Los países de América Latina luchaban contra la peor crisis financiera de la historia dentro de un relativo orden institucional.
Cuando el Presidente de Estados Unidos Barack Obama, de viaje en Moscú para abordar temas vitales en materia de armas nucleares, declaraba que el único presidente constitucional de Honduras era Manuel Zelaya, en Washington la extrema derecha y los halcones maniobraban para que éste negociara el humillante perdón por las ilegalidades que le atribuyen los golpistas.
Era obvio que tal acto significaría ante los suyos y ante el mundo su desaparición de la escena política.
Está probado que cuando Zelaya anunció que regresaría el 5 de julio, estaba decidido a cumplir su promesa de compartir con su pueblo la brutal represión golpista.
Con el Presidente viajaban Miguel d´Escoto, presidente pro témpore de la Asamblea General de la ONU, y Patricia Rodas, la canciller de Honduras, así como un periodista de Telesur y otros, hasta 9 personas. Zelaya mantuvo su decisión de aterrizar. Me consta que en pleno vuelo, cuando se aproximaba a Tegucigalpa, se le informó desde tierra sobre las imágenes de Telesur, en el instante que la enorme masa que lo esperaba en el exterior del aeropuerto, estaba siendo atacada por los militares con gases lacrimógenos y fuego de fusiles automáticos.
Su reacción inmediata fue pedir altura para denunciar los hechos por Telesur y demandar a los jefes de aquella tropa que cesara la represión. Después les informó que procedería al aterrizaje. El alto mando ordenó entonces obstruir la pista. En cuestión de segundos vehículos de transporte motorizados la obstruyeron.
Tres veces pasó el Jet Falcon, a baja altura, por encima del aeropuerto. Los especialistas explican que el momento más tenso y peligroso para los pilotos es cuando naves rápidas y de poco porte, como la que conducía al Presidente, reducen la velocidad para hacer contacto con la pista. Por eso pienso que fue audaz y valiente aquel intento de regresar a Honduras.
Si deseaban juzgarlo por supuestos delitos constitucionales, ¿por qué no le permitieron aterrizar?
Zelaya sabe que estaba en juego no solo la Constitución de Honduras, sino también el derecho de los pueblos de América Latina a elegir a sus gobernantes.
Honduras es hoy no solo un país ocupado por los golpistas, sino además un país ocupado por las fuerzas armadas de Estados Unidos.
La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada en 1981 bajo la administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el coronel Oliver North cuando dirigió la guerra sucia contra Nicaragua, y el Gobierno de Estados Unidos dirigió desde ese punto los ataques contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que costaron decenas de miles de vidas.
Allí se encuentra la “Fuerza de Tarea Conjunta Bravo” de Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85 por ciento del área de la base. Eva Golinger divulga su papel en un artículo publicado en el sitio digital Rebelión el 2 de julio de 2009, titulado “La base militar de Estados Unidos en Honduras en el centro del golpe”. Ella explica que “la Constitución de Honduras no permite legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo ‘de mano’ entre Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de militares estadounidenses en la base, por un acuerdo ‘semi-permanente’. El acuerdo se efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a Honduras… el tercer país más pobre del hemisferio.” Ella añade que “…el acuerdo que permite la presencia militar de Estados Unidos en el país centroamericano puede ser retirado sin aviso”.
Soto Cano es igualmente sede de la Academia de la Aviación de Honduras. Parte de los componentes de la fuerza de tarea militar de Estados Unidos está integrada por soldados hondureños.
¿Cuál es el objetivo de la base militar, los aviones, los helicópteros y la fuerza de tarea de Estados Unidos en Honduras? Sin duda que sirve únicamente para emplearla en Centroamérica. La lucha contra el narcotráfico no requiere de esas armas.
Si el presidente Manuel Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola de golpes de Estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán éstos a merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la Escuela de las Américas, experta en torturas, la guerra psicológica y el terror. La autoridad de muchos gobiernos civiles en Centro y Suramérica quedaría debilitada. No están muy distantes aquellos tiempos tenebrosos. Los militares golpistas ni siquiera le prestarían atención a la administración civil de Estados Unidos. Puede ser muy negativo para un presidente que, como Barack Obama, desea mejorar la imagen de ese país. El Pentágono obedece formalmente al poder civil. Todavía las legiones, como en Roma, no han asumido el mando del imperio.
No sería comprensible que Zelaya admita ahora maniobras dilatorias que desgastarían las considerables fuerzas sociales que lo apoyan y solo conducen a un irreparable desgaste.
El Presidente ilegalmente derrocado no busca el poder, pero defiende un principio, y como dijo Martí: “Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército.”
Muere el golpe o mueren las constituciones