CARPENTERSVILLE, Illinois – Cuando casi tres mil residentes hicieron acto de presencia en la reunión de la Junta de la Aldea de Carpentersville cuando esta estaba programada a discutir una ley contra los inmigrantes indocumentados el 3 de octubre, los dirigentes de la aldea decidieron posponer el debate. Según ellos, esto fue para buscar un sitio más grande para vistas públicas.

Dos semanas después, el 17 de octubre, después de un debate acalorado, la Junta de la Aldea votó cuatro a tres posponer la medida hasta que se resuelva ordenanzas similares antes los tribunales.

Mientras se debatía la ordenanza cientos estaban afuera protestando la medida y más de 200 estaban dentro de la sala municipal.

Paul Humpfer y Judy Sigwalt, miembros de la junta de la aldea, propusieron la ordenanza municipal el mes pasado. Con esta ordenanza Carpentersville, un pueblo de clase trabajadora a menos de 40 millas al noroeste de Chicago, sería el primer municipio de Illinois que haga el inglés idioma oficial. La ordenanza también prohibe ayudar a “extranjeros ilegales” y multaría a dueños de casas que le renten viviendas o haga cualquier negocio con inmigrantes indocumentados. Como 40 por ciento de los 37 mil en la aldea son latinos según el censo del 2000. La ordenanza se considera como contra los latinos.

Humpfer escribió la ordenanza después de que se dio cuenta que la aldea gastó $372.000 el año pasado en servicios de ambulancias para residentes que él dice son “ilegales”.

Linda Ramírez-Sliwinski se crió en Carpentersville y tildó la ordenanza de racista. Ella dijo que se están atacando a los latinos, especialmente por grupos de afuera como el grupo antiinmigrante, los Minutemen. Ramírez-Sliwinski es la única latina elegida a la Junta de la Aldea de siete miembros.

“Ellos no están haciendo esto para la comunidad, se lo están haciendo a la comunidad”, ella dijo en una entrevista telefónica. “Los inmigrantes pagan contribuciones, son dueños de casa, pagan sus cuentas, tienen negocios y compran aquí”.

Ella dijo que el fracaso de la ordenanza es algo que ser ía “una victoria para todo el país”.

Patricia García, ciudadana estadounidense de nacimiento mejicano, madre de cuatro y una propietaria de una tienda en la avenida principal de Carpentersville, dijo que los hispanos están aquí para quedarse. Su hija de 18 años, Yesnia, dijo que la ordenanza es simplemente “ignorancia”. “Si nos botan, ¿quién va a consumir?”.

Una semana después de que se introdujo la medida, Ramírez-Sliwinski, comerciantes latinos, líderes comunitarios, profesores y ministros formaron la Alianza Comunitaria de Carpentersville. Aunque la Alianza está compuesta básicamente de latinos, ellos dicen que quieren crear una voz para toda la comunidad. La Alianza se reunió con el presidente de la aldea, Bill Sarto, para darle su apoyo en contra de la medida.

Sarto dice que la ordenanza anima al perfilamiento racial en una comunidad donde 60 a 70 por ciento de los residentes son ciudadanos. “Esto es una violación de sus derechos civiles”, él dijo. “Esta ordenanza pone en peligro a todos que sea hispano”.

Sarto dijo que un número de comerciantes anglos apoyan su punto de vista y están listos para derrotar la ordenanza. Además, dijo Sarto, la ordenanza no tiene el apoyo de la mayoría de los votos en la Junta.

Él dijo que la medida era un “truco político” de un par de miembros de la Junta. Estos “están cometiendo un gran error y será perjudicial para toda la comunidad”, dijo Sarto. Él dijo que estaba preocupado con que Carpentersville pueda obtener fondos, que sus bonos tengan buena calificación y poder proveer los mejores beneficios de seguro médico para los empleados. Los que introdujeron la medida están “poniendo en peligro la situación financiera de la aldea” con la ordenanza, dijo el presidente.

La ordenanza de Carpentersville es una de una avalancha de medidas similares políticamente motivadas en pueblos pequeños. En la mayoría de caso las propuestas de inglés-solamente están unidas a medidas que bloquean que inmigrantes tengan acceso a viviendas, empleo y educación.

Muchas de estas ordenanzas están en áreas o estados con contiendas eleccionarias estrechas, que animan al ambiente antiinmigrante que beneficia a la ultraderecha republicana y el gobierno de Bush.

Este mes, Escondido, California, introdujo una ordenanza que prohibe a que se le rente a inmigrantes indocumentados. Escondido es parte de distrito donde el republicano Randy Cunningham tuvo que renunciar el año pasado, acusado de aceptar soborno, fraude por correo y evadir pagar contribuciones. La demócrata Francine Busby se enfrenta al republicano Brian Bilbray en una contienda muy estrecha en la que Bilbray ataca a Busby sobre inmigración.

El municipio de Hazleton en Pennsylvania estuvo en las noticias nacionales cuando pasaron una ordenanza similar que no está en vigencia pendiente a un caso en la cortes. De los 50 lugares donde tales ordenanzas han sido por lo menos consideradas, 28 están en Pennsylvania donde el senador republicano Rick Santorum puede perder su escaño.

Las peleas sobre la reforma migratoria también están ayudando educar e informar una nueva generación de activistas votantes. Cuando este periodista le preguntó a Yesnia García si ella estaba inscrita y si planeaba votar en las próximas elecciones, ella respondió en la afirmativa.

plozano@pww.org