Análisis
El asesinato de Raúl Reyes, un alto dirigente y vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y 19 otros guerrillas de las FARC por efectivos de las Fuerzas Armadas colombiana en Ecuador el 1 de marzo vino mientras las esperanzas por la paz estaban creciendo. Las FARC recientemente había liberado a seis de sus prisioneros con la ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Santos, dijo que las tropas del gobierno estaban siguiendo a los guerrilleros. Pero el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que los guerrilleros murieron mientras dormían, citando diversas fuentes como testigos, las tres guerrilleras que sobrevivieron el ataque, y informes militares ecuatorianos. Estos enseñaron que las guerrillas fueron atacadas con bombas desde aviones y que como 60 soldados colombianos que llegaron por helicóptero para matar a los sobrevivientes y llevarse el cadáver de Reyes. Él dijo que la entrada por el sur de los aparatos voladores significa que entraron seis millas dentro del territorio ecuatoriano.
Se especula que los servicios de inteligencia estadounidenses fueron parte de la operación bélica que duró desde la media noche hasta las seis de la mañana.
Ecuador y Venezuela responden
Correa retiró su embajador de Bogotá, expulsó al embajador colombiano de Quito y movilizó tropas en la frontera con Colombia. En turno, su homólog venezolano Chávez ordenó movilizar 10 batallones de tanques de guerra a la frontera con Colombia, cerró la embajada venezolana en Bogotá y expulsó el embajador colombiana de Caracas.
Chávez acusó a Colombia con violar las leyes internacionales. Está bien documentado que los paramilitares derechistas colombianos han entrado en territorio venezolano.
Los insurgentes de las FARC ha usado la selva del norte de Ecuador para esconderse. Disputas fronterizas han impactado a las relaciones entre Ecuador y Colombia en el pasado. Fuentes colombianas dicen que documentos encontrados en el campamento de las FARC implican que hay una relación entre el presidente ecuatoriano Correa y las FARC igualmente entre las guerrillas y el gobierno venezolano.
Guerra permanente en Colombia
Los eventos de esta última semana muestra que el gobierno colombiano vive de la guerra. Pasos pequeños hacia la paz parecen inevitablemente conducir a una crisis y un retiro del proceso.
En el 2003, el negociador de las FARC, Ricardo Palmera conocido como Simón Trinidad, estaba en Ecuador para negociar un canje humanitario con oficiales de la ONU cuando fue secuestrado. Primero lo llevaron a Colombia y después fue extraído a Estados Unidos donde fue sentenciado a pasar décadas en cárcel.
El 19 de octubre 2006 una explosión en una academia militar en Bogotá herió a 20. Uribe acusó a las FARC de ser los responsable. El ataque nunca fue explicado y puso fin a negociaciones sobre desmilitarizar un área para negociar un canje humanitario.
El año pasado el presidente Uribe terminó las negociaciones que el presidente Chávez y la senadora Córdoba estaban facilitando con las FARC para un canje humanitario. A principios de enero las FARC anunció unilateralmente que iban a liberar unos presos pero se demoró cuando las FFAA colombianas desplegaron soldados al área.
La respuesta del gobierno colombiano esta vez a la liberación de cuatro más presos de las FARC el 27 de febrero fue asesinar a Reyes, el principal negociador de las guerrillas.
Las FARC son tildadas de “terrorista” y son usado como los chivos expiatorios por el régimen uribista para buscarse apoyo. Como dijeron los profesores José Delgado y Diógenes Campos Romero en un informe a finales del año pasado, “Si las FARC no existieran habría que inventarlas. Son la principal excusa para el desbordado gasto militar y para justificar la reelección indefinida”. Los gastos militares de Colombia igualan al total de todos los gastos para la salud, educación y servicios ambientales.
Escándalos de Uribe
El año pasado Uribe enfrentaba un escándalo que vino de las revelaciones de los lazos entre la derechista paramilitar Autodefensa Unida de Colombia y elementos de la clase dominante colombiana. De acuerdo a fuentes gubernamentales estadounidenses, los paramilitares son responsable por 80 por ciento de los asesinatos políticos en Colombia y la mayoría del narcotráfico. Washington le otorga a Colombia $3,8 mil millones para la policía y los militares. Este respaldo hace a EEUU cómplice en las violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Un documento desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidenses declara, “Álvaro Uribe usó puestos altos en el gobierno para colaborar con el cartel [narcotraficante] de Medellín”. El documentado agrega, “Uribe fue implicado en actividades de narcotráfico en EEUU”.
Treces congresistas colombianos fueron a la cárcel por tener lazos con los grupos privados derechista paramilitares asesinos. Un ex jefe de inteligencia fue implicado y el canciller de Uribe tuvo que renunciar por lazos que familiares de él tuvieron con los paramilitares.
Después, en abril del 2007, el senador Gustavo Petro acusó a la familia de Uribe y al mismo presidente de organizar y ayudar a los paramilitares y narcotraficantes en el departamento de Antioquía. Además, después de que se supo que el gobierno ha interceptado las comunicaciones telefónicas de políticos de la oposición y dirigentes sindicales por dos años, renunciaron altos oficiales de la policía inclusive el jefe, y el jefe de inteligencia.
Para el 25 de mayo del 2007, Uribe anuncia que planea liberar a cientos de guerrilleros presos en un canje negociado. Parece que cambiar de posición era por estar preocupado por las malas noticias que tiene por sus enlaces con los paramilitares y la creciente movilización en contra de su política.
Durante ese tiempo Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, dijo que veía al antiguo presidente estadounidense Richard Nixon como modelo para Álvaro Uribe. “Por menos de lo anterior se cayó Richard Nixon en los Estados Unidos ... Puede ser el final de Uribe Vélez ¿Por qué no?”.
A pesar de los escándalos, Uribe, con su ofensiva militar contra las FARC, ha podido cambiar el debate político.
Peleando por otro
Colombia ha servido como soldado regional de los pagadores norteamericanos. La movilización militar en Venezuela, provocada por Colombia, amenaza con minar el respaldo popular del gobierno de Chávez.
Tildando a las FARC de “terroristas” después del atentado del 11 de septiembre 2001, Washington pretende que las revoluciones sociales en un país como su fuese un problema internacional. Esto fue evidente el mes pasado cuando Israel anuncia la venta de 24 aviones militares Kfir al régimen de Uribe.
Para los antiimperialistas este incidente hace pensar que en un país donde el cinco por ciento de la población controla el 90 por ciento de toda la propiedad, donde 82 por ciento de la población rural vive en la pobreza, y donde menos de medio por ciento de los terratenientes son dueños de 61 por ciento de las tierras agrarias, las clases dominantes harán todo lo posible para preservar sus privilegios.
En el 1984, las FARC, buscando una resolución pacífica del conflicto social, organizó la Unión Patriótica para envolverse en el proceso electoral en vez de la guerra civil. La UP postuló candidatos en elecciones nacionales y regionales. El resultado fue que miles de candidatos, dirigentes y militantes de la UP fueron asesinados por la derecha.
En Colombia existe una guerra de clase y los rasgos de la imperialista Doctrina de Monroe. No obstante, la lucha popular se adelanta y el dominio estadounidense está en riesgo y lo mejor que pueda pasar es que Colombia sea la última cabeza de playa en América Latina.
Asesinato de dirigente de las FARC aumenta tensiones regionales