José Padilla, un ciudadano estadounidense de padres puertorriqueños y un converso al Islam, fue declarado culpable por un jurado federal en Miami el 16 de agosto de tres cargos de conspiración y apoyo material al terrorismo. Es posible que el fallo sea apelado.

No obstante, el caso sigue siendo un elemento central de las acusaciones de que el gobierno de Bush se ha vuelto loca en sus ataques en contra del proceso judicial justo.

Padilla fue detenido en el aeropuerto O’Hare de Chicago el 8 de mayo de 2002. El motivo original cuando lo arrestaron fue que era un “testigo material” a los eventos que culminaron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pero un mes más tarde el entonces secretario de Justicia John Ashcroft anunció que Padilla era un operativo de Al Qaeda de gran importancia, asignado a detonar una bomba “sucia” (radioactiva) en una ciudad norteamericana. Más tarde, el gobierno dijo que Padilla planeaba volar en el aire edificios de apartamentos, usando gas natural, y que había estado en Afganistán con los máximos líderes de Al Qaeda en 2001.

La nación esperaba ansiosamente para que tales acusaciones se convirtieran en cargos oficiales, y por la evidencia que sin duda se iba a presentar en el juicio. Pero el gobierno, de inmediato, aseveró que tiene el derecho de encarcelar a Padilla en forma perpetua sin juicio y sin presentar evidencia por ser un “combatiente enemigo ilegal”. El gobierno dijo que derivaba tal autoridad de la legislación aprobada por el Congreso que autoriza que el gobierno tome cualquier acción que sea necesaria para tomar medidas en contra de las personas y los gobiernos responsables por el 11 de septiembre. De modo que Padilla, un ciudadano detenido en terreno estadounidense, quedaba como preso sin acusación formal y sin juicio, y al comienzo ni siquiera le permitían ver a sus parientes y sus abogados por dos años. Los abogados de Padilla han acusado al gobierno de haberlo sometido a tortura en la forma de bombardearlo con ruidos fuertes y calor extremo, de obligarlo a parar o sentarse en posiciones incomodas durante horas, y someterlo a aislamiento social y de los sentidos. Expertos de la defensa aseveraron que en hacer todo esto a Padilla, le han dañado su mente.

Los abogados de Padilla montaron un reto fuerte al gobierno, pero los resultados fueron mixtos. En 2005 el caso iba rumbo al Tribunal Supremo, que había indicado cierto escepticismo sobre las posiciones del gobierno en cuanto al poder sin límites. Así fue que en noviembre de 2005, el gobierno de repente hizo una acusación criminal formal en contra de Padilla, que tuvo el resultado que el Tribunal Supremo pusiera a un lado su considerar si la previa detención sin juicio fue legal o no.

Pero lo de las “bombas sucias”, de los apartamentos volados y de ser un instrumento de alto rango de Al Qaeda, se esfumaron completamente de las acusaciones en contra de Padilla. En lugar de eso, el gobierno acusó a Padilla y dos otras personas de conspiración de matar gente en Chechnia y Bosnia y de proporcionar ayuda material al terrorismo.

La evidencia en contra de Padilla fue poca, y consistía de una solicitud de participar en un campo de capacitación militar administrado por Al Qaeda que llevaba los huellas digitales de Padilla, más conversaciones telefónicas en las cuales se supone que el apoyo para el terrorismo fue discutido en “código”.

Los medios masivos y algunos académicos alabaron al fallo de “culpable” como un triunfo de la justicia que compruebe que no era necesario encarcelar a Padilla sin juicio para combatir al terrorismo, pero otros todavía están inquietos:

• El uso de cargos de “conspiración” sin evidencia alguna de actos criminales concretos pueden ser abusados fácilmente, como puede resultar de pláticas sueltas y un acto de llenar un expediente puede producir el resultado de una sentencia de cadena perpetua.

• Comunicación supuestamente en “código” en la cual el gobierno puede aseverar que palabras como “calabaza” o “berenjena” significan armas de destrucción masiva, tiene una historia triste desde los tiempos de Joseph McCarthy cuando el gobierno que palabras significaban cosas que el gobierno quería.

Pero el mayor problema con el caso Padilla es que a un ciudadano estadounidense lo arrestaron en territorio nacional y lo encarcelaron en condiciones terribles por cinco años sin haberlo encontrado culpable de ningún crimen alguno. Y el gobierno de George Bush dice que tenia que mantenerlo así en perpetuidad simplemente por haberlo declarado un “combatiente enemigo ilegal”, lo que constituye un ataque en contra al derecho de hábeas corpus. Y cuando de repente el gobierno lo acusó formalmente por cargos menores, evadió su responsabilidad por sus actos altaneros una vez más.