ANÁLISIS

El “Gran Acuerdo” sobre una propuesta migratoria asegura que la inmigración será una cuestión legislativa de gran importancia en 2007.

El presidente Bush, con apoyo de Wall Street, impulsa fuertemente una política de legalización a los trabajadores indocumentados que los mantiene como residentes de segunda clase por más de una década. Sus propuestas también relegarían a la servidumbre perpetua a los futuros “trabajadores no especializados”.

Los jefes del gabinete del presidente fueron figuras claves y participantes en las negociaciones bipartidistas improvistas a puertas cerradas sobre la propuesta, negociaciones que pasaron en alto al proceso público establecido de comisiones de ambas cámaras del Congreso. El gobierno Bush busca políticas para aumentar la competitividad norteamericana en la economía global.

El diario The Wall Street Journal apoya a una propuesta similar a favor de las corporaciones. Tanto el ex presidente del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, como su presidente actual, Ben Bernanke, ha llamado por una política flexible de aumentos a la cuota de inmigrantes para aumentar el crecimiento de la fuerza laboral, fortaleciendo así las inversiones y la productividad y reduciendo gastos de salarios por unidad producida y gastos en programas sociales.

En cuestiones de política migratoria Bush está de acuerdo con esta línea. En enero del 2000 Greenspan llegó a la conclusión de que la inmigración tenía un papel clave que jugar en el crecimiento económico durante la década de los ’90s. Bush lo tomó como política propia y estaba negociando un programa de trabajadores temporales con el entonces presidente mexicano Vicente Fox hasta el 11 de septiembre de 2001.

En noviembre de 2003 el Banco de la Reserva Federal, sucursal de Dallas, en su reporte “Crecimiento Migratorio y Económico en EEUU: Política Congelada”, que los ajustes del 9/11 habían congelado a “reformas de potencial positiva, entre ellas un programa de trabajadores huéspedes”. Pocas semanas después, el 7 de enero de 2004, Bush hizo un llamado por un nuevo y amplio programa de trabajadores temporales.

Argumentó el reporte que la inmigración trae consigo beneficios económicos porque “proporciona trabajadores en cuanto y en donde se necesitan”, agregando que “aumenta la inmigración el límite de velocidad a la economía, manteniendo acorraladas presiones de salarios y precios”. En otras palabras, “que siga la onda, y que siga barato”.

Es importante entender el papel de Wall Street y del Banco de la Reserva Federal, por su punto de vista más macroeconómica, en la creación de política migratoria. Otras fuerzas empresariales como son la “Coalición Migratoria por Trabajadores Esenciales” de carácter patronal y “Norteamericanos por Mejores Fronteras”, una coalición de empresas y grupos que tienen que ver con el transporte, el turismo y negocios similares, mantienen un enfoque más concreto. Conducidos en gran parte por la Cámara de Comercio de EEUU, estos grupos similares y otros aparecidos cabildean por la legislación. También trabaja la Cámara en coalición con algunos grupos claves pro derechos de los inmigrantes a favor de la reforma migratoria integral. Las instituciones financieras no forman parte de estos grupos empresariales ni de las coaliciones que buscan una reforma comprensiva.

La política de Bush, de “que siga la onda, y que siga barata”, es la del sector financiero cuya meta es producir altos rendimientos para sus inversionistas. Mientras más se acerquen las elecciones de 2008, más se le debilite a Bush su capacidad de conducir hacia la derecha la política nacional. Pero, dos “palancas” claves que todavía le quedan a su alcance son su veto y su capacidad por aterrorizarles a los inmigrantes y a los patrones con redadas migratorias.

Una señal del empuje del sector financiero en pro de una propuesta fue enviada por Greenspan el 17 de mayo. Esa mañana, pocas horas antes del anuncio del “Gran Arreglo”, Greenspan declaró a un grupo de industrialistas de Georgia que se pudiera resolver “la falta de trabajadores capacitados suficientes para mantener a la infraestructura norteamericana” con “un plumazo”, refiriéndose a la aprobación de una ley migratoria. Georgia es el estado que tiene la más fuerte legislación antiinmigrante. No hubo marchas allí el 1º de mayo. El mensaje implícito fue la que una política a favor de la mano de obra barata de inmigrantes será clave para conseguir bonos por los mayores proyectos capitales.

Los sectores financieros y los demás sectores empresariales están presionando fuertemente por una ley migratoria mientras que el gobierno Bush desempeña su papel derechista. El movimiento pro derechos de los inmigrantes está luchando muy duro por una política de legalización que mejore la situación de los indocumentados que se están enfrentando a más redadas, brutalidad policial, políticas estatales y locales represivas, y una caída en el nivel de vida. Hay diferencias en cuestiones de tácticas y de posibilidades reales.

No se puede contar con la retórica ultraderechista, por intensa que sea, para matar a la propuesta. Bush se ha mostrado adepto en utilizar a esas presiones para mover hacia la derecha a las negociaciones legislativas. En el Senado, el grito de guerra de la oposición republicana, “‘Temporal significa temporal”, refleja hasta cierto punto los intereses patronales en tener los programas de legalización y de trabajo temporal más explotables.

Con Bush en el poder, ganar victorias o hasta mantener el estatus quo en cualquier cuestión hace necesario el esfuerzo máximo para construir las coaliciones más amplias posibles. En el Senado, en donde tiene más fuerza la ultraderecha de Bush, es muy probable que la legislación sea considerada inaceptable. El Gran Arreglo proyecta de manera muy fea un estatus sojuzgado para los futuros inmigrantes, minando así por completo a la democracia. En la Cámara de Representantes está más fuerte la influencia comunitaria y de los trabajadores, pero no es predominante. Allí se tiene que fortalecer la capacidad de luchar sobre cada aspecto de la propuesta de ley.