La Cámara de Representantes le dio una reprimienda a la administración Bush el 2 de octubre al aprobar una medida que puede revocar la decisión del presidente donde hasta ocho millones de trabajadores pueden perder la protección contra trabajar horas extras (overtime) sin pago extra. El presidente Bush ahora tiene que decidir si cambiar las partes de su propuesta que quita esa protección, o desafiar a ambas cámaras del Congreso.

El voto en la Cámara de 221 a 203 fue la segunda derrota, en menos de cuatro semanas, en el Congreso para el plan de Bush de destruir esas partes de la Ley sobre Normas Justas Laborales. El 10 de septiembre, cuando el Senado votó sobre el presupuesto para los departamentos del Trabajo, Salud y Servicios Humanos, y Educación, incluyó una condición donde prohibe que el departamento del Trabajo implemente este ataque contra el ingreso de familias trabajadoras. La Cámara pasó su propia versión de proyecto en julio, pero no incluyó la prohibición.

Un voto en la Cámara el 2 de octubre acordó aceptar la condición del Senado contra este plan de robo.

“Ambas cámaras del Congreso han hablado – y ha dirigido al presidente Bush que no le quite el pago extra a las familias trabajadoras”, dijo John Sweeney, presidente de la AFL-CIO. Él añadió que los trabajadores y sus familias “esperan que el presidente esté escuchando”.

Si prevalece la prohibición del Senado contra el ataque, la administración Bush ha dicho que vetará el proyecto de ley que suministra fondos para esas áreas. Pero la verdad es que Bush se enfrentará a una presión política intensa para que no cumpla con su amenaza de usar el veto.

Una encuesta reciente muestra que el presidente está tan lejos del pensamiento del público en esta cuestión. Tres de cada cuatro personas se oponen a la propuesta de eliminar los derechos de varios millones de empleados al pago extra por horas extras. Hay una oposición abrumadora sin tener en cuenta la afiliación política, raza, nivel de ingreso o región geográfica, de acuerdo a una encuesta nacional que hizo la empresa independiente de encuestas, Peter D. Hart Research Associates. La encuesta, encargada por la AFL-CIO, fue hecha entre 862 adultos del 26 a 31 de agosto. Por un margen de 17 a uno, encontraron que un 52 por ciento del público piensa que las leyes federales sobre el pago por horas extras debe cambiarse para cubrir a más empleados. Solo tres por ciento piensa que menos gente deben ser protegido por la ley, mientras 38 por ciento piensan que se debe dejar como está.