COBIJA, Departamento de Pando, Bolivia (Agencia Boliviana de Información) — El gobierno del presidente Evo Morales, declaró el 12 de septiembre, un estado de sitio para todo el departamento de Pando, donde han ocurrido las masacres a campesinos por parte de grupos paramilitares al mando del prefecto Leopoldo Fernández de oposición.

El anuncio de la suspensión de las garantías en este departamento fue dado a conocer por las autoridades de gobierno con presencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas bolivianas y de la Policía Nacional.

Asimismo, la medida señala expresamente la identificación y captura de grupos paramilitares ingresados al país desde Perú y Brasil, que han cometido las masacres contratado y protegido por el prefecto Fernández.

Recordamos que paramilitares emboscaron a campesinos que fueron asesinados, mientras el Fernández mintió sobre esos hechos.

Esos hechos fueron los siguientes, un puente ubicado a siete kilómetros de Porvenir por donde un millar de campesinos que marchaban hacia Cobija en protesta de la violencia impulsada por el prefecto, fue el escenario de la masacre que paramilitares entrenados y financiados por el “cacique” pandino desataron este jueves contra gente indefensa.

Los hechos desmintieron al prefecto Fernández, quien había asegurado que se trató de un enfrentamiento armado “iniciado” por el Gobierno.

Todos los testimonios señalan que se trató de una masacre por parte de paramilitares, pese a que algunos campesinos llevaban en sus manos alguna que otra escopeta que utilizan para cazar en el monte, según la versión del senador Abraham Cuellar.

Roberto Tito, uno de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas comenzaron a caer heridas de muerte.

Francotiradores ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud sin importar que marcharan niños y mujeres confundidos entre campesinos, cuya única arma eran palos y machetes.

“Estábamos desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas”, relató Tito, compungido por la muerte de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta este viernes se reportó un número indeterminado de desaparecidos.

“Los compañeros tuvieron que escapar a todo lado. No perdonaban ni a niños ni mujeres. Esta fue una masacre a los campesinos, esto es algo que no debemos permitir”, señaló el trabajador rural.

El testimonio de Tito es respaldado por la versión del senador Abraham Cuellar, quien asegura que a la altura del Puente de Cachuelita había un boquete de 10 metros de ancho y de profundidad para que no pase los camiones y no pase la gente. Es en estas circunstancias que comenzó la balacera.

“La gente estaba caminando a pie, ha sido una emboscada preparada por la Prefectura, planificada con armamento bélico y el resultado lamentable son muchos muertos del lado campesino y la mayoría son de las alcaldías de esa región que no pertenecen al MAS [Movimiento Al Socialismo, partido político del presidente Morales], sino que son organizaciones que apoyan al Gobierno”, dijo Cuellar.

Ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que el prefecto Fernández entrenaba en Cobija al menos a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza “para seguridad ciudadana”.

Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles.

Murakami alegó entonces que se trataba de un centenar de “vecinos” adiestrados para cumplir labores de vigilancia, ante el auge de la “delincuencia” y el “déficit de policías”.

Muñoz hizo la denuncia como prueba de que los prefectos opositores no actuaban legalmente como aseguraban. El tiempo y la masacre de gente indefensa, lamentablemente dio la razón a esa ex Dignataria de Estado.

Porque dos años después, esos integrantes de “seguridad ciudadana” cumplieron a cabalidad su papel para el que fueron entrenados: dispararon a mansalva contra gente indefensa. No sólo eso, los paramilitares, muchos de ellos brasileños, se encargaron de secuestrar a quienes no pudieron escapar de las balas asesinas.

En medio de la masacre los campesinos sólo tuvieron una alternativa para salvar sus vidas y se internaron en el monte, mientras los paramilitares descargaban sus armas sobre la multitud.

“Son gente de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos que están bien armados con ametralladoras y francotiradores porque de las copas de los árboles nos disparaban a mansalva”, relató Tito.

La denuncia del dirigente campesino fue corroborada por el senador Abraham Cuellar, quien aseguró que este viernes, a 24 horas de esa masacre, la persecución paramilitar a campesinos de Pando continuaba.

“Sabemos que hay una persecución implacable en Filadelfia y Cachuelita, que son provincias aledañas a Cobija, siguen los asesinatos, siguen matando gente, gente desarmada”, aseguró el legislador.

Acusó a sicarios contratados por las autoridades pandinas y que andan armados incluso de ametralladoras, lo que obligó a que al menos un centenar de personas hayan cruzado la frontera con Brasil para buscar refugio.