OAKLAND, California – En uno de sus últimas acciones del año el 17 de diciembre del 2002, el Concejo Municipal de Oakland se convirtió en la ciudad 19 y la más grande en repudiar el Acta Patriota. La resolución del Concejo exigió que la delegación de California al Congreso trabaje activamente para revocar la ley y las Órdenes Ejecutivas relacionadas, con un voto de 7 a 1.

La medida afirma la fuerte oposición del Concejo al terrorismo y también “afirma que cualquier esfuerzo para poner fin al terrorismo no se debe hacer al costo de los derechos civiles y libertades fundamentales del pueblo de Oakland, Estados Unidos y el Mundo “también declara que “hasta donde sea legalmente posible, ningún empleado o departamento de la ciudad asistirá oficialmente o voluntariamente cooperará con las investigaciones, interrogaciones, o procesos de arrestos, públicamente o clandestinamente, que estén en violación de los derechos civiles o libertades civiles de individuos” como estipulado en la Carta de Derechos y la Catorce Enmienda.

La resolución enumera las provisiones del Acta Patriota que tiene el potencial de violar los derechos constitucionales de los residentes de Oakland. La lista incluye los poderes gubernamentales para designar a grupos domésticos como “organizaciones terroristas,” la autoridad de agencias policiacas para obtener los récords de bibliotecas, autorización para escuchar a comunicaciones entre abogados y sus clientes que estén en custodia federal, límites sobre que información se puede conseguir a través del Acta de Libertad de Información, y otorgarle al secretario del departamento de Justicia el derecho de someter a ciudadanos de otros países a detención indefinida o a la deportación aunque no hayan cometido ningún crimen.

La resolución fue presentada por la concejal Nancy Nadel y el presidente del Consejo Municipal Ignacio de la Fuente, la resolución cuenta con el apoyo de más de 20 organizaciones incluyendo el Comité de Defensa de los Derechos Civiles de Oakland, la Red Laboral para Organizar a Inmigrantes, la Comisión Asesora de la Biblioteca de Oakland, El Centro Legal de La Raza, la sección Paul Robeson de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles y Filipinos por la Acción Afirmativa.

“Si nosotros cambiamos nuestras libertades civiles por un sentido abstracto de seguridad, perdimos la misma libertad por la cual nuestro país dice representar,” dijo Nadel. De la Fuente citó a preocupaciones sobre el impacto que tiene el Acta contra los inmigrantes y gente de color, que componen a 76 por ciento de la población de Oakland.

La Comisión de la Biblioteca Pública y el Departamento de la Policía se han declarado opuestos al Acta Patriota.

El presidente Bush firmó la ley el 26 de octubre del 2001. La ley aumenta la autoridad del gobierno de escuchar conversaciones electrónicamente, entrar a hogares, buscar discos de computadoras y otras formas de vigilar secretamente. La ley permite al FBI a ordenar la entrega de récords privados de las bibliotecas, librerías, hospitales, y compañías de tarjetas de crédito y hace ilegal estas entidades hablar de eso.

Además de las 19 ciudades que se han opuestos con resoluciones, hay otras 50 ciudades en 25 estados donde se está considerando.

Se puede comunicar con la escritora al cpusainternat@mindspring.com