La lucha actual entre los pueblos indígenas y pobres de Bolivia recientemente tomando poder y los oligarcas derrotadas pareció encaminada hacia un punto muerto, hasta que ambas partes tomaron un breve descanso. Mientras tanto, fuerzas exteriores estaban entrando en el conflicto.

Celebrando sus deliberaciones en el capital constitucional y judicial histórico de Sucre, la Asamblea Constituyente, cuya convocación fue un elemento clave del programa electoral del presidente socialista, Evo Morales, cumplió su primer año de existencia el 6 de agosto sin llegar a ningún acuerdo. Fue suspendida brevemente a mediados de agosto debido a protestas callejeras e insultos racistas dirigidos a los delegados, y el 7 de septiembre fueron suspendidas sus funciones por un mes.

Los opositores a Morales habían obligado a la Asamblea a considerar un cambio del sede ejecutivo y legislativo de gobierno, actualmente en La Paz, a Sucre. Cuando votaron los partidarios de Morales el 15 de agosto por no considerar a la cuestión, acusándo a la oposición de haber obstruido al trabajo verdadero de la Asamblea, irrumpieron protestas violentas.

El vicepresidente Álvaro García Linares emitió un llamado por una movilización popular indígena por todo el país el 10 de septiembre para escapar del atolladero. Como respuesta los “Comités Cívicos” de seis departamentos, representando a los bolivianos más acaudalados y privilegiados de decendencia europea, organizaron paros de trabajo en sus departamentos respectivos para el 28 de agosto.

Fueron establecidos los comités cívicos durante la dictadura militar de los años ’70 cuando buscaban los generales gobernantes concretar sus lazos con las clases medias y altas.

Las huelgas tuvieron un impacto desigual mientras la gente del campo se manten a fuera de la contienda. Por primera vez los departamentos de Chiquisaca y Cochabamba se reunieron a cuatro departamentos orientales de inclinación separatista como centros de protesta derechista organizada. Distribuyeron los manifestantes volantes con mensajes racistas y a veces obscenos. Aumentó su volumen los medios de oposición.

El 4 de septiembre renunció el gobernador de Chuquisaca, partidario de Morales, porque no quiso enfrentar a una creciente ola de violencia. El día siguiente una decisón de la Asamblea de desconocer a una orden judicial a que debaten la cuestión del cambio de la capital fue recibido con protestas ultraderechistas que dejaron un saldo de 80 heridos. El 6 de septiembre anunciaron los comités cívicos la formación de una confederación nacional, la “Junta Democrática de Bolivia”. Su primera acción, una huelga de hambre, duró un día.

Culminó el tumulto el 10 de septiembre con “La Cumbre social en defensa a la Asamblea Constituyente”, una manifestación organizada por los partidarios de Morales en Sucre. El convocatorio original había previsto una participación de de 100.000 manifestantes, pero prevalecieron los temores a la violencia, en especial entre los sectores rurales de la población, y solo participaron unos 10.000.

Declaró en parte un manifiesto de la protesta, “El voto democrático del pueblo garantizó la convocación de la Asamblea Constituyente,” cuyo propósito es la de asegurar “la unidad democrática de la patria, igualdad entre la gente, los derechos colectivos de los indígenas y la nacionalización de las riquezas naturales”.

Una semana después, se había disminuida la intensidad del enfrentamiento. Respondiendo a una llamada del presidente Morales el gobernador de Chuquisaca volvió a su puesto. El jefe de las Fuerzas Armadas, Wilfredo Vargas, anunció que “Las Fuerzas Armadas … son siempre baluarte de garant a dentro de la estructura de la constitución política del estado”.

En Santa Cruz, el terrateniente encabezado del comité cívico, Branco Marinkovic, ofreció pagar los da os causados por el ala porrista juvenil de su grupo e hizo una llamada al di logo con Morales. Sus contrapartes en Pando, Cochabamba y Chuquisaca se expresaron a favor de una reapertura de la Asamblea Constituyente.

Mientras tanto el papel de Washington llegó a ser un factor. El Tribunal Supremo de Bolivia autorizó una pedida de extradición a EEUU pidiendo el regreso del ex presidente Gonzalo Sánchez y dos ex ministros de gobierno por ser responsables del asesinato de 80 manifestantes desarmados en octubre de 2003.

Un artículo de la abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger circulado por vía cibernética hace documentar el financiamiento por parte del gobierno norteamericano a 379 organizaciones, partidos políticos y proyectos en Bolivia. Revelan documentos públicos pagos de $13,3 millones para “reforzar a gobiernos regionales,” por la “educación cívica por líderes emergentes”, y para “la diseminación de información”.

Las expresiones de solidaridad latinoamericana para con el gobierno impugnado de Morales han sido hasta el momento mudas, con la excepción del presidente venezolano Hugo Chávez. Hablando en su programa semanal de televisión “Aló Presidente” con Evo Morales a su lado, advirtió Chávez que “El imperio norteamericano está conspirando para sacar del poder al mandatario boliviano Evo Morales e incluso asesinarlo. Pero si hay un ataque de Estados Unidos no vamos a quedarnos con los brazos cruzados….” Manifestó que de producirse tal agresión “nosotros volveremos a gritar con el Ché Guevara”, “y crearemos 10 Vietnam en América Latina”.

Desde la Argentina tomó la palabra el periodista Luís Bilbao: “Sr. Presidente Néstor Kirchner urge su pronunciamiento público contra la conspiración estadounidense que busca derrocar el gobierno de Evo Morales”.

Sigue la declaración de Bilbao, publicado en el Internet, “Argentina no puede mantenerse ajena al conflicto que se desenvuelve por estas horas en el país hermano”.