Ahora que el Presidente Bush ha hecho su famoso pronunciamiento sobre cómo se encargará de los entre ocho y doce millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, las corporaciones de los medios de comunicación, al parecer sin entender efectivamente la propuesta de Bush, transmiten sus habituales chorradas.

Los expertos de la derecha chillan sobre “dádivas” y “amnistía” para quienes “quebrantan leyes” y terroristas potenciales, en tanto que algunos sectores moderados de la prensa saludan la propuesta como un gran regalo a los empeñosos y honestos trabajadores indocumentados en nuestro entorno. Ambas interpretaciones están completamente equivocadas.

Bush no propuso una “amnistía” para “inmigrantes ilegales”, él propuso un glorificado programa bracero o de trabajadores huéspedes para incluir a gente que vive sin papeles en Estados Unidos junto con personas que aún no han venido al país y a las que quizá les gustaría –Temporalmente, bajo muy estrictas condiciones– . Es cierto que a algunas personas que califican para este programa podría permitírsele solicitar la residencia legal, pero no sobre una base radicalmente diferente del programa que nos ocupa. El plan garantizaría una fuerza de trabajo dócil y mal pagada para ciertos empleadores y podría quizá ayudar a la agenda del presidente de acumular archivos de datos sobre todas las personas en el país, pero no les daría a los trabajadores indocumentados una vía a la ciudadanía y la igualdad. En vez de terminar con la explotación a los trabajadores indocumentados, la regularizaría.

El error más grande de la propuesta es que no garantiza que a las masas de trabajadores indocumentados y sus parientes se les permitirá regularizar su status y disfrutar de igualdad de derechos con otros no ciudadanos, y/o eventualmente alcanzar la ciudadanía y, con esto la completa igualdad. En tanto los inmigrantes esperan la dudosa proposición de que se les permitirá regularizar su estatus, se ven forzados a depender de la buena voluntad de su empleador, el que firmó los papeles asegurando que había un trabajo disponible para ellos que ningún ciudadanos americano quería. Esto da a los empleadores una gran herramienta antisindical, y así, servirá para mantener los salarios bajos y las malas condiciones laborales.

En segundo lugar, sin ninguna garantía, el inmigrante tiene que entregarse a las autoridades de EEUU, y confiar que ellas no usarán este contacto como base para el arresto y la deportación. Dada la experiencia reciente del programa de “registro” para los nacionales de países musulmanes, darle esa confianza a la administración sería un desatino.

¿Qué juego está jugando Bush? Al nivel más superficial, que ha sido muy comentado en la prensa, está tirando el anzuelo para conseguir votos latinos en las elecciones de 2004, al crear un vago sentimiento de bienestar hacia su persona en este sector. Otros han especulado que tiene otros motivos. Adolfo Aguilar Zinser, anterior embajador de Méjico ante la Organización de las Naciones Unidas que recientemente fue despedido por el presidente Fox por criticar a los Estados Unidos, escribe en el periódico de lengua española Hoy (14 de enero de 2004), que piensa que el plan de Bush podría ser, por un lado, hueca retórica electoral, diseñada para obtener el voto latino, mientras que por otra parte podría ser un mecanismo para colectar archivos de personas para tomar represalias en su contra más tarde. Ambas posibilidades podrían ser verdaderas. Creo, sin embargo, que Bush está jugando un juego más profundo y complicado, que busca debilitar la solidaridad entre las fuerzas opositoras a sus políticas.

La lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos ha ido construyendo una enorme coalición entre las comunidades de inmigrantes y el trabajo organizado, que ha fortalecido a ambos. Tanto la Caravana de Libertad para los Trabajadores Inmigrantes y la campaña de 2002 Reward Work fueron ampliamente populares entre las comunidades de inmigrantes, y constituyeron poderosos esfuerzos del Sindicato de Empleados de Hotel y Empleados de Restaurantes y del SEIU, respectivamente, construir una base entre los trabajadores inmigrantes. A esta coalición inmigrante/laboral, una de las más fuertes que hemos visto en años, tenemos que agregar que el gobierno de Méjico fue, aunque tibio y poco fiable, un importante socio. El gobierno conservador del mejicano Vicente Fox no está ideológicamente en sintonía con el laborismo de Estados Unidos, pero para mantener a la gradualmente inquieta opinión pública tranquila tiene que verse haciendo algo para aliviar la apremiante situación de los mejicanos al norte de la frontera. De esta manera, él siempre promete “traer el tema” de los “inmigrantes mejicanos” cada vez que se reúne con George W. Bush.

El presidente Bush no es tonto, sólo lo aparenta en televisión. O quizá es un poco lento, pero tiene un equipo de hábiles e implacables consejeros que saben cómo jugar el juego de “divide y vencerás”. Al ver la alianza tripartita de facto entre el laborismo estadounidense, los trabajadores inmigrantes y el gobierno mejicano, la administración Bush ahora explora qué presión ejercer. Y en su típica manera servil, Fox firma ahora las alabanzas de esta irrelevante “propuesta migratoria”. Esto era de esperarse del anterior directivo de la corporación Coca-Cola para el hemisferio occidental, quien hace dos años quedó como un verdadero asno, al ser sorprendido tratando de seguirle el juego a Bush y excluir al presidente de Cuba, Fidel Castro de la Cumbre Económica de Monterrey, un cónclave de las Naciones Unidas al que Castro, como jefe de Estado, tenía todo el derecho de asistir. El despido del embajador Aguilar Zinser es otro ejemplo de la actitud servil de Fox hacia Washington. Quizá la opinión pública en Méjico pueda hacer que Fox sea más crítico, pero nadie puede apoyarse en una caña tan débil como es el gobierno de Méjico ahora.

Así, si algo es logrado en apoyo a los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, debe venir del fortalecimiento y la expansión de la alianza laboral-inmigrante. En los pocos días desde que Bush hizo su anuncio, la alianza se ha mantenido firme al nivel organizativo o de liderazgo, en tanto líderes sindicales prominentes como Eliseo Medina, del SEIU, se han unido a los líderes de la comunidad en su crítica a las propuestas de Bush y sigue en la demanda de un programa de legalización completa. Pero al nivel del grosor de la población inmigrante, tendremos que ver si los esfuerzos de unos por vender este plan fraudulento como “una nueva amnistía” conducirá a un falso optimismo.

Como quiera que sea, esta alianza necesita ser reforzada y expandida sobre una base constante. Esto implicaría no sólo traer más grupos laborales e inmigrantes y organizaciones a esta alianza, sino organizar el apoyo y la solidaridad de todos los sectores de la población de EEUU, inmigrantes y no inmigrantes. Todos los activistas progresistas deberían entender la importancia de esto y dar el apoyo que puedan.