El presidente Obama anunció la semana pasada que él piensa que la reforma migratoria se puede efectuar para los principios del próximo año. Esto sería posponer la idea original de legislar la reforma para este otoño.

La culpa de esta situación legislativa la tiene principalmente el Partido Republicano y la ultraderecha. Esta gente simplemente no quieren aceptar la expresión de los votantes y tienen una estrategia de bloquear a diestra y siniestra todas las iniciativas del gobierno Obama a través de mentiras, calumnias y crear interrupciones. El actual enfoque de este tipo de campaña es la reforma de salud. Las compañías de seguro, farmacéuticas, y otras basadas en la salud están gastando millones de dólares en una gigantesca campaña de mentiras.

Gente de la tercera edad están recibiendo propaganda que la administración Obama puede hacerles eutanasia.

La administración de Obama no está muy interesada en realizar la reforma migratoria en este momento. Algunas de la misma gente que están envenenando el debate sobre la reforma de salud, como Lou Dobbs, han envenenado el ambiente con sus campañas de mentiras racistas contra los inmigrantes. Estos locos rabiosos en cable pronto dirán que Obama quiere matar a las abuelitas y darles sus cheques de Seguro Social a los criminales extranjeros.

Quizás esta demora fue inevitable, pero esto no significa que la situación actual es tolerable ni que tenemos que aceptar la situación actual ni que el movimiento pro inmigrante no pueda reclamar nada a la administración o al Congreso.

Cada día familias inmigrante de clase trabajadora enfrentan la realidad de un sistema migratorio disfuncional. Aunque, aparentemente, la secretaria de Seguridad Patria en la administración de Obama, Janet Napolitano, ha puesto un alto a las redadas masivas de fábricas de Bush, esto no significa que ya no hay represión contra los inmigrantes.

Napolitano anunció que en vez de redadas, habrá investigaciones más agresivas de los documentos de las empresas para asegurarse que no contraten a los indocumentados. Lo malo de esto es que los mismo patronos están despidiendo gente, usando la excusa de que se van a meter en problemas, que tienen muy mucha antigüedad o que luchan por sus derechos. La realidad es que estas “sanciones contra empresas” no ayudan en nada a los inmigrantes, sino que terminan perdiendo sus empleos y obligado a trabajar en sitios bajo condiciones peores.

Napolitano cambió las reglas del programa 287g, programa federal que autoriza a la policía local hacer cumplir con ciertas leyes migratorias coordinando con ICE, la agencia federal migratoria. Los cambios tenían la intención de tratar con las quejas de que se usa el programa para acosar y perfilar racialmente a los latinos. La muy conocida situación del alguacil Joe Arpaio en el condado Maricopa de Arizona es solo la punta del iceberg.

Napolitano también anunció que aumentaría el programa con otros departamentos de policía. Pero será difícil parar a la policía de perfilar a los latinos racialmente o acosarlos por su raza o etnia. Simplemente tenemos que recordarnos del caso del profesor Henry Louis Gates.

También, con la amenaza de poder arrestar a uno por su condición de inmigrante esto le da a los policías corruptos otro poder sobre los inmigrantes para sacarles dinero cuando no pueden mostrar prueba de ciudadanía o residencia legal. Este tipo de extorsión de los inmigrantes ha pasado por décadas (yo oía cuentos de lo que pasaba en los barrios latinos de Chicago) y el programa 287g solo lo intensifica.

Mientras existan de 11 a 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país, ellos serán víctimas de otros. Jefes que violan las leyes sobre la jornada y salario mínimo o las leyes de seguridad y salud en el trabajo, o que se niegan pagar por trabajar, supervisores que tratan de extorsionar a las mujeres obligándolas a que tengan sexo con ellos, dueños de casas que violan las leyes de vivienda, dueños de tiendas corruptos y pandillas que roban a los inmigrantes a punta de arma de fuego o cuchillo sabiendo que no irán a la policía sabiendo que serían deportados.

Autoridades locales, animado por demagogos políticos, han pasado leyes locales que dirigidos a los inmigrantes para reprimirlos o tratándolos de forma discriminatoria.

Una reforma integral de las leyes migratorias que le otorgue legalidad a la gran mayoría de los indocumentados pondrá fin a estas prácticas porque las leyes federales tienen prioridad sobre las leyes que tratan de restringir los derechos de gente. Hacerlo lo exponen a demandas por derechos civiles y por ende no lo harán.

A los inmigrantes en los centros de detenciones, donde ponen a los inmigrantes por la más mínima violación, son tratados tan mal que están haciendo huelga de hambre como protesta. ¿Pero, para qué tener estos centros de detención si la prometida legislación para normalizar la condición de inmigrante está en camino?

Ausente unas medidas sanas y prácticas para controlar el flujo de inmigrantes pobres, muchos continuarán muriendo en el desierto Sonora o en el Caribe mientras tratan de llegar a Estados Unidos. Dejando al la lado todas las otras atrocidades que sufren los indocumentados, solo para prevenir que esto pase hace a la reforma migratoria una cuestión de urgencia.