Traducido por: Jacques LaPere
Al mismo tiempo que el Senado de EE.UU. comienza a encararse con las enmiendas a la Propuesta original, S 744, para la reforma inmigratoria que se le ofrecieron desde la cámara del Senado, las cosas están poniéndose fatal en la Cámara de Representantes.
El 6 de junio, los Representantes votaron, de acuerdo con el alineamiento político de sus respectivos partidos, 224 a 201 a favor de sabotear la tregua a las deportaciones, una acción que la administración de Obama les había ofrecido a los llamados "Soñadores" ("Dreamers") contra deportaciones-o sea, para proteger a aquellos inmigrantes indocumentados que fueron llevados a este país como menores de edad y quienes, bajo la S 744, hubieran podido solicitar que se legalizara su condición. Se logró dicho sabotaje legislativo al votar para bloquear cualquier financiamiento para este programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, es decir: "Acción Diferida para los que Llegaron como Niños") a fin de que no pudiera entrar en vigor. Se requiere, no obstante, un voto en el Senado para que esto llegue a ser una ley.
Mientras tanto, ha estado trabajando un comité compuesto de miembros de ambos partidos mayoritarios para crear legislación parecida a la de la propuesta ante el Senado, en el sentido de que ofrecería mayor seguridad interna y en las fronteras a cambio de programas para trabajadores huéspedes, los cuales desean las industrias, y en contra de la legalización de la abrumadora mayoría de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes en el país. Este proceso ha sido difícil, ya que la mayoría de los miembros de la Cámara de los Representantes son Republicanos, pero se anticipa que algún tipo de propuesta va a presentarse pronto.
Sin embargo, el Sr. John Boehner, Republicano y Líder de la Cámara, está elaborando una táctica legislativa en paralelo, la cual, de ser aprobada, involucraría una serie de propuestas represivas cuya política sería "sólo ejecutar la ley" antes de que se pudiera contemplar la legalización de cualquier persona indocumentada. Esto destruiría el equilibrio entre los intentos de acomodar a los inmigrantes indocumentados no criminales y los de darle a la industria lo que busca (mano de obra barata de los trabajadores huéspedes) y la introducción de nuevas medidas represivas.
Boehner también vuelve a invocar la política de votación del antiguo Líder de la Cámara, Dennis Hastert, según la cual sólo se somete a voto aquella legislación que ya cuenta con "una mayoría de la mayoría" a favor de ella; es decir, no sólo una mayoría de la Cámara tendría que apoyar una propuesta, sino también una mayoría de la camarilla republicana de dicha Cámara.
La propuesta más ultrajosa de las de carácter "sólo ejecutar la ley" que los Republicanos de la Cámara están promoviendo es la HR 2278, el Acta de Fortalecer y Fortificar ("Strengthen and Fortify Enforcement", SAFE). Su proponente principal es el Rep. Trey Gowdy, R-S.C., y hasta el momento sólo cuenta con el respaldo de 22 co-proponentes, entre los cuales se hallan tales ideólogos anti-inmigratorios empedernidos como James Sensenbrenner, R-Wis., y Lamar Smith, R-Texas, así como la portavoz de la misma "Tea Party", Michelle Bachman, R-Minn. Sin embargo, lo está promoviendo Bob Goodlatte, R-Va., jefe del Comité Judiciario de la Cámara (House Judiciary Committee) y se encaja bien con la agenda de Boehner, la cual consiste en promover legislación a favor de la ejecución excesivamente severa de la ley. El martes se empezaron las audiencias al respecto en el Comité Judiciario, a pesar de una protesta breve por los activistas a favor de los derechos de los inmigrantes.
El Acta SAFE incluye una variedad de rasgos severos, pero hay dos que han llamado más atención. Uno es que criminalizaría, a nivel menor, el mero hecho de estar ilegalmente en el país. El otro es que encerraría dentro de la ley federal la política de emplear los policías locales y estatales como agentes de ejecución de las leyes inmigratorias.
En la actualidad, es un delito federal menor entrar en el país "sin inspección", pero el mero hecho de estar en el país sin autorización (lo cual pudiera ser por haber entrado sin ser detectado o por haberle caducado la visa), no lo es; se considera que el proceder administrativo correctivo en tales casos es la deportación. El Acta SAFE haría posible el procesamiento hasta de miembros de familia que son residentes legales y los que son ciudadanos de EE.UU. por encubrimiento o complicidad en violar la ley al, por ejemplo, ofrecerles transporte o amparo a sus seres queridos indocumentados. Se aprobó una propuesta de este tipo en 2005, patrocinado por el miembro del Congreso Sensenbrenner, lo cual hizo estallar las manifestaciones masivas el año siguiente y aún después, cuando el Senado la detuvo.
Ahora hay dos programas federales que permiten el uso de policías como diputados para servir de agentes de la inmigración: 287 (g) y Comunidades Seguras ("Secure Communities"), pero sólo en comunidades específicas y supuestamente bajo supervisión federal. Aun así, hay quejas de que tanto la policía como los agentes de inmigración se escondan detrás de estos programas para emplear perfiles raciales y hostigar a inmigrantes.
El Acta SAFE le daría autorización comprensiva a los oficiales locales y del estado para soltar los policías encima de las comunidades de inmigrantes, como se ha intentado ya en Arizona y en otros lugares. Entre otros impactos negativos, esto echaría abajo cualquier tipo de colaboración entre las comunidades de inmigrantes y la policía local, lo cual repercutiría en la investigación de crímenes.
Otros aspectos del Acta SAFE aumentarían la tasa de encarcelación de los inmigrantes y eliminaría la posibilidad de que ciertas categorías de personas aquí por razones de asilo político pudieran hacerse ciudadanos naturalizados.
El Acta SAFE fue denunciado por los miembros de la Cámara que apoyan los derechos de los inmigrantes y las libertades civiles, entre ellos, los Representantes Luís Gutiérrez, D-Ill., y John Conyers, D-Mich., y por un gran número de organizaciones laborales, comunitarias y cívicas.
La Conferencia de Lideraje para los Derechos Civiles ("Leadership Conference for Civil Rights") emitió una declaración en la cual se detallaron los aspectos más peligrosos del Acta SAFE. En ella, destacaron que [la propuesta] "no arregla, ni es un intento de buena fe para arreglar los problemas generales que hay en el sistema inmigratorio de nuestro país. En muchas maneras, haría que los problemas se empeoraran. De ninguna manera apunta hacia un camino realista a la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan pacíficamente en nuestras comunidades".
Foto: Manifestantes a favor de la reforma inmigratoria alzan la voz en Washington, D.C. Jacquelyn Martin/AP
