“Es bastante malo cuando todo el mundo sabe que estamos entregando a sospechosos de terrorismo islámicos a países que utilizan al terror de manera rutinaria”, dijo sin ofrecer su nombre un oficial del departamento de Estado a un reportero el 26 de septiembre. “Pero aquí tenemos a un terrorista conocido, y queda claro que lo estamos protegiendo activamente para que no tenga que enfrentar a la justicia. Tenemos cero credibilidad”.

Se refería el oficial a Luís Posada Carriles, ex agente de inteligencia venezolano que había comparecido más temprano ese mismo día ante el juez William Abbot en un tribunal de inmigración en El Paso, Tejas. El juez dictaminó que Posada no iba ser extraditado a Venezuela, país en donde enfrenta cargos criminales por su papel en el bombardeo que destruyó a un avión Cubano matando a 73 personas, entre otros crímenes.

Posada, nacido en Cuba pero ciudadano naturalizado de Venezuela y con lazos bien establecidos con la CIA, llegó clandestinamente a Florida en marzo. Fue acusado de entrada ilegal a EEUU. Inicialmente buscaba asilo político, opción poco realista para un asesino y saboteador.

Venezuela hizo su petición de extradición el 15 de junio. Posada retiró su solicitud de asilo en una audiencia anterior el 29 de agosto, y esta última audiencia tuvo que ver con la cuestión de su deportación.

Para justificar su dictamen, el juez Abbot invocó a la Convención de la ONU Contra la Tortura. En una audiencia anterior, el abogado de Posada presentó a Joaquín Chaffardet , amigo y colega de Posada desde hace mucho, quien testificó al tribunal que el gobierno venezolano de Hugo Chávez tortura a prisioneros. La fiscal norteamericana también expresó preocupación porque, debido a los lazos entre Venezuela y Cuba, una vez en Venezuela Posada sería trasladado a Cuba.

No se presentó ninguna evidencia adicional en ninguna de las dos audiencias, de que se torturan a prisioneros en Venezuela, alegación negada vigorosamente por los oficiales de ese país sudamericano. Alí Rodríguez Araque, ministro venezolano de Relaciones Internacionales dijo a reporteros, “Estamos dispuestos a ponerlo en una celda con barrotes de oro y alimentarlo con caviar, con tal de que sea enjuiciado en Venezuela, porque no hay nada que indique que nosotros torturamos gente aquí”.

Notaron voceros venezolanos que recientemente EEUU se negó a invocar a la Convención contra la Tortura de la ONU cuando se regresaron a Venezuela a dos militares que participaron en el atentado de golpe fracasado contra Chávez en ese país en abril de 2002. En aquel caso, citaron una falta de evidencia de que haya tortura de presos en Venezuela.

Chaffardet fue el único testigo en las dos audiencias. Lo que sabe él sobre la tortura en Venezuela aparentemente se basa en su amistad de 40 años con Posada, y sobre su experiencia compartida trabajando con la agencia policíaca venezolana DISIP en la década de los 1970, organismo bien conocido por practicar torturas en aquella época.

Se piensa que hay poca probabilidad de una apelación por parte de la fiscalía. Seguirá Posada bajo detención durante 90 días más. Fuentes bien informadas sugieren que el gobierno de EEUU pueda utilizar ese tiempo para encontrar a una tercera nación dispuesta a ofrecer asilo al terrorista. O, bien, los abogados de Posada puedan solicitar su libe-ración condicional bajo palabra.

El abogado estadounidense José Pertierra, representante de Venezuela en el caso, dijo que la solicitud de extradición sigue vigente a pesar de la decisión desfavorable. Notó que a un tribunal de migración le falta jurisdicción sobre cuestiones de extradición, las cuales corresponden bajo la ley estadounidense a los tribunales federales, y que el proceso de la extradición tiene prioridad sobre los trámites de inmigración.

Los abogados citan a tres ins-trumentos legales que obligan al gobierno norteamericano a honrar la solicitud de extradición Venezolana: el tratado de extradición de 1922 entre los dos países, la Convención Internacional sobre la Aviación Civil, firmada en 1971, y La Convención Internacional para la Supresión de Ataques Te-rroristas, firmada en 1997.

Venezuela no se está rindiendo. El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel dijo el 30 de septiembre que si el gobierno norteamericano deporta a Posada a un tercer país, Venezuela presionará a ese país por su extradición. El presidente Chávez, hablando ese mismo día, calificó a Posada Carriles como “el Osama Bin Laden de Latinoamérica”. Hace dos meses, amenazó con alterar las relaciones diplomáticas con EEUU si a Posada no se le entrega.