La amenza del presidente George Bush de intervenir en las negociaciones entre el Sindicato Internacional de Muelles y Almacenes (ILWU por sus siglas en inglés) es un ejemplo clásico de como las leyes estadounidense que gobiernan las relaciones laborales patronales están más contra los trabajadores y sus uniones.

Aunque la lucha de la clase trabajadora estadounidense para ganar el derecho a organizar sindicatos y envolverse en las negociaciones colectivas siempre han sido difícil, pocas veces el movimiento laboral ha estado bajo tanto ataques como hoy en día.

Sean negociaciones entre las azafatas y American Airlines o los mecánicos de Northwest Airlines, la Casa Blanca dispara primero y hace preguntas después cuando tiene que ver con prohibir huelgas. El récord es peor con la amenaza de usar tropas federales en un esfuerzo para ayudar a la Asociación Marítima del Pacífico destruir el ILWU como un representante efectivo en los muelles de la costa occidental.

Después de años de duras luchas por la cual, por fin, se ganó la protección legal para organizar uniones. La Ley Clayton del 1914 dice que las leyes en contra de carteles de esa era no podían “interpretar como para prohibir la existencia y la operación de organizaciones laborales” añadiendo que las organizaciones laborales no podían “verse como combinaciones o complots ilegales para restringir el comercio.”

Pero no fue hasta el resurgimiento de los 1930s que los trabajadores pudieron ganar las protecciones de la Ley Norris-LaGuardia (1932) que le dio el derecho a las uniones laborales a organizar e ir a huelga.

La ley prohibió a las cortes federales a emitir ordenes de restricción o mandamiento judicial contra las actividades de los gremios laborales e individuos por organizar un sindicato, hacer paros, o aconsejar a otros ir a huelga o organizar.

Otra victoria de la lucha que dio surgimiento a sindicatos poderosos de la CIO incluye la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), popularmente conocida como la “Ley Wagner,” nombrada por su autor, el senador por Nueva York, Robert Wagner. Es legislación federal garantiza que trabajadores en industrias privadas tenga el derecho a organizar y unirse al movimiento sindical, escoger representantes, negociar colectivamente y hacer huelgas. Mientras que prohibe al patrón de cometer prácticas ilícitas laborales, tal como impedir con la formación de los sindicatos, impedir o rechazar negociar colectivamente con uniones que representen a sus empleados, la NLRA no tenía clausulas que definen ninguna práctica ilícita de parte de los sindicatos. La legislación sirvió para alentar el crecimiento de sindicatos de 3.548.000 afiliados en 1935 a 10.201.000 para el principio de la Segunda Guerra Mundial.

Otras leyes del Nuevo Trato los hizo ilegal transportar cualquier persona en comercio interestatal con el propósito de romper huelgas, sueldos vigentes, restringir la jornada normal a una de ocho horas diaria y 40 semanal, prohibió emplear reos o niños bajo le edad de 18, y estableció normas de sanidad y seguridad.

Las cosas cambiaron en 1947 cuando el 81 Congreso, controlado por los republicanos por la primera vez desde el 1930, venció el veto del presidente Truman y empujó la Ley Taft-Hartley por el Congreso. (El senador Wagner, enfermo, fue llevado a la cámara del Senado en camilla para votar.)

Aunque la legislación cambió muchas de las partes de la Ley Wagner, su peor artículo fueron esos dándole al departamento del Trabajo el poder de buscar una orden para terminar con o prevenir huelgas que “peligran a la salud nacional.” Desde los años que entró en vigencia 38 veces se han otorgado mandamientos judiciales contra uniones, la última vez en el 1978.

Mientras aparentamente retiene las garantías de los derechos laborales de la Ley Wagner, las enmiendas Taft-Hartly destruyó la Ley Norris-LaGuardia permitiendo mandamientos contra paros. Minó el derecho de los trabajadores escoger su propio representante al requerir que los oficiales sindicales firmen la infame declaración no comunista.

A pesar de los mejores esfuerzos de los sindicatos, la Ley Taft-Hartley todavía existe básicamente como fue escrita en el 1947. No han habido esfuerzos serios para revisarla desde el 1977 cuando partidarios de reforma de leyes laborales no pudieron conseguir los 60 votos necesarios para enmendar la ley.

El la reciente reunión del Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO se decidió renovar la campaña y asignar a una persona a tiempo completo a ese reto.

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