La noticia que el presidente George W. Bush ordenó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) espíe a gente que no han violado ninguna ley, en violación de las leyes federales ha motivado la ira de muchos con demandas de que él y su vicepresidente Dick Cheney deben ser censurados o enjuiciados con el fin de destituirlos de sus puestos.

El congresista demócrata por Georgia, John L. Lewis, dijo en una entrevista radial el 19 de diciembre que él votaría en favor de enjuiciar si hacen una resolución en Cámara de Representantes. “Es una acusación seria, pero él violó la ley”, dijo el congresista, un veterano de las luchas por los derechos civiles en los 1960s. “Él violó la ley a propísito y sistemáticamente. Él no es un rey, él es el presidente”.

La senadora Bárbara Boxer envió una carta abiera a cuatro expertos sobre la presidencia pidiendo su punto de vista si Bush había cometido un delito por el cual se puede enjuiciar para un juicio político al ordenar a la NSA captar conversaciones telefónicas sin orden judicial en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Boxer fue entrevistada el 18 de diciembre por televisión junto con John Dean, ex abogado de la Casa Blanca que hizo público el encubrimiento del escándalo Watergate por el presidente de ese tiempo Richard Nixon. Dean dijo que Bush es el primer presidente que admitió que cometió una violación por la cual lo pueden enjuiciar. En su carta a los expertos Boxer dijo, “Yo tomo muy en serio los comentarios de Dean visto que lo veo como un experto sobre la cuestión del abuso presidencial del poder”. Ella dijo que la vigilancia sin restricciones por el gobierno de ciudadanos estadounidenses “es inquietante para mi y muchos de mis constituyentes”. Ella agregó que espera que se discuta esta situación en el Senado muy pronto.

La operación de espionaje de la NSA fue desenmascarado por el diario The New York Times en un artículo que el periódico pospuso por un año a petición de la administración Bush. El artículo reforzar un “filibuster” – debate para no dejar un tema llegar a votación – que hacían los senadores Russ Feingold (demócrata por Wisconsin) y Larry Craig (republicano por Idaho) contra la extensión de la represiva Ley Patriota. Esta ley fue extendida por solo un mes hasta el 3 de febrero, cosa que fue una derrota para la administración.

Mientras tanto, el congresista John Conyers introdujo una serie de resoluciones para establecer una comisión especial selecta para sentar las bases para posiblemente enjuiciar a Bush por “manipulación de la inteligencia antes de la guerra, animar y tolerar la tortura, tomar represalias contra sus críticos, y frustrar el panel vigilante del Congreso” sobre la conducta del presidente en llevar al país a la guerra a través de la mentira.

Dos otras resoluciones censurarían a Bush y al vicepresidente por “falta de responder a las peticiones por información sobre las alegaciones que él y otros en su administración le mintieron al Congreso y al pueblo norteamericano sobre la decisión de ir a la guerra en Irak”.

David Swanson, portavoz del grupo en la internet, AfterDowningStreet.org, le dijo a Nuestro Mundo que el movimiento para censurar o enjuiciar a Bush y Cheney está en moción. Reuniones se pueblo se están planeando en 70 pueblos y ciudades para el 7 de enero en apoyo a las resoluciones de Conyers. Notando que las resoluciones se escribieron antes del escándalo sobre de espiar, Swanson agregó, “Cierto que el espionaje de la NSA es peligroso pero la guerra en Irak ha matado a 100 mil personas. No puede ver violación peor que llevar a la nación a la guerra basado en las mentiras”.

Tim Carpenter, director ejecutivo de los Demócratas Progresistas, dijo que su grupo, que tiene lazos estrechos con el Grupo Progresista de la Cámara, “está movilizando y organizando una amplia coalición para exigir que el Congreso tome acción” sobre las resoluciones. Él dijo que su grupo trabajará fuerte para elegir a demócratas progresistas para tomar a la Cámara de la ultraderecha republicana.

La Unión Americana de Libertades Civiles, en un anuncio de página completa en The New York Times con las fotos de ambos Nixon y Bush, dijo que ambos mintieron y violaron la ley.

Exigen en el anuncio que el fiscal general Alberto Gonzáles nombre un abogado especial para procesar cualquiera de la rama ejecutiva que estuviera envuelto en vigilancia electrónica sin orden judicial contra el pueblo estadounidense durante los últimos cuatros años.

En vez de esto, Gonzáles lanzó una investigación para descubrir la identidad de quien divulgó la operaciones de vigilancia de la NSA. Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, criticó a Gonzáles y exigió que deje esa investigación y que en vez nombre a un abogado especial.

La decisión de lanzar esta operación de vigilancia fue controversial hasta en el mismo departamento de Justicia. En marzo del 2004, cuando el entonces fiscal general John Ashcroft estaba en el hospital, su teniente James B. Comey se negó a firmar para que la NSA pueda espiar. Altos ayudantes de Bush fueron al hospital para que Ashcroft pueda firmar las autorizaciones.