WASHINGTON, DC — La administración Bush está en guerra contra la democracia. Esto fue el mensaje dirigido a una conferencia sobre derechos electorales por los oradores, reunida aquí el 22 al 23 de noviembre. Según lo que dijeron muchos participantes, para proteger a los derechos electorales y demás libertades democráticas lo imprescindible es sacar a Bush de la silla presidencial en las elecciones de 2004.

La conferencia, que se titulaba “Reclamar la democracia: Obteniendo, fortaleciendo y ejerciendo el poder del derecho a votar,” fue patrocinada por 60 organizaciones nacionales, entre ellas el Centro pro Votación y Democracia, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles, la Organización Nacional para la Mujer (NOW por sus siglas en inglés), Causa Común, y la Liga de Mujeres Votantes.

Cuan inmediato es el peligro fue enfatizado por Craig Colman, representante legislativo del grupo Ciudadano Público. Él notó que, dos días antes, el presidente de la Comisión Administrativa de la Cámara de Representantes, Robert Ney, republicano por Ohio, había amenazado a los dirigentes de los grupos Voces para Familias Trabajadoras (apoyado por la AFL-CIO), Conjunto pro Familias Norteamericanas, Norteamérica Reuniéndose, Norteamérica Vota, y el Fondo Demócrata por una Mayoría en el Senado, a que se hagan presentes por orden judicial a dar testimonio a fuerzas. Todos los seis grupos se negaron a presentarse voluntariamente a dar testimonio a una audiencia de congresistas, la cual calificaron como “caza de brujas”.

Dijo Colman que los Republicanos no dicen nada en contra de Bush cuando él gasta $200 millones a comprarse un segundo término presidencial, pero “disparan como cohetes” cuando organizaciones pro-sindicales tratan de recoger a una pequeña parte del dineral que tiene Bush, pero con vistas a oponerse a la ala derecha republicana.

“Esto tiene todas las características de una inquisición”, dijo. “En verdad, es muy amenazante”.

El contexto de la conferencia fue el robo de las elecciones del 2000 por parte del equipo Bush-Cheney, cuando decenas de miles de votos fueron robados por una purga de votantes (en su mayoría afronorteamericanos y latinos) de los registros electorales, y la terminación prematura de la cuenta de votos en Florida. Ron Daniels, director ejecutivo del Centro pro Derechos Constitucionales, declaró a la conferencia que su grupo ha iniciado una petición a través de la Internet dirigida al Congreso, exigiendo la destitución del secretario de Justicia John Ashcroft, como el mayor culpable de la guerra contra la democracia. “Verdaderamente necesitamos un cambio de régimen en 2004”, dijo Daniels. “Se puede debatir sobre las diferencias entre demócratas y depublicanos, pero hay momentos de importancia extraordinaria en la historia, y hay que hacer lo que sea tácticamente necesaria … Las diferencias son incrementales, pero no sin consecuencias. Importan esas diferencias para la vida de la gente… Tenemos que ayudar a la gente a que lleguen a ser parte del movimiento por rescatar a la democracia”.

El representante Garnet Coleman, miembro de la legislatura estatal de Tejas, recibió fuertes aplausos cuando describió cómo él y sus 51 colegas huyeron a Ardmore, Oklahoma durante esta primavera para bloquear al chantaje del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes federal, Tom Delay, que buscaba manipular a los distritos electorales durante un año no electoral, para así aumentar por ocho republicanos más su mayoría en la Cámara de Washington. “Lo que llegó a ser evidente fue que esto era un golpe de estado”, denunció Coleman. “Mandaron a la Seguridad Patria tras nosotros. DeLay utilizaba a la casa del pueblo, a la legislatura del pueblo, para quitarnos la representación”. Últimamente, DeLay tuvo éxito, pero Coleman dijo a Nuestro Mundo que legisladores Afronorteamericanos e hispanos están peleando contra los nuevos distritos como una violación descarada de la Ley de Derechos al Voto del 1965.

Muchos de los grupos patrocinadores abogan por una enmienda constitucional para garantizar el derecho a votar, el financiamiento público de las elecciones, elecciones de segunda ronda instantáneas, representación proporcional, e inscripciones para votar en el mismo día de las elecciones. Pero, nada de esto verá luz de día mientras la ultraderecha republicana mantenga control de todas las tres ramas del gobierno.

Greg Moore, director ejecutivo del Fondo Nacional pro Votantes, de la Asociación Nacional por el Avance de Gente de Color (NAACP) dijo, “Vamos a enfocar una tremenda parte de nuestros esfuerzos en sacar al voto en 2004. No quisiéramos que lo de las elecciones del 2000 nos pase de vuelta”.

El Proyecto Voto, grupo afiliado con ACORN, está demandando que los oficiales estatales implementen vigorosamente la ley “Motorista-Votante,” que permite a motoristas inscribirse a votar cuando renueven sus licencias de conducir, dijo Joanne Breen Wright, directora diputada del grupo citado.

La presidenta de la Organización Nacional para las Mujeres [NOW] , Kim Gandy, dijo, “Wal-Mart tuvo una guerra contra el pago extra por horas extra (la cual ganó cuando se derrumbó la oposición en el Congreso). … Clear Channel se ha apoderado de nuestras ondas radiales. Y, en el nombre del patriotismo, estamos perdiendo los últimos rasgos de la democracia”. La lucha para recapturar el poderío político, dijo ella, “comienza donde hay que comenzar: en las urnas electorales”.

NOW ve a la “Marcha por la Vida de las Mujeres,” programada para el próximo 25 de abril, como un instrumento movilizador importante para la campaña electoral, dijo Gandy a Nuestro Mundo. “Intentaremos asegurar que haya muchísimo activismo como resultado de esa marcha — que la gente se inspire a comprometerse en las elecciones del 2004”.

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