El 28 de enero fue asesinado Freddy Espitía en Montería, Córdoba, Colombia. También, tres días después fue asesinada Yolanda Izquierdo. Ambos eran desplazados y estaban luchando por los derechos de las personas internamente desplazadas (PID), en particular los campesinos pobres.

Los responsables de estos asesinatos fueron las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según se ha presumido.

En el mes de marzo, el sacerdote Albeiro Parra que trabaja en el Choco, un departamento de Colombia, situado en la costa pacífica, reportó que 79 indígenas y niños Afro-descendientes del PID han muerto de hambre y falta de asistencia médica en el 2006.

Estos asuntos no estaban en la libreta del presidente Álvaro Uribe Vélez, durante los días del 1 a 5 de mayo en Washington, capital Estados Unidos, en donde Uribe con una comitiva de empresarios estuvo haciendo cabildeo para obtener la firma de un Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, se enfrentó a manifestaciones de protestas en las calles. La recepción que le dio el Congreso de mayoría demócrata fue fría. Los legisladores estaban preocupados por las relaciones entre miembros del gobierno con los paramilitares de las AUC. También a cerca de los 400 sindicalistas asesinados durante la presidencia de Uribe.

La opinión pública en EEUU sigue siendo sorda y ha olvidado el desastre de la crisis humanitaria en Colombia. Actualmente, son 3,5 millones de colombianos, lo que asciende al 11 por ciento de la población de desplazados de su tierra y sus hogares en los últimos 40 años. La mitad de ellos son indígenas y Afro-descendientes. Desde que Uribe tomó posesión de la presidencia en el 2002 han sido desplazados más de un millón de campesinos.

En febrero 20, la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó a pedir donaciones por US $14,4 millones para fondos de socorro con el propósito de atender la crisis humanitaria colombiana. En visita efectuada en el mes de marzo por Antonio Gutierres, el Alto Comisionado de la ONU para refugiados, quien describió la situación como una “crisis olvidada”. Solamente, Sudan tiene más refugiados internos que Colombia.

El desplazamiento forzado de pequeños agricultores no es nuevo en Colombia. Comenzó como consecuencia de la declinación de la minería en el Siglo XVIII. La tenencia de la tierra ganó terreno como fuente de poder. Los poderosos colombianos periódicamente han tomado ventajas de las situaciones de caos político para apoderarse de tierras aptas para la agricultura que a la vez causan el desplazamiento forzoso de los campesinos hacia las áreas periféricas.

En años recientes, muchos desplazados se han movido hacia las ciudades, pues han sido expulsados por los paramilitares de las AUC, ya que éstos han actuado y actúan como agentes de los grandes terratenientes y narcotraficantes o para enriquecerse ellos mismos.

En Colombia, el 0,4 por ciento de todos los terratenientes son dueños del 61 por ciento de las tierras usables para la agricultura. Un reporte en el 2005, decía que el 4 por ciento de la población era dueño del 70 por ciento de toda la tierra en el país.

Las estadísticas nacionales han puesto en claro el universo de sufrimientos de los colombianos: Dos millones sufren de escasez periódicas de alimentos. Un cuarto de todos los niños de Colombia no atienden a las escuelas. Más del 35 por ciento están mal nutridos, y 13 por ciento de ellos son anormalmente pequeños de estatura. La mitad de los colombianos viven en la pobreza — en las zonas rurales alcanza el 70 por ciento — y el 33 por ciento de estos carecen de agua potable, de hecho las condiciones para los desplazados son aún peores.

Las mujeres y los niños constituyen el 70 por ciento de toda la gente desplazada en Colombia. Las mujeres son la cabeza de los hogares en el 60 por ciento de la población. Casi el 77 por ciento de los niños desplazados nunca vuelven a la escuela, un 52 por ciento de las mujeres reportó abusos físicos, el 36 por ciento fueron por abusos sexuales y el 60 por ciento no tienen ningún servicio de salud. Casi las tres cuartas partes de los desplazados adultos están desempleados.

Al comparar los promedios colombianos de expectativa de vida nos encontramos que en el departamento del Choco es cinco años menos que en los otros departamentos; muertes durante el parto son 8,5 por ciento veces más; la mortalidad infantil es cuatro veces más; y el analfabetismo es tres veces más. La población del Chocó en un 85 por ciento es de Afro-descendientes y sufren el desplazamiento de la tierra y de sus hogares 7,5 veces más a menudo que los otros colombianos.

Reaccionando a las muertes infantiles en el Choco, César Rodríguez escribió en la revista Nacla de las Américas, “es increíble que nadie hable acerca... es que las víctimas del hambre son de la piel del color negro. Los niños Afro-descendientes de Colombia

están sub-alimentados, ellos son a quienes posan y presentan con su pelota de fútbol de bajo del vientre. En Colombia el 85 por ciento de la gente de piel negra son pobres y el 42 por ciento de ellos están desempleados.

El sufrimiento en masa de la gente desplazada y el racismo son parte del status de la engendrada violencia. Por supuesto, que también los beneficios de las utilidades son parte de este status quo. En el 2006, el intercambio comercial entre EEUU y Colombia, las exportaciones colombianas sumaron unos US$ 6,7 mil millones, y las importaciones que hizo Colombia desde EEUU.

Llegaron a las cifras de US$ 9,2 mil millones, de ambos lados crecieron un 25 por ciento en dos años. En el 2005, la inversión de EEUU en Colombia fue de 3,4 mil millones. Actualmente, 250 empresas y negocios de EEUU operan en Colombia.

El departamento de Estado estadounidense como requerimiento para liberar la ayuda militar a las fuerzas armadas de Colombia, publicó un expediente sobre el mejoramiento de los derechos humanos. Luego, de que el senador Patrick Lehay (demócrata por Vermont) pusiera un paro temporal a los 55,2 millones de dólares, de dinero no gastado del presupuesto de EEUU. Bajo la tutela de Washington, “los programas de ayuda para los militares y policías de Colombia” , el gobierno de Uribe recibirá US$ 624 millones en el 2007 y $ 619 millones en el 2008. El total desde el 2000 al 2006 fue de 3.5 mil millones.

Aproximadamente, hay un personal de asesores militares de 1.400 — más de la mitad son mercenarios — al servicio de Colombia en el presente.

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