En lo que es un atraso para el gobierno revolucionario de Bolivia encabezado por el presidente Evo Morales 80 por ciento de los que votaron aprobaron un plan de autonomía en el departamento de Santa Cruz el 4 de mayo en referéndum. Morales ganó la presidencia con mayoría abrumadora en el 2005.

Anteriormente, el gobierno había citado fallos y declaraciones del Congreso Nacional boliviano, la Asamblea Constituyente, la Corte Nacional Electoral, y la Organización de Estados Americanos para declarar ilegal al referéndum. Como 40 por ciento de los votantes cumplieron con un llamado a boicotear la votación y 15 por ciento más destruyeron sus papeletas. Grupos juveniles racistas en Santa Cruz salieron a intimidar a votantes indígenas mientras gente en la oposición al referéndum bloquearon autopistas y quemaron papeletas que encontraron ya marcadas en favor del referéndum antes de abrir la votación. Como 100 personas fueron arrestadas y 40 heridos. Un señor anciano fue muerto.

Divisiones económicas, de clase social y racial está detrás de los enfrentamientos en Santa Cruz, departamento controlado por las clases comerciales y terratenientes de descendencia europea. Los bolivianos indios y pobres son dos tercios de la población del país. Santa Cruz, en el oriente del país, es responsable por 30 por ciento del Producto Interno Bruto; solo 15 familias son dueños de 1,2 millones de acres. El vecino departamento de Tarija, que también se espera haga su propio referéndum junto con dos otros departamentos orientales, produce 80 por ciento del gas natural de Bolivia.

El gobierno nacionalizó a 44 compañías energética y tiene ingresos de $2 mil millones, mucho más de los $180 millones que realizaba en el 2005. Estos fondos se usan para financiar a los programas sociales y expandir la cobertura de pensiones.

El ritmo de la redistribución de tierras ha aumentado y está dirigido a prevenir la desigualdades que ilustra el hecho de que 100 familias bolivianas controlan 62,5 millones de acres – cinco veces lo que tiene las otras dos millones de familias. El pasado diciembre, la asamblea constituyente aprobó un documento que asegure los derechos de los indios y el control por el Estado de los recursos naturales. A ese punto los gobernantes de Santa Cruz anunciaron su referéndum para autonomía.

Partidarios del gobierno ven al referéndum como un paso hacia la separación del país. El referéndum dice Santa Cruz tendrá control de todos los recursos naturales, administración financiera, transportación, ventas agropecuarias, telecomunicaciones, policía y fuerzas militares, en vez del gobierno central.

Hasta el momento las Fuerzas Armadas están con el gobierno central. El 3 de mayo, el general Luis Trigo citó la autoridad constitucional que le da a las FFAA el papel de defender el Estado entero. Una semana anterior el vicealmirante José Luis Cavos que dijo que el pueblo boliviano defenderá la unidad “con todas nuestras vidas”.

El jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, personifica el movimiento autonomista. Su riqueza subraya la realidad económica que motiva el autonomismo. Marinkovic, un inmigrante de Croacia, es dueño de 100.000 acres, tiene intereses en oleoductos transnacionales y controla en totalidad los sectores de soja y girasol. Él fue acusado de ser dueño ilegal de 50.000 acres y se enfrenta a perder 35.000 acres por la reforma agraria.

El gobierno de Morales ha culpado a Washington por esta jornada de dividir a Bolivia. La abogada estadounidense de descendencia venezolana dice que el gobierno estadounidense ha proporcionado $129 millones a los enemigos de Morales durante los últimos tres años.

Hablando antes el país la noche del mayo 4, Morales alabó al abstencionismo y la destrucción de papeletas por lo que muy bien puede ser la mayoría de los votantes de Santa Cruz. Él dijo que estaban defendiendo a los intereses de la mayoría del país y que el voto era un simple sondeo sin ningún valor legal.

Morales dijo que quería autonomía para el pueblo y no solo los ricos. La nueva Constitución tiene provee autonomía para indios, departamentos y municipios y que si su oposición en Santa Cruz hubiesen esperado para que se apruebe la nueva carta magna, su votación hubiera sido legal.