La AFL-CIO y sus partidarios están organizando actividades que coinciden con el Día Internacional de Derechos Humanos, 10 de diciembre, para reclamar el derecho de organizar y pertenecer a un sindicato. Ese día marca el 55 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU.

La federación laboral apuntó, “Más de 40 millones de norteamericanos dicen que formarían un sindicato se se le da la oportunidad. Pero cuando tratan de formar una unión laboral, son rutinamente hostigados, intimidados y coartados – y hasta despedido. Los patrones salen con la suya porque muy poca gente conocen la ferocidad con la cual los patronos se oponen a los trabajadores que buscan formar un sindicato y porque las leyes laborales de estadounidense son débil e inefectivas”.

La AFL-CIO dice que porque las leyes no protegen efectivamente a los trabajadores que quieran organizar en favor de la representación sindical, son “denegados ese derecho fundamental en violación de los derechos humanos”. El Artículo 23 de la Declaración exige que “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses”.

La federación sindical notó que al estar en la Declaración el derecho a unirse a un sindicato hace ese derecho tan importante y “merecedor de la misma protección que otros tal como la libertad de expresión y religión”.

Los sindicalistas dicen que van a luchar para que se cambien las leyes laborales para que los trabajadores puedan obtener el derecho a negociar colectivamente “sin privilegiar a las campañas patronales elaboradas” para obstaculizar ese derecho. Agregó la AFL-CIO que “las negociaciones colectivas son una herramienta vital pro la justicia social ...”

La declaración de DDHH también exige que los países otorguen a sus residentes el derecho a “la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

A pesar que EEUU votó en favor de la Declaración (que fue escrita en una comisión internacional encabezada por Elearnor Roosevelt, viuda del presidente estadounidense Franklin Delano), su gobierno no la ha ratificado.