El 6 de mayo la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de Nuevo Méjico demandó al distrito escolar de Albuquerque por no notificar a los padres que tienen la opción de prohibir a las escuelas públicas de darle el nombre y información sobre sus niños a los reclutadores militares. La ACLU acusa al distrito escolar de tener prácticas que violan los derechos de intimidad y proceso debido de los estudiantes y que no conforma con todas las estipulaciones de la Ley Ningún Niño Dejado Atrás. La ACLU dice que envió muchas cartas al distrito escolar de Albuquerque pidiendo que cumplan con la ley, pero a tiempo.

Esta ley, que entró en vigencia en el 2002, requiere a cada escuela superior de darle información a los reclutadores militares para que ellos puedan comunicarse con los estudiantes, acceso a reclutadores militares a propiedad escolar y acceso al departamento de Defensa a los archivos de cada estudiante. Al no hacerlo pierden fondos federales para la educación. La ley requiere que las escuelas notifiquen a los padres de que pueden exigir por escrito que no provean esta información a los militares. Son pocos los padres o estudiantes que conocen este aspecto de la ley.

Para muchos educadores, requerir compartir información personal va contra los derechos de los estudiantes. Bruce Hunter, que cabildea para la Asociación Norteamericana de Administradores Escolares, dice que esto es una partida clara de las leyes que protegen la privacidad de los estudiantes. “Hasta ahora, las escuelas podían compartir información sobre los estudiantes solo con otras instituciones educativas. Ahora otra gente quiere nuestras listas”, dijo Hunter. Él agregó, “Yo no quiero ver que los directorios estudiantiles se envíen a Verizon tampoco, simplemente porque ellos dicen que los niños necesitan teléfonos celulares para su seguridad”.

Robert V. Percival, profesor de derechos constitucionales en la Escuela de Derechos de la Universidad de Maryland en Baltimore, reta la constitucionalidad de los militares tener el derecho de conseguir información sobre los estudiantes. Él notó cuatro áreas de la ley que hace ilegal los militares tener acceso a la información. Una de esta fue la Enmienda Buckly del 1974 que le “da a los estudiantes poder sobre sus archivos [escolares] y otra información privada incluyendo sus nombres y direcciones”, dijo Percival.

Estudiantes en la escuela superior Frederick Douglas en Upper Marlboro, Maryland, dicen que los reclutadores militares lo llaman de rutina a sus hogares bloqueando sus números de teléfonos y envían sus cuentas de correo electrónico con propaganda para reclutar. “Las escuelas son para la educación no para las fuerzas militares”, dijo Martina Jones, parte de gobierno estudiantil en la escuela Frederick Douglas. “Un reclutador me dijo que yo sería una gran candidata militar por mi grado alto en los exámenes preuniversitarios [SAT]. ¿Como supo él mi grado?”, preguntó ella. Otros estudiantes contaron que a ellos los llamaron porque tenía bajo grados en los exámenes SAT y que le dijeron que tendría un futuro más exitoso en las Fuerzas Armadas que en la universidad.

Antes de que pasaran la Ley Ningún Niño Dejado Atrás, 15 por ciento de las escuelas superiores del país se negaban enviar información estudiantil a los reclutadores militares, mientras algunas hasta no permitían que los reclutadores estuvieran en propiedad escolar. Esto motivó la ira del senador republicano por Luisiana, David Vitter, que introdujo ese requisito en la ley. Los departamentos de Educación y de Defensa están cooperando en esto.

Mientras continúa la guerra en Irak, los reclutadores no pueden cumplir con sus cuotas de nuevos reclutas. El número de reclutas ha bajado por 14 por ciento.

Existe hoy un creciente movimiento contra el reclutamiento militar. En Seattle, Washington, cuando un grupo de padres y profesores votaron no permitir a los reclutadores militares en la escuela y le dijeron de lo que dice la ley, intensificaron su campaña en favor de optar no proveer la información.

En Nueva Jersey más de 80 por ciento de la escuela superior de Montclair optaron no permitir proveer la información después de una campaña dirigida por los estudiantes empezó en el 2004.

En Filadelfia Michael Hoffman, un veterano de la guerra en Irak, va a aulas para decirle a los estudiantes como es la guerra en realidad. Oskar Castro, del Comité de Servicio de Amigos Norteamericanos (cuáqueros), le da información a los estudiantes sobre como ser un objetor a la guerra por consciencia.

Joshua Gordy, reservista de 20 años en Filadelfia, fue reclutado en la escuela superior Kensington cuando tenía 17 años y era muy pobre para ir a la universidad. “Me dijeron que yo me podía ganar $35.000 al firmar, pero no ha pasado. El reclutamiento militar no debe estar en las escuelas. Ellos tienen más acceso [a los estudiantes] durante las horas escolares que los consejeros de escuela”, dijo Gordy. Ahora Gordy es parte de un grupo que le informa a los estudiantes sobre como optar por no permite que los militares consigan su información personal.