WASHINGTON (PAI) - A pesar de indicaciones de que el gobierno mexicano "le gustaría barrer todo bajo la alfombra" como dice el presidente de su sindicato, una comisión especial interamericana trató el 4 de noviembre el caso del asesinato Santiago Rafael Cruz, sindicalista de Estados Unidos muerto Monterrey en 2007.

Cruz fue torturado y asesinado el 9 de abril 2007 en las oficinas del Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC por sus siglas en inglés), un sindicato afiliado a la AFL-CIO, en Monterrey. Cruz murió mientras combatía el tráfico humano que cada año infiltra a millones de trabajadores indocumentados en la frontera mexicana-estadounidense, dijo Baldemar Velásquez, presidente del FLOC.

Cruz y el FLOC estaban luchando contra el uso de contratos de trabajo proveyendo una alternativa legal para trabajadores que quería visas para laborar en EEUU. Sus acciones, y el papel del FLOC, enojaron a los carteles que trafican en seres humanos a través de la frontera, dijo Velásquez en una entrevista exclusiva después de la audiencia pública de más de una hora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Después de una investigación preliminar, la Comisión forzó al gobierno mexicano y el del estado de Nuevo León a tomar medidas cautelares para proteger a la sede del FLOC en Monterrey. El gobierno mexicano quiere dejar de tomar esas medidas.

Pero las acciones penosa del gobierno mexicano para buscar a los sospechosos en el asesinato de Cruz - a pesar que la gente del FLOC le dieron los nombres y direcciones de por lo menos dos de ellos - hace uno cuestionar si se deben suspender esas medidas, dice Velásquez.

Uno de los cuatro sospechosos, Eduardo Rodríguez Cervantes "fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EEUU mientras trataba de entrar clandestinamente a EEUU", explicó Velásquez. "Él fue entregado a las autoridades del estado de Sonora... quienes los dejaron ir antes de que los oficiales de Nuevo León pudieran venir a buscarlo".

Otro de los sospechosos, Jaime Martínez Amador, también los buscan en EEUU por tráfico humano y robo armado, agregó Velásquez.

Oficiales mexicanos parecen, a pesar de decir lo contrario a la Comisión Interamericana, tener poco interés en esclarecer el caso.

A pesar de la evidencia, la comisión de siete miembros que investiga violaciones de derechos humanos por toda Latinoamérica, se mostró escéptico de que la oficina del FLOC necesitara protección. Dijeron que no hubo incidentes desde el asesinato de Cruz.

Eso hizo que Velásquez le señalara a la comisión que personal del FLOC, en los dos años desde el asesinato, gente le "seguían la pista" cuando trataban de ayudar a trabajadores basado en México que buscaban visas para trabajar en EEUU, especialmente en el consulado estadounidense en Nuevo Laredo al cruzar el Río Grande de Tejas.

"Yo tuve que decirle a la Comisión que hay poca confianza" en la policía mexicana a quienes tendríamos que ir en caso de intimidación, agregó él. La Comisión no dio ninguna idea de cuando decidirán el caso del FLOC, ni qué harían, si acaso algo.

"Mientras que el FLOC esté creando un sistema alterno de reclutamiento en el cual no se le robe a los trabajadores, entonces somos una amenaza para estas empresas criminales", apuntó Velásquez.

El FLOC tuvo respaldo del movimiento sindical durante la audiencia con representantes de la AFL-CIO, y los sindicatos de Tronquistas y Empleados de Servicios.

"Todo el proceso de medidas cautelares" en la sede del FLOC después del asesinato de Cruz "forzó a los gobiernos mexicanos y sus gobiernos estadales a mantener la presión" para esclarecer el caso, dijo Stanley Gacek, director asociado para el Desarrollo Internacional de la AFL-CIO.

"Para nuestros afiliados latinos, Santiago Rafael Cruz es un mártir", agregó Timothy Beaty, director para Estrategias Globales de los Tronquistas. El sindicato de Tronquistas también tuvo uno de sus organizadores asesinados en El Salvador.

Pero, dijo Velásquez, hay otra parte de caso Cruz que la Comisión no tocó: Corporaciones basadas en EEUU saben del tráfico humano que Cruz y el FLOC combaten, y lo explotan.

Él apuntó a que como 20 mil de los trabajadores que Cruz estaba ayudando, fueron reclutados por "coyotes" mexicanos para trabajar en el tabaco en EEUU para la compañía RJR Nabisco. Esta explotación también ocurre en la construcción con el conocimiento de las compañías, dijo. "Esta mano de obra viene a través del sur de EEUU y ellos lo saben", dijo.