(Segunda de dos partes)

BOGOTA – Con la llegada de de Álvaro Uribe al poder se concretan las aspiraciones del capital multinacional energético en Colombia, mediante el decreto 1760 del 2003 se empieza a “reestructurar” a ECOPETROL con el fin de acabarla, se le quitan actividades que definen la política petrolera y por lo tanto ingresos para el país, se le descapitaliza, pues se le despoja de sus activos más valiosos incluyendo el inventario de información geológica.

ECOPETROL deja de ser una empresa industrial y comercial del Estado y pasa a ser una sociedad de acciones, lo que en la práctica es el abrebocas para su privatización. A la nueva ECOPETROL S.A. le quedan los viejos yacimientos, con altos costos de producción, refinerías en muy mal estado y la imposibilidad de explorar por falta de presupuesto. El manejo de la empresa seguirá en las manos de la Presidencia y del Ministerio de Minas. El Ministerio de Hacienda continuará tapando el hueco fiscal estructural con las utilidades de la empresa sin invertir en su modernización. Será difícil que logre competir con las multinacionales, no habrá nuevas reservas, habrá exceso de costos y sin nuevos ingresos la estatal petrolera finalmente será vendida con coima de por medio, como vendieron lo que le quedaba a Colombia de la mina del Cerrejón, por 380 millones de dólares, cuando esa participación vale actualmente más de mil 500 millones de dólares.

La recién creada Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, bajo el mando del Presidente, será otra nueva institución clientelista del régimen, que asegurará los intereses de las multinacionales y el aumento de sus beneficios, se teme que por esta vía los términos de los contratos de asociación desmejoren todavía más de los actuales 70 por ciento para la multinacional y 30 por ciento para la Nación y que incluso se regrese a la práctica colonialista de la concesión, que significa la entrega de nuestros recursos al imperio a cambio de una pequeña “regalía”.

En tal sentido ya empezó una campaña mediática sobre la inminente importación de petróleo, promoviendo a su vez nuevos y mejores incentivos para las multinacionales. Se dice que el país dejará de recibir seis mil 500 millones de dólares por la pérdida de la autosuficiencia petrolera durante los próximos 10 años y que la caída de las reservas es del orden del 37 por ciento en tan solo seis años, hasta contar con mil 600 millones de barriles, con una producción anual a la baja de 578 mil barriles en el 2002.

De lo expuesto hasta el momento la cuestión que nos asalta es ¿en qué ha beneficiado la renta petrolera a las clases populares del país? ¿Quién se ha adueñado de esta renta y quién se quedará con ella durante los próximos años?

La política petrolera colombiana hasta el momento ha tenido un carácter antinacional y un nivel precario de redistribución de la renta, lo que se expresa contradictoriamente en el aumento de la pobreza y la pauperización en regiones ricas en recursos como Casanare y Arauca. Esta política ha excluido y marginalizado, ha polarizado mucho más el conflicto político y social; y lo que es más grave aún, ha propiciado la intervención político-militar de Estados Unidos en el conflicto colombiano.

El Plan Colombia después de envenenar a todo el país con glifosato, entra progresivamente a cumplir con su objetivo fundamental, el de asegurar el flujo de recursos energéticos estratégicos hacia los Estados Unidos y Europa.

Una política petrolera nacional y redistributiva debe ser el resultado de un gran acuerdo político y social de los colombianos en el marco de un sólido proceso de paz, solo de esta manera el petróleo dejará de ser la inyección de la explosión de la guerra y pasará a ser un importante recurso para la construcción de la paz. En el Arauca petrolero, pese a la militarización con siete mil hombres, los millones de dólares y la asesoría de militares y mercenarios del imperio, la espiral de la guerra no se ha contraído, sino que por el contrario se ha expandido, las guerrillas han logrado crecer y mantenerse militarmente, se combate a diario con muchos muertos, en su mayoría soldados, sin que apenas lo sepamos. La política de “seguridad democrática” persigue a civiles, los encarcela y los hace ver como guerrilleros, el paramilitarismo ha asesinado a más de 150 personas en el casco urbano del municipio de Tame durante este año.

Durante su reciente visita a Arauca, Uribe expresó que “ningún territorio está vedado para el Estado” y anunció las fumigaciones y la derrota militar de la guerrilla. Mientras se escuchaban sus palabras por televisión, Saravena se estremecía por el estallido de las granadas y de los cilindros bomba, el traqueteo de los fusiles llegaba desde las afueras del pueblo, tres torres de energía habían sido voladas y más colombianos derramaban su sangre, paradójicamente, por su petróleo. Mientras tanto en las zonas rurales de Tame, Fortul y Saravena se concluía un proyecto de exploración petrolera contratado por la multinacional española Repsol, en el bloque San Miguel-Capachos. ¿Una esperanza o una nueva tragedia?.