El Washington Post reportó el domingo pasado que se le añaden 1.600 nombres a una lista de 400.000 personas que sospechan que pueden ser terroristas. Aunque dicen que hay "sospecha razonable" de que son terroristas, solo 9 por ciento están en la lista de "no volar" que no los permite montarse en un avión.

La lista empezó durante la administración Bush y continúa hasta hoy.

La información fue originalmente publicada el 30 de octubre en un blog de la Federación de Científicos Norteamericanos (FAS, por sus siglas en inglés). La FAS es una organización fundada en el 1945 por científicos que trabajaron en la bomba atómica. Según su página cibernética, "Estos científicos reconocieron que la ciencia era central a muchos temas de política pública. Ellos pensaron que los científicos tenían la responsabilidad única de ambos advertir al público y dirigentes políticos de los peligros potenciales de los avances científicos y técnicos, y al mismo tiempo mostrar como la buena política puede aumentar los beneficios de los nuevos conocimientos científicos".

El blog, "Secrecy News" (Noticias de Secretos) en la cual publican un documento de la Comisión Judicial del Senado. El documento, fechado el 15 de septiembre, del Senado revela parte del testimonio de Robert S. Mueller, director de Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ante la Comisión Judicial el pasado marzo.

Durante la sesión, al cual ni el público ni la prensa tuvieron acceso, el senador demócrata por Wisconsin, Russ Finegold, notó que las pautas para decidir quien poner en la lista incluye el uso de la raza del individuo. Mueller admitió que para investigar si poner o no a uno en la lista de terroristas no requiere evidencia de que el individuo cometió algún delito, aunque dijo no estaba basado en un perfil racial.

Mueller dijo los nombres para incluir en la lista venían de la "comunidad de inteligencia" como llaman el conjunto de agencias de espionaje de Estados Unidos.

Al mismo tiempo que pone un promedio de 1.600 nuevos nombres en la lista, dijo Mueller, el FBI quita 600 nombres de la lista y hace modificaciones a otros 4.800. Los 400 mil nombres se encuentran en un millón de archivos.

Antes de entrar en vigencia la Ley Patriota en el 2001, el FBI necesitaba alguna evidencia de un delito antes de poder investigar. La ley también permite la detención indefinida de inmigrantes, registrar la casa o negocio de uno si una orden judicial sin el permiso del dueño ni que lo sepa, y hasta examinar los libros que una saca de una biblioteca para ver que uno lee. En este último caso los bibliotecarios están prohibidos a dejárselo saber bajo pena de cárcel.

Defensores de derechos civiles han criticado como se agrega nombres a la lista por ser muy amplios. La Unión Norteamericana de Derechos Civiles (ACLU - siglas en inglés), aunque diciendo que sí se deben identificar a los terroristas, ha criticado el uso de las listas con nombres sin pruebas o con escasas sospechas.

Entre los nombres que se han encontrado en la lista y han tenido problemas consiguiendo vuelos aéreos están el fallecido senador por Massachusetts, Edward Kennedy; la congresista por California, Loretta Sánchez; el congresista republicano por Alaska, Don Young; la monja y secretaria de educación para la Conferencia de Obispos Católicos, Sor Glenn Anne McPhee; y hasta el ex presidente sudafricano, Nelson Mandela y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales.

Este año los congresistas John Conyers de Michigan, Jerrold Nadler de Nueva York y Bobby Scott de Virginia, todos demócratas, han introducido el proyecto de ley H.R. 3845 para enmendar algunos de los abusos de la Ley Patriota.

La propuesta enmiendas limita al gobierno a interceptar comunicaciones y colectar datos financieros de personas que estén investigando en vez de cualquier persona que ellos piensen "relevante"; prohíbe una orden judicial para interceptar comunicaciones de personas no nombradas; prohíbe registrar sitios secretamente, aunque tiene una excepción para tal llamadas "emergencias"; y permite que uno hable y critique el uso de estas acciones - actualmente bajo la ley si uno sabe de estas entradas secretas o búsqueda de información, está prohibido hablar.

La ACLU dice que estas enmiendas mejor protegen los derechos constitucionales del pueblo pero que más se tiene que hacer. Dos cosas que deben incluirse para fortalecer el H.R. 3845 es proteger a los que trabajan en organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria a gente en zonas de combate y solo llevar ante la ley a los que a propósito proveen ayuda a grupos terroristas; y limitar la búsqueda de información a solo gente que están bajo investigación por actos conectado con terrorismo en vez de cómo es ahora que uno puede buscar información de gente inocente.