En su reunión de invierno, la semana pasada, la Conferencia Estadounidense de Alcaldes hizo un llamado al Congreso a que reforme la Administración Federal de Viviendas para que este organismo pueda ayudar a los dueños de casas que tienen problemas con sus hipotecas, ayudar a los vecindarios donde hay muchas ejecuciones hipotecarias.
Los gobiernos municipales y de condados y activistas por la viviendas han lanzado su propia lucha.
En California dueños de más de 84.000 casas y condominios fueron víctimas ejecuciones hipotecarias, más de seis veces del 2006 – más de 31 mil fueron en los últimos tres meses del año. Más de 81.000 dueños de casas han recibido notificación de que están atrasados en el pago – primer paso hacia las ejecuciones hipotecarias – en esos últimos tres meses.
En los condados Los Ángeles, Riverside, Orange y San Bernardino las notificaciones se han doblado comparado con el 2006.
En el área de San Francisco el condado Contra Costa está peor la crisis. Tienen más de 4 mil ejecuciones hipotecarias el pasado año. Los condados Alameda y Solano no se quedan atrás.
En enero 15 la Junta de Supervisores del Condado Contra Costa unánimemente pasaron una resolución pidiendo a los prestamistas de hipotecas de alto riesgo que voluntariamente declaren una moratoria de ejecuciones hipotecarias por seis meses.
John Gioia, uno de los que introdujeron la resolución, dijo que aunque la resolución no tiene fuerza legal los legisladores en la junta van a “presionar a los prestamistas para que cooperen”. Agregó Gioia, “Si el gobierno federal no quiere ser líder en esta cuestión, a veces los gobiernos locales pueden”.
La Asociación de Alcaldes y Supervisores de oeste del condado Contra Costa apoya a la resolución y se espera que la Conferencia de Alcaldes de Contra Costa lo apruebe el febrero 7. Los concejos municipales de Richmond y otra comunidades cercanas se esperan que hagan lo mismo.
Entre los que más están sufriendo son los residentes afronorteamericanos, latinoamericanos – especialmente los inmigrantes – y los ancianos, dijo Gioia.
Gioia dijo que se necesitan leyes urgentemente que obliguen a los prestamistas darle información sobre sus préstamos a los dueños de casas para que estos sepan, en idioma que se entienda, los detalles del préstamo hipotecario. “Está claro que los precios de las casas eran artificialmente altos”, él dijo.
Charles Jackson, vocero nacional de grupo ACORN (Asociación de Organizaciones Comunitarias para la Reformas Ahora), que ayudó formular la resolución de Contra Costa y una medida similar en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, dijo que el llamado por una moratoria es parte de una campaña nacional.
“Esperamos que a través de estas resoluciones los prestamistas se den cuenta de que los oficiales electos locales están preocupados y darán un vistazo a sus prácticas para reformarlas para el beneficio de ambos los prestamistas y los que cogen prestado”, Jackson le dijo a Nuestro Mundo. “Lo único que pedimos es que tomen un suspiro para hacer un plan de pago nuevo”.
La Legislatura de California está considerando un proyecto de ley para bregar con la crisis. Esto incluye medidas que obliguen a los prestamistas notificar a los dueños de casas antes de que suba el interés de sus préstamo.
Municipios luchan contra crisis hipotecaria