Desde la Casa Blanca hasta la Cámara de Comercio, pasando por las centrales sindicales y de algunos sectores empresariales, sobre todo de la industria agrícola, todos dicen favorecer una profunda y amplia reforma de las leyes migratorias. Pero a pesar del inmenso poder de estas agrupaciones, no han logrado su objetivo durante los últimos diez años.

Sin embargo, a escala local, las policías municipales, los alcaldes y el Immigration and Custom Enforcement (ICE) están construyendo en los hechos la política migratoria estadunidense, con estrictas medidas para perseguir a los indocumentados y castigar a quienes los contraten.

Esta experiencia se repite en cientos de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país.

El alcalde Rex Parris, de la ciudad de Lancaster (en la región norte del condado de Los Ángeles ) dicatminó que las empresas que operen en la ciudad están obligadas a utilizar el sistema de verificación de datos a empleados, mejor conocido como E-Verify, para asegurar que sólo los ciudadanos estadounidenses tengan los trabajos disponibles en Lancaster.

"Es absolutamente esencial que nuestros negocios locales cumplan con la ley cuando escojan a quién emplear", dijo.

La medida es producto de una ordenanza municipal que se aprobó a finales de octubre pasado, la cual también establece que se les podría revocar la licencia municipal a los negocios que contraten a indocumentados.

Lo que hace dificil no sólo trabajar, sino vivir como inmigrante en Estados Unidos.

También está el programa migratorio conocido como 287(g), que permite a gobiernos locales establecer acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional para que sus agentes reciban entrenamiento de ICE en la identificación y deportación de personas con estatus irregular.

Mientras que el programa 'Comunidades Seguras' , iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional, y componente clave del ICE, 'facilita' la deportación de reos indocumentados.

El secretario asistente del Departamento de Seguridad Interna (DHS), John Morton, explicó que con el nuevo programa de toma de huellas digitales a la hora del arresto, enlazada a bases de datos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional; el ICE tendrá la oportunidad de detectar a más inmigrantes indocumentados cuando lleguen a la cárcel y reducir así el riesgo de que "inmigrantes criminales" sean devueltos a las calles.

Desde que este programa fue creado en el 2008, el ICE ha deportado a miles de indocumentados. El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) denunció un aumento excesivo de las deportaciones, "más de 1,000 inmigrantes por día", durante la administración de Barack Obama, superando los índices del gobierno anterior.

El programa Comunidades Seguras opera en los condados Brevard, Broward, Charlotte, Clay, Collier, Duval, Hillsborough, Manatee, Marion, Miami Dade, St. John's, St. Lucie, Pinellas, Highlands, Monroe, Lake, y ahora en Orange, que se convirtió en el duodécimo condado de California que participa en el programa.

La batalla sobre la política migratoria estadunidense se manifiesta en los hechos en el ámbito local.

Por esta razón, las fuerzas que se oponen a cualquier reforma migratoria ya no enfilan sus baterías a influir en la política nacional, sino en las iniciativas locales y estatales.

Como planea hacer el Movimiento Socialista Nacional (NMS), de ideología nazi, que seleccionaron la ciudad de Los Ángeles para su manifestación nacional en contra de la inmigración indocumentada el 17 de abril, frente a la alcaldía, y exigir a los políticos su apoyo para defender los derechos de los trabajadores estadunidenses.

"Los inmigrantes se han posesionado de los puestos de trabajo que les corresponde a los estadunidenses y es el momento de que el poder blanco despierte", expresó Charles Wilson, su portavoz

Steve Poizner, actual comisionado de seguros del estado, y precandidato republicano (junto a Meg Whitman ) a la gubernatura de California, piensa lo mismo. Que el tema migratorio es un asunto estatal y no sólo federal. "Hay mucho que podemos hacer aquí en California," dijo. Habló de "quitar todo beneficio público a los ilegales".

La oposición a una reforma ha crecido tanto a escala local como federal. Pero no representa la corriente mayoritaria en este país, ni tal vez la mayoría dentro del propio Partido Republicano. El problema es que la enarbolan las bases más activas de ese partido.

Para revertir lo que en esencia es ya una reforma, miles de inmigrantes y defensores de sus derechos marchan a través de la nación para repudiar medidas federales que autorizan a policías locales aplicar leyes migratorias que, denuncian, han sido empleadas para violar los derechos humanos y civiles de comunidades inmigrantes y latinas en el país.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California. ampueroalberto@yahoo.com

Foto: reformimmigrationforamerica.org/blog/march-index/