravada luego tras los sucesos del 11 de septiembre.

Esos acontecimientos colapsaron a casi todas las aerolíneas del mundo, en particular a las estadounidenses, ya que generaron una estrepitosa caída del tráfico aéreo y exorbitantes costos de operaciones.

Los especialistas opinan que la recuperación del sector no es previsible a corto ni mediano plazo, fundamentalmente debido a los riegos que supondría un conflicto bélico contra Iraq.

Una guerra con Bagdad significaría un enorme impacto sobre las aerolíneas, estimó recientemente el director ejecutivo de Continental Airlines, Gordon Bethune, quien solicitó al gobierno federal respaldo financiero para el sector “si hay una guerra.”

Desde los atentados del 11 de septiembre, muchos pasajeros en Estados Unidos ahora prefieren realizar sus viajes en automóvil o en tren para las distancias relativamente cortas, lo que ha provocado una despiadada guerra de precios entre las aerolíneas, incrementándose así la vulnerabilidad de sus anémicas finanzas.

Datos divulgados por fuentes especializadas dan cuenta de que las principales compañías aéreas estadounidenses registraron pérdidas en 2001 de siete mil 300 millones de dólares, y sólo la empresa de vuelos baratos Southwest Airlines obtuvo algún beneficio.

En los tres meses posteriores a los atentados, las ventas de las aerolíneas disminuyeron un 28 por ciento, provocando pérdidas por tres mil 300 millones de dólares.

Luego en el primer semestre de 2002, los números rojos ascendieron a tres mil 700 millones y la facturación se derrumbó un 16 por ciento, además de que retiraron de los cielos el 30 por ciento de sus aviones para dejar sin empleo a miles de sus trabajadores.

United Airlines, de más de 70 años, con base en Chicago y con alrededor de mil 800 vuelos diarios, sufrió – al igual que sus competidoras y rivales – considerables pérdidas económicas y financieras en los últimos dos años.

La aguda crisis que aún afronta el sector ha obligado a compañías como US Airways y otras menores a solicitar ante la corte de justicia la protección del código de quiebras para salvaguardar sus intereses.

Es la única manera, han reconocido públicamente las compañías aéreas, de protegerse de los sedientos acreedores e iniciar un profundo plan de reestructuración y saneamiento, que incluye miles de despidos.