Por dos años el presidente boliviano, Evo Morales, ha estado peleando con las corporaciones multinacionales y grandes terratenientes. Existe mucho contraste entre los políticos que representan la vieja clase dominante de comerciantes de descendencia europea y los aliados de Morales que vienen de los pueblos indios, campesinos y movimientos laborales socialistas. Ahora el gobierno de Morales ha llegado a un punto muerto.

En juego es la aprobación de una nueva constitución, agitación por la autonomía regional y al fin y al cabo quién controlará los recursos naturales.

La actual crisis empezó después de que la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobara una nueva Constitución el pasado diciembre. La derecha boicoteó el pleno y el voto final y desde entonces los elementos de oposición, centralizados en el oriente rico del país, rechazan la Constitución. El febrero 1, líderes separatistas en Santa Cruz anunciaron planes para un voto el 4 de mayo para la autonomía. Se espera que los departamentos de Pando, Beni y Tarija hagan lo mismo.

El Congreso de Bolivia falló al no actuar para asegurar un voto popular de la Constitución a través de un referéndum. Ni autorizó un referéndum simultaneo para permitir que el pueblo pueda resolver las cuestiones de la reforma agraria que la Asamblea Constituyente dejó sin tomar acción. La cámara alta del Congreso está dominada por la derecha.

El 28 de febrero los legisladores se pusieron de acuerdo hacer referéndum en cada de las dos cuestiones para el 4 de mayo. Ellos fueron motivados por dos días de protestas por cientos de activistas indios y laborales. El Congreso rechazó que ningún prefecto de un departamento pueda actuar independiente y tener un voto sobre autonomía.

El l7 de marzo cuando la Corte Nacional Electoral anuló la decisión del Congreso basado en que muy poco tiempo existía entre la autorización y el día de votar. La Corte también prohibió a que oficiales locales organicen elecciones sobre autonomía de su propia cuenta.

Empezando de nuevo, el gobierno Morales anunció que estaba dispuesto al diálogo. El 12 de marzo, el vicepresidente Álvaro García Linares dijo que una comisión mixta constitucional celebrará vistas públicas por dos semanas como preparación para que el Congreso pueda pasar nuevas leyes y convocar un referéndum, igual que permitir a las autoridades locales hacer referéndum sobre la autonomía. El cardenal Julio Terrazas aceptó actuar como mediador entre el gobierno y la oposición. El gobierno también ha pedido la intervención de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la ONU.

Analistas dicen que la coalición triunfante de Morales del 2005 se está debilitando. Desde dentro de los movimientos sociales también se oyen las críticas de izquierda. Las divisiones entre las partes rurales y urbanas, y las clases pobre y mediana está creciendo. La derecha domina los medios de comunicación. Y hasta la fecha, las Fuerzas Armadas y la policía se han mantenido leal a los ideales de unidad nacional.

Sabina Cuellar, recién electa como prefecta Chuquisaca, es la sexta de los nueve prefectos que se oponen al gobierno de Morales. Se reporta que cada uno de los seis están preparando un referéndum sobre autonomía. La base de Morales está fuerte en los departamentos occidentales de La Paz, Oruro y Potosí – áreas de concentración de indios – y en áreas rurales de Cochabamba y Chuquisaca.

Estados Unidos también ha intervenido. Recientemente, Morales dijo públicamente que hay un complot dirigido contra él y encabezado por el embajador estadounidense. El presidente boliviano subrayó la experiencia previa del embajador Philip Goldberg en Belgrado donde él ayudó a desmembrar a lo que fue Yugoslavia. Morales dijo que no iban dejar a que EEUU conspire con la oligarquía y grupos mafiosos para dividir a Bolivia.

Morales acusó a la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense (USAID por sus siglas en inglés) de influenciar en la selección de delegados a la Asamblea Constituyente. Este año un diplomático estadounidense fue expulsado por tratar de reclutar como espías a voluntarios del Cuerpo de Paz y un académico Fulbright.

La abogada estadounidense de procedencia venezolana Eva Golinger escribió USAID ha enviado más fondos a Bolivia “que cualquier otro país de Latinoamérica – más de $120 millones al año”.