En Colombia, cuatro millones de personas han sido desalojadas de sus hogares y tierra. La pobreza es extrema. Casi el 24 por ciento de los colombianos ganan menos de dos dólares diarios; 65 por ciento menos de tres y 40 por ciento de los niños no asisten a las escuelas.

El papel de las corporaciones multinacionales y el gobierno norteamericano en el desorden y sufrimiento en Colombia, que van mucho más allá de lo que se encuentran en otros países latinoamericanos, está muy bien documentado.

Tras cuatro décadas de lucha, la guerrilla izquierdista sigue poderosa. Hay impunidad para los que violan a los derechos humanos, pues tienen relaciones muy cómodas con los líderes del gobierno.

Sin embargo lo que forma la base de todo esto es un modelo político económico impuesto a Colombia según un panel de ocho personas que escuchó testimonio el 20 a 23 de noviembre en Bogotá, la capital colombiana.

“Desalojos forzados en Colombia es debido principalmente al modelo neoliberal de desarrollo”, dijo el académico bélgico Francois Houtart, presidente del Tribunal de Opinión Internacional sobre desalojo forzado.

El tribunal de Bogotá fue notable por su énfasis en el asunto del desalojo humano y el papel desproporcionado de la fuerza militar. Modelado en los tribunales que dirigía Bertrand Russell sobre la Guerra de Estados Unidos contra Vietnam, este tribunal revisó tres investigaciones sobre el desalojo popular y escuchó los testimonios de 28 víctimas. Otras 400 víctimas habían testificado ante cinco tribunales regionales. Todos los tribunales fueron auspiciados por organizaciones pro derechos humanos en Colombia.

De acuerdo a los testigos, durante los 1980 los paramilitares derechistas sacaron a los campesinos de sus tierras, y luego vendieron la tierra por migajas a los narcotraficantes deseosos de lavar sus nuevas riquezas. Opositores izquierdistas y los que se sospechaba que eran sus simpatizantes fueron removidos para dar rienda suelta a los terratenientes. Luego los paramilitares abrieron la tierra para minas, agricultura comercial y obras de construcción.

Los testigos describieron ataques terroristas. Citaron la complicidad de las cortes en legitimizar a los nuevos dueños de la tierra. Describieron como terratenientes y corporaciones financiaron a los terroristas paramilitares. Ahora, dijeron, se roban a los recursos naturales y se entrega la agricultura a operaciones de monocultura que producen mucho dinero pero que causan daño al medio ambiente.

El tribunal criticó a funcionarios del gobierno colombiano por participar en delitos, a corporaciones multinacionales por usar los servicios de los paramilitares, y a los países industrializados por permitir que sus corporaciones “financien a las operaciones militares y paramilitares que desalojan a millones a hombres y mujeres en Colombia”.

Se propuso remedios, entre estos, el regresar la tierra a los campesinos y comunidades, compensación financiera, reconocimiento de los crímenes del pasado, garantías que los atropellos no se vuelven a repetir, un fin a la impunidad, y la reconciliación.

Reconociendo que el tribunal no tiene estatus oficial, Francois Houtart aseguró a un periodista que su legitimidad se derive de la visibilidad que presta a los crímenes en contra de la humanidad, sobretodo los que son perpetrados o permitidos por los estados. Los tribunales representan “la consciencia ética de la humanidad que se expresa por medio de personajes distinguidos en el mundo político, científico, religioso, y artístico”.

A partir de 1979, se han llevado a cabo 33 Tribunales Populares Permanentes (TPP) en el mundo entero. De octubre de 2006 a julio de 2008, organizaciones colombianas pro derechos humanos están auspiciando los TPP para “juzgar los crímenes que se han cometido en contra del pueblo colombiano por grupos económicos nacionales y corporaciones transnacionales”.

En Cacarica, Colombia, del 24 a 27 de febrero de 2007, un TPP emitió fallos sobre corporaciones transnacionales con enfoque militar. Una colectiva de abogados recopiló cargos en contra de la corporación norteamericana DynCorp: Sus vuelos de fumigación causan pavor y sufrimiento. DynCorp goza de inmunidad bilateral, y las autoridades colombianos hacen caso omiso a sus operaciones.

Un gran beneficiario del “Plan Colombia”, DynCorp “ha sido la mas implicada en la comisión de crímenes en este país además de la violación de derechos humanos ocasionada por sus actividades de repartir rocío venenos por avión” según el Tribunal.

De hecho, la táctica principal de Washington en Colombia es la acción militar. Bajo el Plan Colombia, Washington ha proporcionado más de $4.4 mil millones de dólares a Colombia durante 8 años.

Al presentar el Plan Colombia en 1999 el entonces secretario de Energía Bill Richardson hablaba de las inversiones estadounidenses en “minas y energética, y con tal de asegurar esas inversiones estamos multiplicando por triple a nuestra ayuda a Colombia”, (Citación de Francisco Ramírez). Las inquietudes norteamericanas, sin embargo, van mucho más allá de asegurar las inversiones. Escribiendo en Argenpress, Alberto Pinzón describe al ejército colombiano como “un verdadero partido anticomunista en armas”.

Por medio del Tratado Reciproco de Ayuda Interamericana, firmada en 1947, Washington ha buscado convertir a los militares colombianos en un baluarte en contra de “un enemigo interno”. Los dictadores colombianos cooperación voluntariamente con la agenda mundial anticomunista.

Pinzón explica que la “irregularización” del Ejército, recomendado por los expertos en contrainsurgencia del Mando Sur de Estados Unidos, llevó al fin al total control del poder del Estado por el actual régimen narco paramilitar. A su vez esto ha producido “las cosas temibles que han destrozado a la sociedad colombiana durante este época”.

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