El gobierno derechista del presidente Álvaro Uribe en Colombia tiene que bregar con un escándalo que surge de revelaciones de nexos entre los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y elementos gobernantes de la sociedad colombiana.

Según fuentes del gobierno norteamericano, los paramilitares tienen la culpa por más de 80 por ciento de los asesinatos políticos y de narcotráfico. El hecho de que Washington respalda a las fuerzas armadas y policías de Colombia con un total de 3,8 mil millones de dólares durante 6 años, sugiere complicidad de Estados Unidos con los atropellos en contra de los derechos humanos en el país suramericano.

Presionados por la administración de Bush y encarándose con la reelección el año pasado, Uribe hizo algunos gestos superficiales que se supone eran para controlar a los paramilitares. Pero su ley de 2005 “Pro-Justicia y Paz” autorizó a la fiscalí a que se les asignara un estatus “político” en lugar de “criminal” a los dirigentes paramilitares que se encuentran bajo investigación. Los elementos en cuestión se encuentran hospedados en celdas cómodas, con toda confianza de que sus sentencias van a ser ligeras y sus propiedades intactas.

A pesar de que unas 20.000 personas abandonaron las filas de los paramilitares debido a estas presiones, se dice que miles ya se están reagrupándose. Están haciendo esto a pesar de la promesa del gobierno norteamericano de proporcionarles $20 millones para desmovilizarse.

Las personas detenidas admiten haber matado a miles de personas. Al inicio del año 2006, los investigadores abrieron una computadora que pertenecía a Rodrigo Tovar, mejor conocido como “Jorge 40”. De ella, el público se enteró de los pormenores de los asesinatos de 558 personas en dos años, contratos del gobierno con los paramilitares, archivos de narcotráfico, y evidencias de vinculaciones de los paramilitares con los funcionarios del gobierno, con terratenientes, policías y negociantes.

Oficiales de alto rango de los servicios de seguridad que fueron despedidos el año pasado les dijeron a los periodistas acerca de la colaboración entre policías secretos con los paramilitares en matar e intimidar a los civiles y en la protección de los narcotraficantes. Surgieron acusaciones de nexos entre paramilitares y agentes antidrogas de Estados Unidos.

El mes pasado el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso le dio a la fiscalía un documento firmado por él y 31 otras personas en 2001, en el cual se comprometieron a formar “un nuevo contrato social”. Los firmantes incluyeron paramilitares, 4 senadores, 8 diputados, 2 gobernadores, 4 alcaldes y unos ganaderos. El mismo Mancuso confesó de haber ordenado secuestros y el asesinato de 336 individuos.

El 15 de febrero la Corte Suprema autorizó la detención de 4 senadores y 2 diputados con nexos con los paramilitares. Uno de ellos, el senador Álvaro Araujo, es el hermano de la cancillera colombiana, María Araujo, quien renunció el 19 de febrero. En noviembre arrestaron a 4 diputados más.

Antes de exiliarse en 2002 a causa de amenazas de muerte, el periodista Fernando Garavito, en colaboración con Joseph Contreres de la revista norteamericana Newsweek, proporcionó documentación de los nexos del presidente Uribe y su familia con los narcotraficantes de Ochoa y con Pablo Escobar.

En julio de 2004, Uribe rechazó como “sin comprobantes” un documento de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que dijo “Álvaro Uribe ha utilizado puestos altos en su gobierno para colaborar con el cartel de Medellín”, agregando que “Uribe se ha implicado en el narcotráfico en los Estados Unidos”.

El hermano del presidente, Santiago Uribe, repetidas veces ha sido acusado de haber establecido un grupo paramilitar para asesinar a los campesinos. Dos primos hermanos han atravesado un año en la cárcel por haber asesinatos tipo “paramilitares” en Antioquia.