La paz en Colombia, visto como un canje humanitario y negociaciones con la guerrilla, sufrió un revés últimamente cuando el gobierno empezó a intensificar una campaña de calumnias en contra de la izquierda. Con su nivel de aprobación publica alcanzando a 91 por ciento, el presidente Álvaro Uribe prepara un segundo intento anticonstitucional de reelección.

Una investigación judicial sobre el supuesto apoyo de Carlos Lozano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se había programado para el 3 de septiembre fue postergada hasta el 15 de septiembre. Lozano es un integrante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista y dirige el periódico del partido, Voz. También se van a interrogar oficialmente a las senadoras Piedad Córdoba e Inés Ramírez, al diputado Wilson Borja, al periodista William Parra y al ex candidato a la presidencia Álvaro Leyva por supuestos vínculos con terroristas.

En mayo, el gobierno alistó a Lozano y Leyva para llevar a cabo comunicaciones con las FARC, pero después se les acusa de ser simpatizantes de dicha organización. El 8 de agosto, el régimen encarceló a la socióloga Liliana Patricia Obando, acusándola de diversión de fondos de FENSEGURO, una organización de trabajadores del campo con la cual ella ha servido de consultora, a las FARC. El gobierno basó sus acusaciones en archivos computadorizados, ya bastante rebatidos, que fueron capturados el 1 de marzo en una redada en un campamento de las FARC en Ecuador.

El 27 de agosto, un millar de apoyadores de Lozano escuchaban a Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático Alternativo, la oposición de izquierda en Colombia, comparar el hecho de que el gobierno francés haya galardonado a Lozano con su “Legión de Honor” por sus contribuciones a un canje humanitario, con “este gobierno que pretende meterlo en la cárcel”. Lozano es un integrante del Concejo Nacional del Polo. La senadora Córdoba, del Partido Liberal, elogió a Lozano por su valentía personal y la de su partido.

En página cibernética del Partido Comunista Colombiano, el secretario general Jaime Caycedo, denunció al “macartismo” de las acusaciones expresadas por el vicepresidente Francisco Santos, en el sentido de que el Partido Comunista se dedica a la violencia e inventó a las FARC. Las FARC, dijo Caycedo, se fue desarrollando como una defensa campesina en contra de ataques y expropiaciones de tierras cultivables por parte de los grandes terratenientes, no por “influencias comunistas”. Es importante notar, agregó, que el terrorismo de estado en contra de los comunistas y la izquierda empezó desde mucho antes de la existencia de las FARC.

El 19 de agosto, sujetos armados siguieron a Caycedo, miembro del Concejo Municipal de Bogotá por el Polo. Jóvenes comunistas han sido víctimas de atropellos y las oficinas del partido han sido saqueadas. La mayoría de las personas acusadas por el gobierno son blancos de atropellos, ataques fracasados y amenazas de muerte. Caycedo y otros ven a horrores como el masacre de trabajadores bananeros en 1928, la matanza del pueblo después del asesinato del dirigente populista Jorge Gaitán en 1948, y la ejecución de mas de 5.000 candidatos, dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, como el contexto de la persecución de hoy.

Caycedo asevera que el gobierno ha inventado una cortina de humo para ocultar a la autoría intelectual el lazo orgánico entre sectores poderosos del negocio y del gobierno, con el aparato narcomilitar. Investigaciones realizadas por la Corte Suprema colombiana han producido acusaciones formales de vinculaciones con los “paras” en contra de 80 funcionarios del gobierno.

A fines de agosto, la revista “Semana” reportó que el gobierno de Uribe ha elaborado un complot en contra de la Corte Suprema. Bajo la ley colombiana de Paz y Justicia, líderes de los paramilitares derechistas aceptaron sentencias breves de encarcelamiento a cambio de confesar sus crímenes. Como resultado de lo revelado en estas confesiones, varios diputados nacionales fueron también encarcelados. Posteriormente, los abogados del cabecilla paramilitar Diego Fernando Murillo buscaron evitar su extradición a Estados Unidos por medio de proporcionar información que desacreditaba a la corte.

El escándalo salió a la luz durante la visita a Colombia del Investigador de la Corte Criminal Internacional Luís Moreno. Este jurista argentino no solo escuchó a peticiones de parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos para someter a juicio por crímenes de lesa humanidad a los políticos vinculados con los paramilitares. También se reunió con el presidente de la Suprema Corte Javier Ricuarte para hablar sobre las inquietudes que 15 dirigentes paramilitares habían sido enviados a Estados Unidos basado en acusaciones de narcotráfico, con fines de imposibilitar su testimonio dentro de Colombia.

Hay otros escándalos que van a salir a la luz pública. La cámara baja ha pedido que el presidente explique la razón por haber encarcelado a la senadora Yidis Medina. La Caravana Internacional de Juristas acaba de completar una gira investigadora de Colombia. En julio, el Tribunal Permanente del Pueblo emitió un reporte que fue cubierto por la prensa europea, acusando a varias corporaciones de haber violado los derechos humanos. El Tribunal Internacional de Opinión se reunirá en Bruselas este mes para condenar a los derechos humanos en Colombia como un crimen de estado.

Las realidades sociales en Colombia requieren la distracción. Investigaciones muestran que Colombia es país numero 11 en el mundo en cuanto a la desigualdad. Se va avanzando la desnutrición infantil y 20.000 de niños mueren cada año de enfermedades que se pueden prevenir. En los últimos dos años, se han descubierto a más de 4000 fosas comunes de personas asesinadas por los paramilitares.