Los militares de Honduras que el 28 de junio depusieron al presidente legítimo, Manuel Zelaya, quizás deben de mirar a los acontecimientos en Argentina, especialmente ahora que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras anunció que “Durante los días de toques de queda ilegítimos e ilegales se han producido más de 101 homicidios” con el tipo de balas que usan los militares y la policía. En Argentina, el 13 de agosto, los tribunales encontraron a varios militares y un policía culpable por abusos durante el gobierno establecido por un golpe militar en 1976.

Santiago Omar Riveros, general retirado que dirigía el infame Campo de Mayo, fue sentenciado a cadena perpetua por el arresto, detención y muerte de Floreal Avellaneda, joven de 14 años militando en la Federación Juvenil Comunista de Argentina. El cadáver del joven fue encontrado en la costa de Uruguay amarrado y con señas de torturas.

Avellaneda y su madre, Iris Pereyra – también militante del Partido Comunista – “fueron secuestrados un mes después del golpe militar del 1976 para saber donde se encontraba el padre de Floreal Avellaneda, un dirigente sindical del Partido Comunista con el mismo nombre”, según un comunicado de Amnistía Internacional. El Avellaneda, padre, era un obrero en una fábrica de textil y por ser comunista fue declarado como un combatiente contra ellos por los militares golpistas – mas bien como se hace hoy en día en Colombia.

Riveros dirigía el Campo de Mayo donde tenían encarcelados a 5.000 presos políticos que fueron sometidos a torturas para que den información sobre las organizaciones de izquierda, que por la junta militar que gobernaban estaban en la clandestinidad, y las guerrillas combatiendo a la dictadura. Pereyra estuvo encarcelada y torturada por varios años en Campo de Mayo.

Entre los otros sentenciados la semana pasada están el general retirado y ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo, Fernando Verplaetsen, condenado a 25 años de prisión. Otro general retirado, Osvaldo García, recibió una sentencia de 18 años.

Dos capitanes, César Fragni y Raúl Harsich recibieron ocho años de condena cada uno y un ex policía, Alberto Aneto, fue sentenciado a 14 años. Todos en el caso del joven comunista y su madre.

Todos fueron indultados por el entonces presidente, Carlos Menem, en el 1990, pero la Corte Suprema de Justicia declaró que los indultos eran inconstitucionales, más de una década después, por ser crímenes de lesa humanidad.

Los padres del joven Avellaneda han luchado como integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Partido Comunista para hacer justicia en el caso del hijo y miles de otros. Durante la dictadura militar más de 30 mil argentinos fueron muertos o desaparecidos.

“Para nosotros es extraordinario que se pueda haber encarcelado a Santiago Omar Riveros, que fue el ideólogo de la represión, siendo que era el representante argentino en la Escuela de las Américas, dirigida por el imperialismo yanqui. Ellos han torturado a infinidad de luchadores, porque tenemos que pensar que han desaparecido a una generación de distintos sectores políticos, porque cuando tuvieron que matar no preguntaron por la ideología. Para ellos, todos los luchadores de empresas y del estudiantado éramos enemigos. Impusieron un sistema que destruyó nuestro país”, dijo Avellaneda en una entrevista con el periódico comunista, Nuestra Propuesta.