Primera de dos partes

BOGOTA (Prensa Latina) – La posesión de hidrocarburos tiene un carácter estratégico en la geopolítica mundial actual. El petróleo se está agotando y el cambio tecnológico con energías alternativas está lejos todavía. El motor del imperio necesita petróleo.

La tendencia es la de controlar las fuentes de recursos carboníferos, gasíferos y petrolíferos por parte de los grandes consumidores y las multinacionales del negocio energético, aplicando una perversa combinación de presiones económicas, políticas y militares, además de las conocidas maniobras del saqueo de los recursos a través de la clientelización y corrupción de las oligarquías locales en los países clientes como Colombia.

En Colombia la renta petrolera ha servido como una especie de caja mayor de la dictadura presidencial (un pequeño grupo de tecnócratas bajo la férula del Presidente deciden cómo feriar nuestro recurso), que periódicamente libera de los aprietos fiscales al régimen, a tal punto que sin ser un país petrolero, el 35 por ciento de las exportaciones pertenecen a este rubro, y las transferencias anuales de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) a la Nación superan los cinco billones de pesos (unos mil 800 millones de dólares). No obstante, los designios del Consenso de Washington, aplicados en Colombia a través de las imposiciones del Banco Mundial y del FMI, exigen la privatización de la renta petrolera y energética. De tal forma hemos asistido a un proceso de liberalización camuflada a través de la privatización de las rentas energéticas.

Se modificaron los contratos de asociación para beneficiar a las multinacionales mediante resoluciones de la Junta Directiva de ECOPETROL, se privatizó la distribución minorista de refinados y parte del sector del gas natural y se reformó la Ley de Regalías perjudicando a las regiones, concentrando mucho más el manejo de la renta petrolera, otra vez a favor de las multinacionales.

Lo anterior quiere decir que en un contrato de asociación, según los términos actuales, para un proyecto como el de Cusiana, con la participación de tan solo el 30 por ciento para ECOPETROL, el país pierde utilidades por mil 570 millones de dólares. Para el mismo ejemplo, con la reforma de regalías las regiones pierden 110 millones de dólares durante todo el tiempo de vida del contrato. Esto quiere decir menos distribución de nuestra riqueza, más expoliación y más pobreza.