DALLAS, Tejas — Farmers Branch, un suburbio de Dallas, ha logrado la triste distinción de ser la primera ciudad norteamericana a criminalizar a dueños y terratenientes que dan albergue a los no ciudadanos. Aunque hayan intentado casi 50 ciudades por todo el país establecer prohibiciones similares, muchos de estas no han entrado en vigencia por demandas en los tribunales y ninguna de ellas fue aprobada por los residentes municipales en las urnas electorales. La Ordenanza 2093, la primera prohibición aprobada por voto ciudadana, requiere a los dueños y terratenientes verificar la ciudadanía norteamericana multa $500 cada día por cada inquilino que carece de residencia legal estadounidense.

Esta medida antiinmigrante ganó por un margen de 68 a 38 por ciento, llevando a sus proponentes a declarar que los residentes “se han mantenido firmes por Farmers Branch”. En realidad, aunque la prensa comercial había previsto una concurrencia histórica a las urnas, los números finales indican que menos de la mitad, solamente un 43 por ciento de los votantes inscritos votaron. La participación electoral en otro suburbio cercano en donde se celebraba un voto para aprobar bonos de financiamiento para las escuelas secundarias era mayor.

Aunque el efecto inmediato de la nueva ley parece impactar únicamente a un número reducido de residentes del norte de Tejas, dicen sus partidarios que la medida es solo el comienzo de su agenda. Ven estos a los resultados de las elecciones como un fuerte mensaje enviado al gobierno federal, a que se imponga legislación migratoria más dura.

Anda a la vanguardia del movimiento divisionista y antiinmigrante en Farmers Branch el concejal municipal Tim O’Hare, abogado de injurias personales cuyo nombre ya luce prominentemente entre la lista de reaccionarios tejanos.

O’Hare dice que ya ha recibido mensajes de muchos administradores municipales de muchas partes del país y que han ofrecido ayudarlos en sus esfuerzos por aplicar todo el rigor de la ley a los indocumentados.

Desde el verano de 2006 los residentes de Farmers Branch han sido asaltado por una campaña de desinformación y miedo, y los proponentes de la Ordenanza 2903 lograron convencer a los votantes de que se puede culpar a la creciente población “ilegal” de todos los problemas de la ciudad, desde los valores de inmobiliarias hasta el rendimiento de las escuelas públicas.

El alcalde local, profesores de economía de la vecina Universidad del Norte de Tejas, y el controlador estatal, todos trataron de explicarles pacientemente que estos supuestos hechos estaban distorsionados. Por la desgracia de los residentes que no pudieron o no quisieron ver los números verdaderos, ya son inevitables los problemas financieros de la ciudad. Existen cuatro demandas contra Farmers Branch, y el bufete de abogados que representa al municipio ya les están cobrando $262.000. Observadores esperan que los gastos legales vayan a alcanzar a algunos 5 millones de dólares en el curso de los próximos años.

Mientras tanto, los dueños y terratenientes ya comienzan a experimentar un declive en el porcentaje de casas y apartamentos rentados.

Dos ex gerentes de apartamentos que tenían entre ellos unos 20 años de experiencia que ahora trabajan en las oficinas corporativas de uno de los mayores dueños de comunidades de apartamentos de toda la nación hablaron con Nuestro Mundo.

“No me parece justo que una ley les exija a los dueños discriminar en verdad en contra de la gente que necesita vivienda para su familia”, dijo Casey Thornton. “Y en áreas en donde cae dramáticamente el porcentaje de apartamentos rentados, a los gerentes no les queda otra opción que reducir a los que quieren rentar los límites mínimos de ingresos y crédito, lo que tendrá como probable efecto la creación de comunidades marginadas en medio de una ciudad”.

Su colega, Janine Rodríguez Zúñiga, declaró, “Simplemente el miedo de ser víctimas del odio va hacer que se vayan de Farmers Branch muchos ciudadanos legales. Ya lo pueden sentir cuando van de compra, cuando llevan a sus hijos a la escuela. Se sienten indeseables, hasta amenazados por sus vecinos anglosajones”.

A pesar del daño ya causado — una comunidad de vecino en contra vecino en un episodio de histeria y temor — los partidarios de la medida antiinmigrante, proclamando una gran victoria.

Es muy probable que haya otros votos similares. Mientras que los no ciudadanos de Farmers Branch ganaron el apoyo de las organizaciones latinas como MALDEF y LULAC, muchos grupos progresistas no hicieron más que prestar sus nombres respectivas en apoyo a los que se opusieron a la Ordenanza 2903.

Entre las excepciones estaban los representantes estatales locales que organizaron un taller con fines de ayudarles a los inmigrantes a completar los trámites para la ciudadanía. Danna Pyke, del Centro por la Paz y la organización de base “Que Decidan los Votantes”, trabajaba incansablemente por educar e inscribir votantes. Desgraciadamente, la movilización de opositores a las urnas estaba corta.

Lisa Casey Perry (perry5 @swbell.net) es activista en el norte de Tejas.