LA HABANA (Prensa Latina) – América Latina demuestra al mundo la necesidad de una concepción balanceada en la disminución de cultivos de materias primas que contemple no solo la erradicación física de plantíos, sino además la creación de programas alternativos.

La política antidrogas de la que todos hablan para eliminar el tráfico ha estado acompañada de su fracaso por la falta de apoyo dentro y fuera del escenario de los hechos.

Colombia, Perú y Bolivia son los tres mayores productores de cocaína del mundo y aunque han llevado adelante planes para la erradicación de los cultivos, en ocasiones cruentos por la violencia desplegada, los esfuerzos aun no se corresponden con las expectativas.

En este aspecto sería necesario examinar hasta que punto las estrategias gubernamentales han sido las idóneas, pues la política de los cultivos alternativos de fácil atención, sin grandes cuidados culturales ni insecticidas, se ha convertido en el Talón de Aquiles de esos esfuerzos.

Quizás por no llevarla a la práctica tal como esta concebida es que la aplicación de esta política ha resultado decepcionante, al extremo de que numerosos especialistas la consideran una utopia. Los campesinos no se sienten apoyados por los gobiernos y critican el incumplimiento de las promesas de ayuda de Washington.

A esto habrá que añadir que el precio del kilogramo de la hoja de coca – de uso natural benéfico y tradicional – está por encima del valor de los productos elegidos como sustitutos, lo cual coloca en una situación difícil cualquier campaña que pretenda ser efectiva.

Además de tener una región andina con un clima favorable al cultivo ilícito, América Latina está afectada porque sus países son conscientes de ser utilizados como centros para el lavado de dinero que este comercio proporciona.

Se olvida habitualmente, además, que los campesinos carecen de otras fuentes de subsistencia. Los programas de eliminación de las plantaciones por otros cultivos han tenido fallas tan severas en su aplicación que son recibidos con escepticismo e irritación en las zonas rurales.

Hasta tanto muchos de estos agricultores, que ven en la droga su posibilidad de ganancia, no tengan a mano una variante económica real y viable, los embates contra el flagelo pueden ser limitados, como indican las experiencias de Colombia, Perú y Bolivia.

No ha sido la pereza, ni la desidia, ni la indiferencia de los gobiernos latinoamericanos la principal causa para ponerle coto a la persistencia de las drogas en la región.

Ha sido un problema más complejo que tiene implicaciones internacionales, por la carencia durante años de mecanismos concertados entre todos, de una voluntad expresada en medidas comunes, tanto jurídicas como económicas.

A pesar de que Estados Unidos inyecta en las maltrechas economías latinoamericanas fondos para la lucha contra el narcotráfico, estos no resultan suficientes para ponerle limite al torbellino de las drogas y la madeja delictiva que lo sostiene.

Si bien el área de cultivos en Bolivia se redujo en 38 mil hectáreas en los últimos dos años, poco a poco, tras los contratiempos de la erradicación violenta e indiscriminada de los cultivos de coca, ha habido un resurgimiento de las plantaciones en Perú, fenómeno ya admitido por las autoridades.

Los países latinoamericanos pujan ahora por lograr acuerdos jurídicos, políticos y sociales que coloquen suficientes obstáculos a las sofisticadas operaciones de los narcotraficantes.

Si algo queda claro para los gobernantes tras años de empecinada y frustrante lucha es que la solución depende del funcionamiento efectivo de los organismos internacionales, de políticas comunes, jugosos fondos, pero también de soluciones reales a la generalizada miseria, que tanto corroe y agobia desde hace siglos a la región.