Un juez federal ha bloqueado algunos de los elementos más controversiales de la ley anti-inmigrante de Arizona con un entredicho preliminar emitido este miércoles 27 de julio, que prohíbe a la policía local preguntar a gente sobre su estatus migratorio.

La provisión entredicha obligaba a la policía "hacer un intento razonable por determinar el estatus migratorio de una persona parada, detenida o arrestada" si el oficial de policía tiene una sospecha razonable de que la persona se encuentre en EEUU ilegalmente.

El fallo de la juez federal de distrito, Susan Bolton, de Phoenix, respondió a una moción por parte del gobierno federal y vino un día antes de ponerse en efecto la ley SB 1070.

Suspendió Bolton a secciones de la ley que requieren que los inmigrantes lleven consigo sus papeles en todo momento, y haciendo ilegal a los trabajadores indocumentados buscar trabajo en lugares públicos; medida dirigida a los jornaleros. Bolton también prohibió a la policía arrestar sin orden judicial a sospechosos de ser indocumentados

"Preservar el estatus quo por medio de un entredicho preliminar resulta menos dañoso que permitir que se apliquen leyes estatales que tienen la buena posibilidad de ser hallados inadmisibles por la preeminencia de la ley federal," dijo Bolton. "Hay una posibilidad sustancial de que arrestarían incorrectamente los oficiales de la ley a residentes legales," escribió. "Con aplicar este estatuto, Arizona impondría un cargo 'marcado, insólito y extraordinario' a los residentes legales, algo que solo al gobierno federal le corresponde hacer".

Añadió Bolton, "Exigir a los oficiales y agencias de la ley en Arizona una determinación del estatus migratorio a cada arrestado les carga a los inmigrantes que estén presentes legalmente porque su libertad estará restringida mientras se les verifique su estatus".

En una declaración, Linton Joaquín, abogado general del Centro Nacional de Ley Migratoria, dijo que "Con el fallo de hoy la juez Bolton ha entredicho las provisiones más notorios de SB 1070, estatuto peligroso que amenaza a los derechos más fundamentales de un sinnúmero de personas, tanto residentes de Arizona como visitantes".

"Ya deben considerarse conminados por anticipación otros estados que quisieran seguir los pasos equivocados de Arizona. No hay que admitir intentos por pisotear los derechos constitucionales de las comunidades de color en este país. Pensamos mostrar por medio de nuestro pleito judicial que se debe borrar para siempre esta ley perniciosa de los libros de estatutos de Arizona".

Todavía tendrán efecto unas partes menos controversiales de la ley, incluyendo las que tienen que ver con el tráfico humano. Otras provisiones de la ley son procesales y son revisiones menores al estatuto migratorio ya existente de Arizona.

Lo seguro es que provocará este fallo una batalla judicial prolongada en los tribunales, y se espera llegar a la Suprema Corte de la nación dentro de los próximos años.

La gobernadora republicana Jan Brewer firmó la medida legislativa en abril y ya dice que el estado apelará el fallo de este miércoles.

Sin embargo, dicen críticas que la ley conducirá al uso de perfiles raciales, a conflictos con leyes migratorias federales, e impedirá a la policía local luchar contra delitos más serios. Notan ellos que legalizaría la medida al hostigamiento abierto a todos los latinos, con o sin documentos. La gente no debe tener que andar con el miedo de ser detenida por el puro aspecto de su cara o por su manera de hablar, dicen críticas.

Desde que fue firmada la nueva ley se han interpuesto siete pleitos legales en su contra, alegando su anticonstitucionalidad. El Departamento federal de Justicia interpuso también su propia querella judicial luego de que la ley fue denunciada por el presidente Obama y el Fiscal General Eric Holder.

Antes de emitirse el fallo, dijeron autoridades federales que la ley crearía un mosaico de leyes migratorias distintas alrededor de la nación que complicarían las relaciones externas de EEUU. Argumentaban abogados federales que la ley ya está trastornando relaciones de EEUU con México y con otros países, y que sobrecargaría la agencia que verifica el estatus migratorio.

Activistas pro derechos migratorios han dicho ya desde hace años que lo que realmente hace falta es que trabaje en conjunto el Congreso para aprobar una reforma migratoria comprensiva para componer a un sistema estropeado. Al contrario se puede esperar más de lo mismo, incluyendo leyes antiinmigrantes draconianas como la de Arizona y políticas anti-obreras por toda la nación, añaden ellos.

Notan otros que la decisión de este miércoles mantendrá a la reforma migratoria como cuestión candente mientras más se acerquen las elecciones de medio término. Brewer busca otro mandato como gobernadora de Arizona en noviembre.

Su opositor, el Fiscal General de Arizona, Terry Goddart, demócrata, dijo al New York Times que "En lugar de ofrecer el liderazgo que necesita Arizona para resolver el problema de la inmigración, Jan Brewer firmó una ley que no puede defenderse en los tribunales y que ha ha conducido a boicots, poniendo en peligro nuestra industria de turismo y polarizando a nuestro estado".

Hablando al Washington Post, añadió, "Jan Brewer jugaba a la política con la inmigración, y perdió. Ya es hora de mirar más allá de la grandilocuencia electorera y comenzar a reparar el daño que se ha hecho al imagen y a la economía de Arizona".

Mientras tanto, muchos argumentan que a pesar de las recientes noticias, en partes de Arizona ya hay redadas masivas de inmigrantes. Nota la Prensa Asociada que la oficina del Alguacil [Sheriff] del Condado de Maricopa ya ha forzado la deportación de 26.147 inmigrantes desde 2007, eso sin la nueva ley, total que equivale a la cuarta parte de todas las deportaciones en todo EEUU durante ese período.

Foto: Una mujer está llevada luego de ser arrestada por protestar contra SB 1070, la ley migratoria de Arizona, frente al Tribunal Federal de Distrito, el 22 de julio en Phoenix. (Ross D. Franklin/ AP)