LA HABANA (Prensa Latina) – La guerra de Estados Unidos contra Iraq no es una casualidad, como tampoco es una sorpresa su carácter ilegal. Una y otro – guerra e ilegitimidad – responden al libreto sobre el dominio del mundo que guía la geopolítica de la administración republicana.

Lo que ha estado ocurriendo a partir de la ocupación militar de Afganistán, incluida la actual agresión a Iraq, es parte sustantiva de lo contenido en la Estrategia para la Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos, dada a conocer el 17 de septiembre de 2002 por el gobierno de George W. Bush, un año después de los atentados en Nueva York y Washington.

Las ideas principales del documento han sido repetidas en discursos y declaraciones de Bush para tratar de justificar política y teóricamente la expansión del militarismo y dejar bien claro el mensaje aterrador que lo rige: el derecho a usar la fuerza militar en cualquier rincón del mundo cuando le venga en ganas.

“O conmigo o contra mí”, sería la traducción más exacta de esa filosofía, una patente de corso para conquistar el mundo que el unipolarismo y los atentados del 11 de septiembre de 2001 les ha facilitado.

La ESN desconoce el derecho internacional y pisotea la soberanía de todos los países, como acaba de verse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y rechaza cualquier acuerdo internacional si no conviene a Estados Unidos.

La concepción dominante es arrogarse el derecho a derrocar a cualquier régimen, en cualquier parte del mundo, que el gobierno de Washington considere hostil a lo que la Casa Blanca defina como sus intereses vitales.

De esa amenaza no escapan ni los países del Tercer Mundo ni los competidores principales de los Estados Unidos, a quienes el documento llama los “Grandes Poderes” como las naciones de la Unión Europea y Japón, o incluso Rusia y China.

En su aspecto ideológico, la ESN parte de una idea central clave: “El poderío e influencia de los Estados Unidos sobre el mundo no tienen ni precedente ni semejante”. Ese pensamiento agresivo y jactancioso es su línea rectora.

En su proyección estratégica se basa en un limitado sistema de alianzas muy pragmático que el documento describe como un “internacionalismo que se distingue por su americanismo y que refleja la unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales”, es decir, un internacionalismo único que proclama que lo que beneficia a los Estados Unidos beneficia al mundo entero.

Es decir, los “aliados” son subordinados directos de ese “americanismo” como sucede en los casos de Gran Bretaña y España, cabezas de turco en la pretendida “coalición” que participa en la agresión contra Iraq.

Lo que sucedió con el Consejo de Seguridad de la ONU está muy claro en el documento: “Aunque los Estados Unidos continuamente tratarán de obtener el apoyo de la comunidad internacional, no titubearemos en actuar solos.”

Esa arbitraria concepción expresa la peligrosa amenaza a la soberanía y a la paz mundial que representa la administración Bush, como indica el documento más adelante, sin ningún tipo de ocultamiento:

Estados Unidos “tomará toda acción necesaria para asegurar que nuestros esfuerzos, guiados por nuestro compromiso con la seguridad mundial, no serán descarrilados por investigaciones, telas de juicio o enjuiciamientos por parte del Tribunal Penal Mundial, cuya jurisdicción no se extiende a los ciudadanos estadounidenses y la cual no aceptamos.”

Es decir, las normas del derecho internacional no están escritas para los dirigentes estadounidenses y sus crímenes de guerra no serán purgados ni asumidas las violaciones de los derechos humanos. A Iraq lo podrán despedazar como realmente están haciendo, pero el asunto no será tratado en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.

Esa negativa a reconocer la autoridad de un tribunal internacional evidencia que la Casa Blanca está consciente de las atrocidades que comete en Iraq y que la ilegítima guerra -el crimen mayor de todos- que ha desatado junto con sus colegas de Londres y Madrid, es pasible de severas sanciones si se cumplieran las leyes consagradas por el derecho internacional.

Con la agresión a Iraq Washington pisoteó el precedente jurídico establecido en el Tribunal de Nuremberg durante los juicios a los criminales de guerra nazis, de que la planificación y lanzamiento de una guerra agresiva es un acto ilícito, no importa cuáles hayan sido los factores que hayan empujado a hacerlo.

La reiteración del presunto derecho de Estados Unidos a dar plazos para tomar acción militar unilateral contra Iraq sin tener que ofrecer pruebas verificables -que evidentemente no las poseía-, se constituyó en una declaración de poder absoluto de la Casa Blanca para recurrir a la violencia.

Al respecto, la ESN no deja lugar a dudas: “Tenemos que prepararnos para detener a las naciones pillas y a sus clientes terroristas antes que nos amenacen o usen armas para la destrucción en masa contra Estados Unidos, nuestros aliados y amigos”.

Por supuesto, la Casa Blanca es la que define a las naciones “pillas”, cuya lista abarca a 60 países.