LA PAZ — Una delegación gubernamental y empresarial brasileña inicia 10 de mayo negociaciones con el gobierno boliviano, sobre las consecuencias de la nacionalización de los hidrocarburos de este país.

La misión llega precedida de señales políticas y empresariales en favor de negociar bajo el acatamiento de la medida, que el gobierno boliviano ha declarado irreversible, aunque acompañadas de cuestionamientos de aspectos legales del decreto nacionalizador.

Integran la delegación brasileña el ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, y el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, cuya compañía es afectada por la nacionalización.

Ambos tienen programado reunirse con el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, tras la disposición oficial brasileña de negociar la adecuación de Petrobras al decreto aprobado el primero de mayo.

El presidente de Petrobras en Bolivia, Fernando Freitas, manifestó la disposición de su empresa, de someterse a la investigación anunciada por el gobierno, para establecer el real monto de inversiones y costos de las transnacionales que operan en el país.

“Estamos dispuestos a recibir las auditorías con el fin de viabilizar y agilizar la negociación con Bolivia”, dijo Freitas a la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), pese a reiterar lo que llamó dudas sobre el decreto nacionalizador.

Las auditorías son consideradas claves para precisar los verdaderos costos e inversiones y, por tanto, el margen de beneficio que deben recibir las empresas sobre el valor de la producción, que desde el primero de mayo fue recuperada íntegramente por el Estado.

La investigación, indicó el ministro Soliz, será también vital para determinar el verdadero va-lor a pagar por la transferencia al Estado, de paquetes de acciones de cinco empresas privatizadas en el último decenio, necesarios para recuperar el control de propiedad estatal.

Petrobras hizo público ayer en un comunicado, en el que alega contradicciones legales del decreto nacionalizador, por disponer la transferencia de acciones de empresas privatizadas, a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para que tenga la mitad más uno y el control propietario de esa compañías.

El esquema afecta, entre otras, a la empresa Petrobras-Refinación, que opera dos refinerías de petróleo y gas, en la cual el gobierno nombró cuatro directores -sobre un total de siete- para asumir su manejo de inmediato.

El pronunciamiento consigna la contrariedad de la empresa brasileña manifiesta por esa decisión y dice que, antes de copar el Estado el directorio, debió negociarse la transferencia de las acciones y cumplirse otros procedimientos.

La nacionalización obliga además a Petrobras a entregar a YPFB toda su producción de gas, para que la empresa estatal le abone el valor de un porcentaje que le garantice una utilidad razonable, en principio de 18 por ciento de la producción total.

El decreto da 180 días de plazo para que las transnacionales negocien nuevos contratos con el Estado, acordes con la nueva situación, lo cual fue aceptado la semana pasada por el gobierno español y su empresa Repsol, también afectada por la nacionalización.

Bolivia y Brasil tienen pendiente además negociar un aumento sustancial, al que aspira La Paz, del precio del gas natural suministrado al vecino país.

Una cumbre energética que congregó la semana pasada a Argentina (otro consumidor de gas boliviano), Brasil, Bolivia y Venezuela, y dio luz verde la semana pasada a la negociación de nuevos precios, con criterios de racionalidad económica.