Parece que el ejercicio de la democracia representativa instaurada en el Ecuador hace treinta anos, de la que tanto se ufanan los corifeos de la llamada “democracia del Hemisferio Occidental”, lo único que ha producido es confirmar su condición de país de la periferia al servicio del capital transnacional, que ha dejado una secuela del 70 por ciento de su población en la línea de la pobreza y ha derrocado, sin el debido proceso jurídico, tres gobiernos constitucionales en los últimos diez años.

Rafael Correa sube a la presidencia del Ecuador con el 57 por ciento de la votación y actualmente goza del 73 por ciento de la aceptación popular. La instalación de la Asamblea Constituyente es punto cardinal en su programa de gobierno. Pero antes debe consultarse al país si esta de acuerdo en que se lleve a cabo dicha Asamblea Constituyente mediante una Consulta Popular. Con tal motivo, el presidente Correa sometió este proyecto de llamar a Consulta Popular a la consideración de los organismos pertinentes, como el Tribunal Supremo Electoral y Congreso de la República. Este último respondió afirmativamente con la añadidura de una restricción: que cuando se instale la Asamblea Constituyente los actuales miembros del poder legislativo y otros no pueden ser removidos.

Esta arbitraria actitud del Congreso se explica porque los partidos de oposición a los planes del presidente están allá en mayoría. Estos partidos de oposición no están de acuerdo con convocar a Asamblea Constituyente porque cualquier modificación de temas como propiedad privada, soberanía, recursos naturales, distribución justa de la riqueza, que la salud, educación, sistema de justicia están al alcance del pueblo, va en contra de sus intereses económicos de los que ha venido gozando por 180 años, desde la época de la independencia de España.

El presidente no acogió la restricción que agregó el Congreso y en la Convocatoria a Consulta Popular, que fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, indicó que la Asamblea Constituyente tendrá plenos poderes. Esto fue suficiente para que el Congreso aprobara una resolución cesando en sus funciones al presidente del Tribunal Supremo Electoral e iniciando proceso de destitución a los tres vocales del mismo, que aprobaron esa Convocatoria.

Se desató la pugna de poderes. Por un lado, el Congreso empeñado en obstaculizar la consulta y por ende la instalación de la Asamblea Constituyente, por otro lado el presidente Correa y el Tribunal Supremo Electoral, en pleno ejercicio de los poderes que les concede la actual Constitución de sacar al país de este atolladero. En efecto, el ordenamiento jurídico en tiempo de elecciones, la Ley de Elecciones, concede al Tribunal Supremo Electoral toda la potestad para hacer respetar un proceso electoral en marcha y sancionar a responsables que tratan de obstaculizarlo. En esta virtud, el Tribunal Supremo Electoral sancionó con la destitución y la suspensión de sus derechos políticos por un ano a 57 diputados del Congreso.

El nacimiento de un nuevo orden nacional, más equitativo, más justo, viene acompañado del resentimiento de los que constituyeron la patria vieja que se resisten a perder sus privilegios. Los partidos de izquierda, que constituyen la minoría en el Congreso, han solicitado la reestructuración del Congreso Nacional llamando a los diputados alternos pertenecientes a los mismos partidos políticos que han pretendido interferir en la instalación de la Asamblea Constituyente, a fin de que se integre y empiece a funcionar normalmente este órgano legislativo. Se hacen preparativos para principalizar a los diputados suplentes en la semana del 25 de marzo.

La prensa oligárquica del Ecuador, que a su vez sirve las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos en el mundo, así como los medios norteamericanos, presentan este caso como “la crisis de la democracia en el Ecuador. Llama la atención que esa prensa no tuvo ni una palabra de rechazo cuando las huestes fascistas de Pinochet masacraba al pueblo de Chile, bombardeaba el palacio presidencial y mataron al presidente constitucional Allende con el beneplácito de la primera potencia “libre y “democrática” del mundo, que pagó a los sicarios que desestabilizaron a Chile. La lista de atropellos no termina ahí. Quizás esta vez el pueblo de Ecuador escoja bien su destino en el grupo de países que conforman el régimen de las democracias participativas en el seno de una comunidad solidaria de naciones.