ChoicePoint, Inc., una compañía de procesamiento de datos le está vendiendo al gobierno de Estados Unidos información sobre los residentes de 10 país latinoamericanos, así permitiendo al gobierno norteamericano seguir a los inmigrantes que entran o viven en el país. ChoicePoint tiene la infamia de ser la la empresa que quitó a muchos de los negros y latinos de los registros de votantes en Florida para ayudar a George W. Bush robarse las elecciones del 2000.

El departamento de Justicia firmó un contrato de $67 millones para que ChoicePoint permita que tengan acceso a sus 13 mil millones de archivos el FBI, el Servicio de Inmigración y Naturalización, la Patrulla Fronteriza, y otras agencias policiales. La compañía está valorizada en $2,5 mil millones y en el 2002 tuvo ingresos de $594 millones.

El FBI le pagó $8 millones para archivos sobre casi cada adulto viviendo en EEUU. La empresa, con sede en Atlanta, se jacta de que compró los récords de los habitantes de Méjico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, y Argentina. Chris Hoofnagle, un abogado trabajando para el Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica (EPIC por sus siglas en inglés), le dijo a Nuestro Mundo, “Esto es una cuestión de soberanía nacional. ¿Estas naciones quieren que otro país tenga tanta información personal de sus ciudadanos?” En Méjico, ChoicePoint compró el padrón electoral y le vende los datos, un nombre a la vez, al gobierno estadounidense.

ChoicePoint compró el registro de todos los ciudadanos colombianos, el cual la administración Bush puede comprar por $90 el nombre. “Yo no creo que los 31 millones colombianos autorizaron eso”, dijo Nelson Remolina, un abogado colombiano que aboga por la privacidad.

Hoofnagle apuntó que la Ley de Privacidad del 1974 prohibe a las agencias del gobierno estadounidense colectar muchas categorías de información personal. “Creó un incentivo para privatizar la creación de expedientes entregándoselo a compañías privadas”, él dijo. “Hace 30 años el FBI tendría que seguirlo para averiguar esta información. Ahora lo bajan de la página web de ChoicePoint”.

La página web de EPIC (www.epic.org) muestra un memorándum interno del departamento de Justicia que contiene los precios de ChoicePoint para buscar récords. Por ejemplo, Justicia está de acuerdo con pagar $20 para los datos sobre la licencia de conducir de cada mejicano. EPIC también incluye los precios pagado por información de individuos de Florida, Tejas, Georgia, Ohio, y Nueva York. De acuerdo al la lista, Justicia le paga a ChoicePoint solo $2 por cada nombre del padrón electoral de Tejas.

Según Hoofnagle el Programa de Conocimiento Total de Información del Pentágono, encabezado por almirante John Poindexter que fue condenado por su papel en el escándalo Irán Contra, fue demorado por una ley escrita por el senador demócrata por Oregón, Ron Wyden. Esta legislación le da hasta la mitad de mayo para que el Pentágono le diga al Congreso porqué esta agencia “súper-espía” es necesaria.

“El proyecto de Wyden lo hace ir más despacio, pero no lo mató”, dijo Hoofnagle. “Usted se puede asegurar que el Pentágono está preparando ese reporte”. Mientras tanto, él dijo, ChoicePoint está colectando mucha de esa misma información y se la está vendiendo al departamento de Seguridad Patria, al departamento de Justicia, al FBI y al Pentágono. “Más información que ellos tienen sobre nuestras vidas personales, más poder tienen sobre nosotros”.

Hoofnagle pagó $20 para obtener el expediente de ChoicePoint sobre él mismo. “Ellos dicen que yo soy miembro de una organización comunitaria. Ellos me ponen como un dueño de propiedad de ‘alto riesgo’ porque una vez yo era dueño de un condominio que tenía una discoteca en el sótano. Si uno tiene la propensión a organizar sindicatos, estará en tu expediente”.

ChoicePoint ofrece “investigaciones pre-empleo” a organizaciones de ambos, el sector público y privado. Baxter Gillespie del Grupo de Soluciones para el Sitio de Trabajo de ChoicePoint, dice que sus perfiles proveen a los administradores con una manera rápida y efectiva para decidir quién contratar.

Jay Stanley, un especialista, de la Unión Norteamericana para Libertades Civiles, sobre los derechos de privacidad, le dijo a Nuestro Mundo que el contrato con ChoicePoint demuestra los peligros de permitir que las corporaciones, que no tienen que rendirle cuentas al público, colecte información electrónica de millones de gente. “La tecnología está avanzando tan rápido que permite burlarse de las leyes de privacidad y la Constitución de EEUU”.

Los lujosos contratos federales son una recompensa de la administración Bush a ChoicePoint por el papel central que esta jugó en las elecciones del 2000 cuando la secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, obedeciendo las órdenes del gobernador Jeb Bush, contrató a una empresa filial de ChoicePoint, Data Base Technologies (DBT) de Boca Ratón, para ‘limpiar’ los registros de votantes del estado. ChoicePoint-DBT, una compañía dominada por los republicanos extremistas de derecha como el ex congresistas por Minnesota Vin Weber, el multimillonario Ken Langone, y el jefe de la cadena de ferreterías Home Depot Bernard Marcus, consiguieron $2,3 millones del estado para preparar una lista de 66 mil votantes, principalmente negros y latinos, para eliminarlos del registro de votantes de Florida basado en que habían sido convictos por delitos. Greg Palast, un escritor norteamericano del periódico The Observer de Londres, reveló que de estos, 8.000 se habían mudado de Tejas a Florida y su delito era “nada más serio que el delito menor de manejar bajo la influencia del alcohol (como su gobernador George W. Bush)”.

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