¿Sabía usted que formar un sindicato y negociar un contrato colectivo son los derechos más vulnerados en Estados Unidos?

Lo descubrió un estudio al analizar el comportamiento patronal en elecciones de representación sindical. La investigación detectó que es una práctica común que los trabajadores sean sujetos por los patrones a amenazas, interrogatorios, hostigamiento, vigilancia y represalias por sus actividades pro sindicales.

El problema es que el proceso electoral supervisado por el Comité Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) ha degenerado y se ha vuelto hostíl, con feroces campañas de la patronal para prevenir la sindicalización.

En todo 2007, menos de 60.000 trabajadores lograron una posición sindical mediante elecciones sancionadas por el gobierno.

La profesora de la Universidad de Cornell, Kate Bronfenbrenner, autora de No Holds Barred: The Intensification of Employer Opposition to Organizing (La intensificación de la resistencia empresarial a la organización de los trabajadores);registró que en 63 por ciento de los casos los patrones interrogan sus trabajadores en sesiones privadas sobre sus actividades sindicales, 54 por ciento los amenaza en estas reuniones, 57 por ciento advierte sobre el cierre de la fuente de trabajo si se vota por un sindicato, 47 por ciento amenaza con reducir sueldos y prestaciones, y 34 por ciento despide a trabajadores pro sindicales.

Señala Bronfenbrenner que esas tácticas ilegales de la patronal se han empleado para rebajar la representación sindical en las empresas norteamericanas del nivel de un 22 por ciento que tenía hace 30 años al actual de un 12,4 por ciento.

Ahora, tras más de medio siglo de políticas hostiles hacia las organizaciones laborales, el presidente Barack Obama ha dado muestras de querer revertir la tendencia, afirmando que para 'motorizar la economía' es necesario 'fortalecer a los sindicatos'.

Obama no sólo reivindicó el rol histórico de los gremios sindicales como representantes de los intereses de los trabajadores, también se comprometió públicamente a apoyar la principal demanda de los sindicatos: La Ley de Libertad de Elección del trabajador (EFCA, por sus siglas en inglés), que reformaría el proceso por el cual los trabajadores de una empresa acceden a la representación gremial.

Hasta ahora el sistema funciona así: si un sindicato quiere organizar una empresa, debe obtener apoyo por escrito de al menos el 30% de la fuerza laboral. Una vez conseguida las firmas, debe presentarlas a la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que a su vez debe convocar y supervisar una elección, secreta pero dentro de la empresa, a la vista de los patrones, en un plazo de 42 días, prorrogable a pedido de la empresa, en la que los trabajadores votan por sí o por no la sindicalización, para la cual hace falta la mitad más uno de los votos.

La EFCA reflejará mejor los deseos de los trabajadores que la actual 'guerra en torno a la representación'.

La EFCA daría a los trabajadores la oportunidad de usar un mecanismo de firmas mayoritarias, donde bastaría con presentar el 50 por ciento de las firmas para obtener la sindicalización, sin tener que ir a elecciones, De esta manera los organizadores sindicales podrían organizar la fuerza laboral sin que la empresa se enterara, eliminando de hecho el período de apriete patronal.

En segundo lugar, la EFCA triplicaría el castigo para los empresarios que despiden a sindicalistas o violan otras leyes laborales; y en tercer lugar, crearía un proceso capaz de garantizar que se dé a los empleados recién sindicalizados una oportunidad justa para obtener un primer contrato, pudiendo acudir a un arbitraje tras 120 días de negociaciones infructuosas.

La patronal no tardó en reaccionar.

La Asociación Nacional Industrial envió una carta abierta al presidente en la que le advertía que no sería conveniente introducir un tema tan 'divisivo' como el debate por el EFCA. 'Este no es el tipo de tema sobre el cual se construye una relación', señaló la asociación.

Jay Timmons, vicepresidente ejecutivo nacional de la Asociación Nacional de Manufactureros, le escribió a cada miembro del Senado tildando a EFCA como 'una de las amenazas más directas en contra del crecimiento económico, retención y creación de empleo'.

Bancos que dependen de fondos públicos (y la gran mayoría de los fondos vienen de contribuyentes de clase trabajadora), están comprometidos a conseguir que el EFCA pierda. Citigroup, corporación financiera que recibió más de $50 mil millones de fondos públicos, auspició una conferencia telefónica el 11 de marzo para planear estrategias de corporaciones en cómo evitar que promulguen la EFCA.

Gran desafío de Obama. Durante su campaña habló mucho sobre la Libre Elección del Trabajador, pero paulatinamente fue pasando a un segundo plano.

Gran desafío de los sindicatos. En las últimas décadas, el grueso del poder negociador ha estado del lado de la patronal, y la actual recesión seguirá debilitando la capacidad de los trabajadores para negociar individualmente. Más que nunca, los trabajadores necesitan actuar colectivamente.

Pero, hasta ahora al menos, no han movido protesta contra la violación del derecho laboral ni marchas para exigir la aprobación de la EFCA. (Acaso amedrentados por la masiva actividad desplegada en Washington por los lobbies granempresariales), lo que hacen es evitar cualquier tipo de política que pase por salir a la calle.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California. ampueroalberto@yahoo.com