El 11 de enero un gran jurado federal entrepuso una acusación formal contra Luís Posada Carriles por un cargo de fraude y otros seis cargos de haber ofrecido información falsa sobre su llegada ilegal a EEUU el 17 de marzo de 2005. Están muy lejos estos cargos de las acusaciones de terrorismo y asesinato generalmente asociado con el expatriado cubano.

Quedan bien documentados sus crímenes. Afirma material desclasificado divulgado por los Archivos Nacionales de Seguridad su papel en la destrucción por artefacto explosivo de un avión cubano de pasajeros en 1976, provocando la muerte de 73 pasajeros, Ann Louise Bardach, escribiendo por The New York Times lo oyó aceptar responsabilidad por los bombazos a hoteles de La Habana en 1997, causando uno de ellos la muerte de un turista italiano.

Está Posada bajo la protección de Cubanoamericanos ultraderechistas. Como ex operativo de la CIA durante la década de los ‘60 y más tarde con la Contra nicaragüense, se encuentra en muy buena posición, si es que comparece a los tribunales, para desconcertar a sus ex patrones.

Aunque las autoridades migratorias norteamericanas lo han detenido desde el 17 de mayo de 2005, solamente se le ha acusado hasta ahora de entrada ilegal. Ha rechazado Washington las pedidas de extradición de Posada a Venezuela, en donde se le busca para recomenzar procesos legales en su contra por lo del avión cubano, procesos interrumpidos por su escape de la cárcel, ayudado por la CIA, en 1985.

Por casi dos años la opinión pública mundial ha condenado la tolerancia a un terrorista por parte del encabezado autoproclamado de la guerra contra el terrorismo, George W. Bush. Además, ha causado una denuncia generalizada la clara contradicción entre el trato suave ofrecido a Posada y la persecución brutal proporcionada a los cinco antiterroristas cubanos encarcelados en prisiones norteamericanas.

En septiembre, decretó un juez federal que tienen que ser o deportados o liberados los inmigrantes indocumentados. Después de que rechazaron seis países aceptarlo a Posada, resultaba poco probable su deportación. La fecha límite para la liberación de Posada fue el 1 de febrero y Washington, quizás cauteloso de la liberación de un asesino, tomo acción.

Cualquier proceso bajo cargos de fraude e información falsa tiene la potencial de mantenerlo tras rejas. Indicó el abogado José Pertierra que decidirá una audiencia el 17 de enero sobre cuestiones de libertad condicional bajo fianza para Posada junto con otras condiciones previas al proceso.

Añadió Pertierra, representante legal de Venezuela en EEUU, que con cargos ya pendientes, Posada ya no puede ser sujeto a la extradición a Venezuela. Todavía se le puede procesar “por terrorista, como marcan los tratados internacionales”.

Depende el caso del gobierno contra Posada del testimonio de Gilbert Abascal, asociado de Santiago Álvarez, contratista adinerado y terrorista anticubano, y de un empleado de Álvarez, Osvaldo Mitad. Contradijo Abacal las declaraciones de Posada a oficiales migratorios y la prensa, de que había cruzado de México a Texas, tomando luego el camión a Miami.

Dijo Abascal a fiscales que Álvarez, Mitad y él habían tripulado el yate “Santrina” mientras trasladaban a Posada de Isla de Mujeres, cerca de la península mexicana de Yucatán, a una marina de Florida. Ya había presentado ese relato de los hechos Fidel Casto en la televisión cubana el 11 de abril de 2005, solo provocando la negación de la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, tocante a la presencia de Posada en ese estado.

Habían sido convocados Álvarez y Mitad de las cárceles de Florida para declarar el 11 de enero ante el tribunal de El Paso. Cargos contra Álvarez y Mitad en Florida los habían mandado a la cárcel por posesión ilegal de armas, pero les fueron reducidas sus condenas en un arreglo con el fiscal.

Resulta sorprendente que, al parecer, hay siquiera otra investigación federal actual buscando descubir algunas de las actividades terroristas de Posada. Hay reportes de que ha escuchado un gran jurado federal en Newark, Nueva Jersey reportes sobre el traslado de dinero desde la comunidad Cubanoamericana de Nueva Jersey a Posada en El Salvador en el momento cuando organizaba ese último ataques explosivos contra hoteles cubanos.

En octubre emitieron los fiscales una citatoria judicial a la reportera Ann Louise Bardach, ordenándola revelar los fuentes de su artículo sobre Posada en The New York Times.

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