¿Qué sucedería si en un lugar de Estados Unidos, existiera una fuerza altamente organizada que cometía un promedio de 100 crímenes cada año? ¿Y que tal si un integrante de aquella fuerza violara sexualmente a una alumna de secundaria de 14 años de edad, y luego otro miembro cometiera un atropello parecido solo semanas después?

¿Y que tal si, hace trece años atrás, varios integrantes de aquella fuerza hubiesen violado a una niña de primaria?

Esta no es una situación inventada. La única diferencia es que estos sucesos no pasaron en un estado norteamericano, sino en la provincia japonesa de Okinawa. Y la fuerza en cuestión es el Cuerpo de Infantería de Marina.

La violaciones, el mes pasado, de una niña de 14 años, y luego de una mujer filipina cuatro días después, en ambos casos por integrantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas, han producido mucha tensión en la población local y demandas de que las bases militares norteamericanas fueran removidas.

El 15 de febrero hubo una manifestación multitudinaria, organizada por organizaciones de mujeres, sindicatos de maestros y otros trabajadores, además de profesionales de medicina, llenaron las calles exigiendo justicia.

“Como mujer, siento miedo”, dijo una cantinera de 25 años que trabaja en la zona donde sucedió el primer incidente.

El acusado fue puesto en libertad después de que la familia de la victima optó de no acusarlo formalmente. La muchacha tuvo miedo de estar involucrada en un caso tan visible.

“Suceden delitos dondequiera que hayan bases norteamericanos”, dijo Ichida Tadayoshi, dirigente del Partido Comunista de Japón, mencionando el asesinato de una mujer y un intento de asesinar a otra en 2006, y la violación sexual de una mujer en 2007, en todos casos cerca de bases estadounidenses.

Tomón Mitsuko, alcaldesa de la ciudad de Okinawa en la isla del mismo nombre, dijo que hay toda una lista de delitos cometidos por soldados norteamericanos y que cuando ella pidió a los comandantes de las bases a fortalecer a la disciplina, no le hicieron caso.

En estos momentos se ha impuesto un toque de queda en las bases norteamericanas, pero desde el 11 de febrero, han habido más delitos en Okinawa. Una mujer de 54 años de edad encontró al cabo norteamericano Shawn Cowdy durmiendo en un sofá en su casa a las 4 de la mañana el 18 de abril. El cabo, que tiene 21 años de edad, dijo que andaba borracho y no tiene la más mínima idea de como llegó a la casa de la mujer. El día antes a otro marine lo detuvieron por manejar borracho.

Un día después de que el primer ministro Yasuo Fukuda, del derechista y pro EEUU Partido Liberal Demócrata, y el embajador norteamericano Thomas Schieffer, habían prometido reaccionar con mano dura contra delitos cometidos por soldados, un soldado borracho se pasó por encima de una cerca, rompió el vidrio de una puerta y se metió sin autorización en la propiedad de una empresa de construcción.

La cancillera norteamericana Condoleeza Rice se vio obligada a expresar su “remordimiento profundo” por la violación sexual en Okinawa en el contexto de un viaje a Japón, y los oficiales norteamericanos han prometido acción al respecto.

Pero el diario japonés Akahata dijo que “los privilegios inusuales otorgados a las fuerzas norteamericanas bajo el acuerdo militar [EEUU-Japón conocido como SOFA por sus siglas en inglés] pueden ser la causa de crímenes serios y repetidos”.

Desde 1951, han habido más de 200.000 accidentes y delitos cometidos por tropas norteamericanas en Japón, que han producido la muerte de más de mil japoneses. Por razón del pacto SOFA, casi ninguno de estos casos han llegado antes los tribunales japoneses. Actualmente hay 33.000 soldados norteamericanos en Japón, y el gobierno japonés paga alrededor de $2 mil millones anuales para su soporte.

Nakama Yoshishige, administrador de una farmacia local, hizo eco de decenas de miles de ciudadanos cuando dijo, “Estoy realmente harto de esto. Mientras que existen estas bases norteamericanas, jamás se va a acabar” los delitos.