El Fondo Méjicoamericano para le Defensa Legal y la Educación (MALDEF) le pidió al Tribunal del Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco el 4 de enero que bloqueé la implementación la Proposición 200 en Arizona que busca negarle servicios basado en la condición de inmigrante. MALDEF está apelando la decisión del juez federal David Bury de permitir la implementación. Bury había suspendido la implementación el noviembre 30 hasta el 22 de diciembre.
El secretario de Justicia de Arizona dice que la ley aplica solo a unos pocos programas de bienestar público. Otros grupos están demandando al estado de Arizona para forzarlo que aplique los requisitos de la ley en todas las áreas. MALDEF dice que la ley es inconstitucional y no debe aplicarse en ningún caso.
La Proposición 200 obliga a empleados del sector público exigir prueba de identidad y condición como inmigrante antes de otorgarle servicios públicos y de hacer un reporte a las autoridades federales si piensan que la persona aplicando por servicios está violando las leyes de inmigración.
La ley también exige que gente que quieran inscribirse a votar tienen que proveer evidencia de que son ciudadanos. Muchos temen que esto le priva el voto a latinos que son ciudadanos estadounidenses porque se le exigirá aun más pruebas que a otros. Grupos racistas dicen sin prueba que los latinos que no son ciudadanos están inscribiendose a votar ilegalmente. Actualmente a nadie en EEUU se le exige que provee documentos para poder inscribirse a votar, sino que haga un juramento de que es ciudadano.
La demanda de MALDEF acusa al estado de Arizona de violar varias leyes federales y privarle el derecho a ciudadanos y no ciudadanos con esta ley. Entre estas están:
1. Arizona viola la ley federal en cuestión de inmigración y asuntos extranjeros, cosa que le pertenecer al gobierno federal;
2. El reportar información de estado inmigratorio de una persona que aplique por servicios es ilegal bajo leyes federales;
3. La ley le priva el voto a personas con derecho a votar por requerir más pruebas que en otros estados;
4. Tener que conseguir prueba adicional de ciudadanía se convierte en básicamente un el equivalente de un impuesto adicional por el derecho a ejercer el voto, cosa prohibida por una enmienda constitucional;
5. Le niega educación en las escuelas públicas a niño por razón de su estado o supuesto estado como inmigrante;
6. El estado no puede negarle a nadie el derecho de casarse;
7. Esta ley le negaría a un acusado pobre el derecho a tener un abogado gratis;
8. La ley es discriminatoria porque afectaría más a los votantes hispanos;
Ann Marie Tallman, presidente de MALDEF, dijo que la ley, “Le niega servicios básicos a miembros de nuestra comunidad que trabajan fuerte y contribuyen [a ella], mientras forza a los sirvientes públicos ser oficiales federales de inmigración. La Proposición 200 es cruel” y contra lo que significa este país.
Demanda por ley antiinmigrante