El Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educación, junto con la Unión Americana para las Libertades Civiles de Pennsylvania y otras organizaciones están demandando al municipio de Hazleton, Pennsylvania, para que no implementen el 11 de septiembre una ordenanza contra los inmigrantes indocumentados. La demanda se hizo el 15 de agosto en el Tribunal Federal en Scranton, Pennsylvania, de parte de 11 residentes y comerciantes de Hazleton y cuatro organizaciones sirviendo a latinoamericanos en esa ciudad.

La ordenanza hace ilegal que se le venda bienes o servicios a indocumentados o que uno le rente, le den trabajo o cualquier tipo de ayuda. La sección “Inglés Solamente” de la ordenanza que hace “El inglés el idioma oficial de la ciudad” prohibe el uso de cualquier otro idioma en las oficinas y empleados del municipio ilegal.

Las organizaciones legales están pidiendo que se declare a la ordenanza inconstitucional, indemnización financiera para los demandantes y los costos legales. Estas ofrecieron abandonar el caso si fijar costos legales si el concejo municipal revocara la ordenanza y entren en un acuerdo que no aprobarían ninguna ordenanza que tomen en consideración el estado migratorio de ninguna persona. El concejo municipal se negó tomar tal acción en su reunión del 15 de agosto.

La demanda dice que la ordenanza ilegalmente toma “la autoridad del gobierno federal sobre cuestiones de inmigración”. Agrega la demanda que bajo la ordenanza “algunos inmigrantes cuyo estado [migratorio] queda por resolver, son considerado como ‘extranjeros ilegales’ en Hazleton”, a pesar de que estos inmigrantes “están legítimamente en este país bajo ley federal”.

La demanda también dice que los dueños de negocios tendría que o tener prueba de la condición migratoria de una persona para evitar actuar ilegalmente o negarse negociar o inmigrantes y hasta gente nacidas en Estados Unidos contradictorio a leyes federales y estatales contra la discriminación. Además, los negocios tendrían que usar “medidas impropias como color de la piel o acentos extranjeros”.

La demanda subraya un número de problemas diferentes que pueden afectar a ciudadanos estadounidenses, residentes legales e inmigrantes indocumentados que no están sujeto a la deportación porque están normalizando su condición de inmigrante.

Dos de los demandantes, Pedro Lozano y Humberto Hernández, dicen que han perdido inquilinos actuales y potenciales debido a la ordenanza. De acuerdo a la demanda ninguno conoce la condición migratoria ni de los que se fueron ni de los que quedan. Ellos tampoco no tienen manera de saber “como determinar si un individual es un ‘extranjero ilegal’” bajo la ordenanza. Debido a esto, es posible que ellos le puedan rentar a uno en violación a la ordenanza y por ende ser multado y perder sus licencia de negocio por cinco años. Otros demandantes han perdido negocio debido al “clima inhóspito” de Hazleton.

Louis Barletta, alcalde de Hazleton, admite saber que la actividad comercial se ha reducido en la ciudad pero lo atribuye a que inmigrantes indocumentados se han ido. Hazleton, anterior un pueblo donde se trabajaba en las minas de carbón y después en textil, ha gozado de un resurgimiento económico durante los últimos cinco años debido a la llegada de nuevos inmigrantes que han fundado negocios ahí.

Un número de demandantes que están normalizando su condición de inmigrante caerían bajo la definición de “extranjero ilegal”. Otros dos, ambos de Italia, son residentes legales que han perdido su carnet de residente, haciéndolo imposible comprobar su estado migratorio hasta que reciban tarjetas nuevas.

La situación de dos inmigrantes, uno un estudiante de secundaria de la República Dominicana con residencia permanente, y el otro un ciudadano de EEUU nacida en Puerto Rico no pueden obtener servicios municipales por no conocer inglés. Al joven dominicano la policía se negó atenderlo cuando fue al cuartel para reportar el robo de una bicicleta. La segunda es una anciana que tiene problemas de salud.

La demanda hace énfasis en que en Pennsylvania, “Los servicios públicos históricamente eran disponible en el idioma materno de los que hablan alemán, polaco, ruso, judío, italiano, húngaro y una variedad de otras lenguas”. También subrayó que una ley del 1837 “requiere que la instrucción escolar sea en ambos alemán e inglés”.

Una ex residente de Hazleton dijo que era irónico que el alcalde Barletta, quien introdujo la ordenanza, “habla italiano en su casa”.

Barletta introdujo la ordenanza después de unos incidentes envolviendo a inmigrantes, ambos indocumentados y residentes legales. A pesar de esto, él admite que no tiene ninguna evidencia de que hay un aumento en delincuencia debido a la inmigración indocumentada. De acuerdo a la policía estatal, los arrestos por delitos mayores han bajado en Hazleton por un 13 por ciento del 2000 al 2005.

Otras comunidades están o considerando o aprobando leyes similares como en Mount Pocono, Pennsylvania, y Riverside, New Jersey. Leyes de este tipo han fallado en varios municipios a través del país. En algunos de estos sitios existen muy poco inmigrantes.