WASHINGTON, DC - La Unión Americana Pro Libertades Civiles (ACLU - por sus siglas en inglés) está haciendo una lucha de última hora para bloquear unas tal llamadas medidas 'anti terrorismo' adoptada por la Cámara de Representantes y el Senado, que le otorga a la administración Bush amplios poderes de detención y vigilancia, sin examen judicial.

Laura W. Murphy, directora de la oficinas de Washington de la ACLU advirtió que la medida fue empujada por el Senado y la Cámara casi sin debate y puede llegar al escritorio del presidente esta semana si el liderazgo del Congreso decide en contra una conferencia de la Cámara y el Senado y votan inmediatamente para que entre en vigencia.

Una conferencia de la Cámara y el Senado, dijo ella, es la última oportunidad que remover las partes más represivas y inconstitucional del proyecto. Ella está pidiendo que gente inunden a sus representantes y senadores con demandas de que voten en contra.

'Este proyecto de ley simplemente falló en maximizar la seguridad y minimizar los efectos adversos sobre las libertades norteamericanas,' ella dijo. 'La mayoría de los estadounidenses no reconocen que el Congreso pasó un proyecto de ley que le daría al gobierno más poderes para invadir nuestra privacidad, encarcelar a gente sin el proceso debido, y castigar a la disensión.'

Tarde en la noche del 11 de octubre, y básicamente sin debate, el Senado se sometió a las exigencias del presidente Bush y el secretario de Justicia John Ashcroft, aprobando la tal llamada 'Ley EUA' por un voto de 96 a uno. El senador demócrata por Wisconsin, Russ Feingold, dio el único voto en desacuerdo. Él también había introducido una serie de enmiendas que fueron rechazadas. Murphy alabó a Feingold por su 'valor por su intento de proteger las libertades norteamericanas.'

En las horas antes de la madrugada del 12 de octubre, el liderazgo republicano de la Cámara, por insistencia de la Casa Blanca, acordó deshacerse de la versión de la Cámara, llamada la 'Ley Patriota' que había sido unánimemente aprobada por el Comité Judicial de la Cámara y lo substituyó por la versión del Senado bajo una regla que prohibe debate o enmiendas.

Esto encendió la ira de algunos demócratas y los representantes Maxine Waters de California y Barney Frank de Massachusetts fuertemente criticaron a lo que llamaron la 'arrogancia' del liderato por cobardemente rendirse a las ordenes dictadas por la administración Bush. Sin embargo, la Cámara votó aprobar la versión del Senado con un voto de 337 en favor y 79 en contra. Tres republicanos votaron en contra mientras 129 demócratas votaron en favor del proyecto.

'En la prisa por avanzar su legislación, la administración destruyó cualquier intento de buena fe de negociar con los demócratas, el público norteamericano y hasta militantes de su propio partido,' dijo Murphy. La ACLU señaló que el proyecto de ley de la Cámara por primera vez permite que las agencias que hace cumplir con la ley y a los fiscales distribuir información sobre investigaciones por delincuencia a la CIA, el Servicio Secreto y otras agencias de inteligencia militar sin las cortes de justicia poder examinarlo y sin límites de como se pueda usar esa información.

Autoriza registrar a hogares, oficinas, archivos y información en bancos de datos computarizados sin informarle a las personas que son blancos de esta vigilancia.

Esto le da la luz verde a las operaciones secretas cuyo modelo fue la entrada ilícita al Watergate, que al fin forzó la renuncia del presidente Nixon.

Estas leyes también permite a las autoridades ir de corte en corte en cualquier jurisdicción en busca de una orden judicial. Le da a la policía acceso a ordenes judiciales en blanco donde ellos pueden llenar la fecha, el sitio y la persona que van a registrar cuando le sea conveniente. Crea un delito nueva, el de 'terrorismo doméstico,' algo que la ACLU señala es enteramente innecesario porque las leyes que existen consideran ilegal a todas las formas del terrorismo.

Pero bajo este estatuto, el gobierno puede imponer duras sentencias por delitos menores tal como las protestas pacífica en contra el Fondo Monetario Mundial y el Banco Mundial.

El proyecto de ley, por primera vez, permite que la CIA espíe contra el pueblo en Estados Unidos. Específicamente, la permite compartir información con el FBI sobre el terrorismo en general aunque tenga que ver con ciudadanos estadounidense que no han violado la ley.

Permite la detención por tiempo indefinido de los no ciudadanos y sin derechos a procesos judiciales. Hasta la hora de escribir estas lineas, CNN está reportando que 700 personas han sido arrestadas y a muchos ni se le han formulado cargos en la búsqueda por 'terroristas.' La gran mayoría fueron personas inocentes que los dejaron en libertad después de su arresto e interrogación.