Aunque muchos ven a la renuncia del Carlos Mesa como presidente de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, el Partido Comunista de Bolivia (PCB) advierte que esto “no ha solucionado la crisis política que agobia al país” en un comunicado firmado por el primer secretario de esta colectividad política, Marcos Domich, la semana pasada.

Los revolucionarios bolivianos exigen que el nuevo presidente interino, el ex presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, no puede emprender nada excepto una “única tarea: la administración rutinaria del Estado y de unas elecciones generales en un plazo no mayor de seis meses”. Los comunistas afirman que “existe pleno consenso” sobre este planteamiento.

Rodríguez es el tercer presidente que Bolivia ha tenido en poco más de año y medio. Igual que Mesa, el anterior, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue derrocado por las protestas de masa populares por su política neoliberal.

El PCB también le exigen al parlamento de no pasar ningunas leyes hasta que se haga las elecciones, excepto “una Ley de Recuperación real de los hidrocarburos ejerciendo plenamente el derecho propietario del Estado boliviano sobre estos recursos”. Recordándole a todos que esta fue “una demanda que movilizó al pueblo boliviano ... y que tiene que ser satisfecha”.

Los comunistas bolivianos desmintieron los reportes de la prensa nacional e internacional diciendo que “es falso que estos sectores populares [que estaban en protesta] están localizados sólo en el occidente de Bolivia”. Agregando que “los bloqueos de caminos, la toma pacifica y simbólica de campos e instalaciones petroleras en el Departamento de Santa Cruz y otras manifestaciones populares entre los pueblos indígenas y sectores populares, son la prueba de que la demanda es nacional”. Ellos advierten que verlo como “un enfrentamiento entre regiones” pone al país en peligro “de la disgregación nacional”.

En contra de las masas populares los comunistas señalan a “los minoritarios pero poderosos sectores oligárquicos de Santa Cruz (CAINCO, CAO, Cámara de Hidrocarburos) interesados únicamente en conservar y acrecentar su dominio sobre los recursos naturales” y “la derecha reaccionaria [que está] organizando sus grupos de choque reaccionaria”.

Los comunistas demandan que el gobierno central tome medidas para controlar la violencia de los grupos reaccionarios que han tomado “ acciones violentas contra las organizaciones populares en Santa Cruz”.

El PCB también le pide a las organizaciones del pueblo que mantengan disciplina entre sus filas para así “localizar y aislar a los infiltrados que desorientan la lucha popular”.

El PCB hizo un llamado a que las organizaciones sociales, sindicales, de vecinos, juveniles y partidos populares, revolucionarios y patrióticos “unificar las demandas, los objetivos y procedimientos de la presente lucha”. En un comunicado una semana antes, los comunistas notaron que “no hay unidad en el campo popular en la tactica a emplearse para llegar al objetivo final” notando que en actos públicos “en vez de soldarse la unidad popular se ahondaron las diferencias y se mostran tal diversidad de soluciones que se ha abierto la posibilidad de un fracaso en la actual batalla”.